Por Alonso Rosales
La decisión del Gobierno de Donald Trump de clasificar a 22 organizaciones criminales de América Latina y el Caribe como organizaciones terroristas extranjeras representa un cambio significativo en la política de seguridad estadounidense hacia el hemisferio occidental. Lo que durante décadas fue una categoría reservada principalmente para organizaciones como Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS), ahora se extiende a estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y otras actividades del crimen organizado transnacional.
La medida, impulsada desde febrero de 2025, busca ampliar los instrumentos de presión política, financiera, judicial y de seguridad de Washington contra las redes criminales que operan en la región. Sin embargo, también abre un debate sobre los límites entre la lucha contra el narcotráfico y la utilización de mecanismos antiterroristas para enfrentar problemas de seguridad que, hasta ahora, se abordaban principalmente desde el ámbito policial y judicial.
México concentra el mayor número de organizaciones señaladas
México encabeza la lista con ocho organizaciones criminales, entre ellas los poderosos cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerados dos de los principales actores del tráfico internacional de drogas, especialmente de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
A estos se suman el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.
La presencia de estas estructuras en las rutas fronterizas, su capacidad económica y su penetración territorial representan uno de los mayores desafíos para la seguridad estadounidense. Washington sostiene que sus actividades no solamente afectan a México, sino que alimentan mercados ilícitos y redes de distribución en distintas ciudades de Estados Unidos.
La designación también incrementa la presión sobre el Gobierno mexicano, que debe equilibrar la cooperación bilateral con la defensa de su soberanía frente a las amenazas de posibles acciones unilaterales estadounidenses.
Centroamérica: las pandillas y las estructuras del narcotráfico
En Centroamérica, la atención se concentra en la Mara Salvatrucha (MS-13), el Barrio 18 y el clan familiar Los Lorenzana, de Guatemala.
La MS-13 y Barrio 18 tienen una trayectoria transnacional que comenzó en Estados Unidos y posteriormente se extendió por El Salvador, Guatemala y Honduras. Su expansión estuvo vinculada, entre otros factores, a las deportaciones de integrantes de estas pandillas desde territorio estadounidense.
El caso salvadoreño adquiere particular relevancia por la ofensiva de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, que ha llevado a la detención de decenas de miles de personas señaladas de pertenecer o colaborar con estructuras pandilleriles.
Esta política ha debilitado considerablemente la capacidad operativa de las pandillas en el territorio salvadoreño, aunque también ha generado cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales sobre garantías judiciales y derechos humanos.
En Guatemala, la incorporación de Los Lorenzana a la clasificación estadounidense refleja la preocupación por las redes familiares y criminales que mantienen vínculos con los grandes cárteles mexicanos. Washington también incluyó a Los Huistas y Los Mendoza en otra categoría de sanciones financieras.
Venezuela y el Tren de Aragua: una amenaza que cruzó fronteras
Uno de los casos más relevantes es el Tren de Aragua, organización criminal surgida en el sistema penitenciario venezolano que logró expandirse por distintos países sudamericanos y alcanzar territorio estadounidense.
Sus actividades van más allá del narcotráfico. Las autoridades le atribuyen participación en trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes, extorsiones, secuestros y asesinatos.
Su expansión ha aprovechado los movimientos migratorios regionales, aunque es importante subrayar que la inmensa mayoría de los venezolanos que han emigrado son personas que buscan mejores condiciones de vida y no tienen relación alguna con organizaciones criminales.
La lista también incluye al denominado Cártel de los Soles, una expresión utilizada históricamente para describir presuntas redes de corrupción y narcotráfico vinculadas a funcionarios militares venezolanos. La caracterización de esta estructura como una organización criminal dirigida desde las más altas esferas del poder venezolano constituye una de las afirmaciones más controvertidas de Washington.
Colombia, Ecuador y Brasil: el crimen organizado se diversifica
En Colombia, Estados Unidos señala al Clan del Golfo, una estructura armada con presencia territorial y capacidad de extorsión, narcotráfico y control de economías ilegales.
En Ecuador, la designación alcanza a Los Lobos, Los Choneros, The Chone Killers y Los Tiguerones, organizaciones vinculadas a la escalada de violencia que ha afectado al país en los últimos años.
La disputa por las rutas marítimas del Pacífico, el control de los centros penitenciarios y el tráfico internacional de cocaína han convertido a Ecuador en uno de los escenarios más complejos de la seguridad sudamericana.
Brasil tampoco queda al margen. El Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC) figuran entre las organizaciones criminales más poderosas de ese país. Sus redes de narcotráfico, control territorial y alianzas con otras estructuras criminales representan una amenaza que trasciende las fronteras brasileñas.
Haití: las bandas que desafían al Estado
La clasificación incluye también a Viv Ansanm y Gran Grif, dos organizaciones haitianas relacionadas con secuestros, asesinatos, tráfico de armas y extorsiones.
La coalición Viv Ansanm ha protagonizado ataques que paralizaron infraestructuras estratégicas, contribuyeron al colapso institucional y profundizaron la crisis humanitaria del país.
Su capacidad para controlar territorios y limitar el acceso de organizaciones humanitarias evidencia hasta qué punto las bandas armadas pueden sustituir, mediante la violencia, funciones que corresponden al Estado.
Una nueva dimensión de la seguridad hemisférica
La estrategia de Washington tiene consecuencias que van más allá de las sanciones económicas. La designación como organización terrorista extranjera puede activar restricciones financieras, sanciones migratorias y responsabilidades penales específicas para quienes proporcionen apoyo material a los grupos incluidos en esa categoría.
También modifica el escenario de cooperación internacional, porque permite a Estados Unidos ejercer mayor presión sobre gobiernos, instituciones financieras y actores privados que mantengan vínculos con esas organizaciones.
No obstante, la medida plantea interrogantes jurídicos y geopolíticos. El hecho de que una organización sea considerada terrorista por Washington no significa automáticamente que todos los países deban adoptar la misma clasificación ni que se autoricen operaciones militares dentro de otros territorios soberanos.
Además, existe una contradicción política que merece atención: el indulto concedido por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, contrasta con la dureza de su discurso contra las estructuras criminales de la región.
La lucha contra el crimen organizado requiere coherencia, cooperación internacional, instituciones sólidas y aplicación imparcial de la justicia.
Fuentes:
- The Associated Press (AP), María Verza, 15 de noviembre de 2026.
- Departamento de Estado de Estados Unidos, designaciones de organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados.
- Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), información sobre organizaciones criminales transnacionales.
- Informes de autoridades de seguridad de México, Centroamérica, Colombia y Ecuador.
