Por Carlos Castillos.
Los tres poderes del Estado uruguayo – Ejecutivo, Legislativo y Judicial – admitieron hoy su responsabilidad en cinco de los múltiples crímenes cometidos por la última dictadura militar (1973-1985).
Fue durante una sesión especial realizada en el Palacio Legislativo, sede del Congreso bicameral, con la presencia de la vicepresidenta del país, Beatriz Argimón, titular también de la Asamblea General, compuesta por las Cámaras de Senadores y Diputados, autoridades de los otros poderes, algunos jerarcas militares y ciudadanos que colmaron las instalaciones.
La sesión fue seguida también por cientos de personas que, a pesar de la temperatura cercana al cero grado, que se registraba en la capital uruguaya, se concentraron frente a pantallas gigantes colocadas en las afueras de la sede legislativa y en el centro de Montevideo, la capital del país. También se trasmitió el acto también a través de varias redes de organizaciones sociales y de derechos humanos.
“Reconocemos que el Estado es responsable por la violación a los derechos a las garantías y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, en perjuicio de los familiares nombrados, el Estado violó el derecho a conocer la verdad”, dijo Argimón.
La gobernante uruguaya manifestó “el compromiso del Estado de dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en este caso”.
También expresó el compromiso del Estado de dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como “investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en este caso”. Reclamó públicamente a quienes tengan información sobre las personas desaparecidas, a ofrecerlas para poder avanzar en este tema.
Además de Argimón habló Karina Tassino, hija de Oscar Tassino, uno de los desaparecidos, quien lamentó la ausencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que se encontraba en otro acto, inaugurando un polo logístico industrial en la vecina Ciudad Del Plata, a escasos 20 minutos del centro de Montevideo.
Este acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado uruguayo fue en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 determinó que “Uruguay cometió una falta de diligencia investigativa” para clarificar el caso de las tres jóvenes mujeres.
Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes fueron asesinadas en abril de 1974, hecho que se conoce como el de “Las Muchachas de Abril”. La sentencia de la CIDH también abarca la desaparición de los uruguayos Oscar Tassino y José Luis González.
El primero fue secuestrado, torturado e interrogado en 1974 y sigue desaparecido, aunque se sospecha que murió el 26 de diciembre de ese año a causa de tortura. El segundo murió a causa de una golpiza, en un centro de detención clandestino de los que utilizó la dictadura uruguaya, en aquellos años.
