Por Redacción ContraPunto
El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, decretó estado de sitio durante 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, ubicados en el nororiente del país, ante el incremento de la violencia armada y las actividades relacionadas con el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Gubernativo 8-2026 y entró en vigor el 14 de noviembre, luego de que las autoridades identificaran amenazas contra la población civil y ataques armados contra funcionarios y fuerzas de seguridad.
La decisión se produce en un contexto de creciente tensión por los hechos violentos registrados en la región. Entre los acontecimientos que han encendido las alarmas figura el asesinato del diputado Julio César Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil, ocurrido durante un ataque armado en Zacapa. Asimismo, otros enfrentamientos y hechos criminales han dejado nuevas víctimas mortales.
¿Por qué se declaró el estado de sitio?
Según el Gobierno guatemalteco, los informes de seguridad identificaron operaciones vinculadas al narcotráfico y la presencia de estructuras criminales transnacionales que han recurrido a la intimidación, las amenazas y los ataques armados para mantener sus actividades ilícitas.
Zacapa e Izabal son territorios estratégicos por su ubicación geográfica y sus conexiones con rutas utilizadas para el tránsito de drogas y otras actividades del crimen organizado.
La situación representa un desafío para las instituciones de seguridad, debido a la capacidad de estas organizaciones para ejercer violencia contra las autoridades y afectar la tranquilidad de las comunidades.
¿En qué consiste el estado de sitio?
El estado de sitio es uno de los regímenes de excepción contemplados en la Ley de Orden Público de Guatemala. Se trata de una medida extraordinaria que permite al Estado ampliar temporalmente las facultades de las fuerzas de seguridad para enfrentar amenazas graves contra el orden público y la seguridad nacional.
Durante los 30 días de vigencia, las autoridades podrán aplicar medidas como:
- Restringir reuniones públicas, manifestaciones y determinados espectáculos.
- Disolver concentraciones que no cuenten con autorización o en las que se produzcan actos violentos.
- Establecer controles y restricciones a la circulación de vehículos en determinadas zonas y horarios.
- Detener o confinar, sin orden judicial previa, a personas sospechosas de alterar el orden público.
- Realizar allanamientos sin orden judicial en los supuestos establecidos en el decreto, particularmente cuando existan indicios de personas con órdenes de captura o de armas y objetos relacionados con delitos.
Estas disposiciones buscan facilitar las operaciones policiales y militares, fortalecer los controles territoriales y reducir la capacidad de actuación de las estructuras criminales.
Un desafío para la seguridad regional
La declaratoria también coincide con la decisión de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas extranjeras a tres estructuras familiares señaladas de colaborar con carteles mexicanos. Entre ellas figuran los grupos Lorenzana y Mendoza, vinculados por las autoridades estadounidenses con actividades del narcotráfico en territorios de Guatemala.
El Gobierno de Arévalo busca recuperar el control y restablecer las condiciones de seguridad en ambos departamentos. Sin embargo, el desafío no se limita al despliegue de fuerzas militares y policiales: también implica fortalecer las investigaciones, desarticular las redes financieras del narcotráfico y evitar que las organizaciones criminales trasladen sus operaciones hacia otras regiones.
La efectividad de la medida dependerá de que las acciones de seguridad produzcan resultados concretos y sostenibles más allá de los 30 días establecidos para este régimen excepcional.
Fuentes consultadas: Reuters, Prensa Libre, Diario de Centro América y Agencia Guatemalteca de Noticias.
