El nuevo gobierno presidido por Joe Biden mantiene la tradición de no plegarse a normas internacionales que incomodan la ambición de supremacía de Estados Unidos, ariscos a no rendir cuentas.
Los Estados Unidos se negaron instaurar una moratoria que frene la aplicación de la pena muerte todavía vigente en ciertas jurisdicciones, alentada por varios países europeos que se lo plantearon en el Examen Periódico Universal (EPU) realizado en Ginebra, la revisión “entre pares” de todos los derechos humanos, al cual están obligados a comparecer los 193 Estados miembros constitutivos de Naciones Unidas cada cinco años.
Con un “no apoyamos”, así reprobaron la exhortación de Alemania, Letonia, Lituania, Suecia, Holanda, Noruega, Portugal, Suiza y Liechtenstein. Sobre la misma cuestión los Estados Unidos se opusieron también a ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, “destinado a abolir la pena de muerte”, iniciativa de Timor-Leste.
Similar respuesta dieron sobre la ratificación de otros instrumentos internacionales estimulados desde la ONU, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, a proposición de Filipinas y Honduras, y “el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, que le sometiera el Reino Unido.
Fueron inclusive hostiles a ratificar el Protocolo Facultativo de las Convención contra la Tortura, que faculta a expertos independientes mandatos por la ONU concretar visitas sorpresivas a supuestos lugares donde podría estarse aplicando la tortura, sugerencia de Dinamarca y Liechtenstein, país este último que a su vez obligó a Estados Unidos a pronunciarse en contra de asumir el “ Código de Conducta” del Consejo de Seguridad de la ONU para “casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad” y de guerra.
Una de las convicciones no escritas en la ONU, mayoritaria entre los países que pretenden liderar el respeto por los derechos humanos, es, además de ratificar convenciones y protocolos, “cursar una invitación permanente a los procedimientos especiales” del Consejo de Derechos Humanos, los llamados Relatores y Grupos de Trabajo, que pueden recibir quejas individuales e investigar países en sus territorios si les autorizan la entrada, a lo que Estados Unidos se negó, bloqueando la propuesta de Letonia, Costa Rica y Chipre.
Países que tienen conflictos con Estados Unidos, aprovecharon el presente EPU para recriminarle su conducta para con ellos, lo cual motivó respuestas asimismo desfavorables. Se destacaron Cuba, que lo instó a “poner fin de inmediato al bloqueo que viola gravemente los derechos humanos de (su) pueblo”; y México, quien le endilga ser el aprovisionador de armas del que se sirven los narcotraficantes, y le pidió “detener la exportación legal de armas a otros países”.
Las Islas Marshall, un microestado sin embargo aliado de los Estados Unidos en Asia y Oceanía, vio rechazado su recordatorio sobre lo constatado por el “Relator Especial sobre implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos en el informe de 2012”, tras un recorrido por los dos países, una herencia de basura contaminada por ensayos nucleares estadounidenses aún no evacuada.
Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos contra Siria, Iran, Nicaragua Cuba y Venezuela, en castigo por presuntas transgresiones de los derechos humanos, fueron motivo de recomendaciones de los tres primeros de esos países, que engendraron replicas negativas de Estados Unidos, al igual que el reproche de la República Popular Democrática de Corea, que exigió “cerrar los centros de reclusión secreta ilegales … y poner fin a las violaciones cometidas por las fuerzas estadounidenses en tierras extranjeras”.
Teheran instó a cesar “la detención arbitraria de muchos iraníes bajo falsas acusaciones de haber violado sus sanciones ilícitas”. Damasco abogó por terminar con “la ocupación de los territorios sirios y hacer frente a sus consecuencias de conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos”. Y Pakistan reclamó terminar con la “islamofobia y el discurso de odio, por ejemplo mediante su tipificación como delito”, todos señalamientos desestimados por Estados Unidos.
En vano, China recomendó al gobierno de Estados Unidos que intercediera ante “los políticos a que respeten el derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas, y a que dejen de politizar y estigmatizar la pandemia de COVID-19”, en tanto Belarús tampoco tuvo eco al encomiarle “modificar la legislación para garantizar que las elecciones se celebren de conformidad con las normas internacionales y en presencia de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa”.
