Redacción ContraPunto
Maras y pandillas tienen presencia global. La percepción del riesgo a la afectación por violencia es un problema regional, que no se puede reducir a las fronteras del territorio estatal. La exposición al crimen organizado eleva el riesgo de muerte, una realidad recurrente en Japón, El Salvador y en la China continental. Se imprimen desafíos gubernamentales para contener el problema que supone una vulneración a sus obligaciones constitucionales: “garantizar el derecho humano a la vida y defender la seguridad nacional”.
La Amenaza
En países como El Salvador no existen leyes especiales, ni instituciones especializadas en garantizar la protección al ejercicio de las actividades periodísticas; hecho que contrasta con buena parte de los países de la región de Centroamérica y de El Caribe. El imperativo categórico que responde al deber y a las tentativas de informar no se exime de las realidades obstaculizantes, necesidades insatisfechas y riegos particulares de cada región.
Diferentes formas de coerción y de violencia son el pan diario de las minorías informativas, y un hecho que nos concierne en Honduras, México, Guatemala y El Salvador. Durante los últimos 20 años, la violencia ha restado la vida de al menos 250 personas, que una vez fueron “periodistas”, de acuerdo con las última actualizaciones del informe de “Libertad de Prensa” de la organización Infoamérica.
Estado de Excepción
Los repuntes en las estadísticas de homicidios diarios no deberían ser de extrañar, asumiendo que la presencia de más 70 mil personas directamente asociadas con maras y pandillas es parte de las realidades demográficas. “Estados de Excepción de Garantías Constitucionales”, la generación de leyes secundarias para “disuadir la formación pertinencia de organizacionales delictivas”, y miles de formalidades suponen soluciones parciales, a una amenaza letal e incontinente.
La respuesta del gobierno salvadoreño es parcial y anacrónica. Instituciones disidentes plantean un riesgo latente a posibles “vulneraciones a los derechos humanos”, un juicio que no es producto del pensamiento mágico, ni necesariamente de una oposición. Infoamérica remite sus hallazgos a los asesinatos ocurridos desde la década de los 70’s. Es un hecho que los gobiernos, principalmente militarizados, han participado en el asesinato de población civil, y de esa minoría titulada por profesión informativa; según lo constatan informes como la Comisión de La Verdad, en El Salvador; y los testimonios judicializados que pesaron en contra del dictador guatemalteco Ríos Montt.
Pero existe una crisis popular en la percepción hacia el delincuente. Desde luego, es un ciudadano vencido en juicio; pero garante de derechos establecidos por las leyes penales y constitucionales. Esas condiciones nacieron del trauma de dictaduras, torturas, masacres y genocidios perpetuados en la memoria de víctimas y de victimarios. Este derecho limita al Estado a ejercer acciones desproporcionadas, en relación con la pena; pero limita al Estado a aplicar sanciones proporcionales situaciones de violencia y de homicidios.
La ley no garantiza justicia en su justa medida. La ley es blanda y vulnerable; y el Estado de Excepción también es blando para un país altamente violento. La privación de libertad no puede conciliar la pérdida de vidas humanas. Actores políticos nacionales han desacreditado al Estado de Excepción, en razón a la omisión de un criterio de proporcionalidad. Sin embargo, el sistema de naciones unidas condena el asesinato de civiles a manos del Estado.
Por otra parte, la irrupción al derecho de la presunción de inocencia es un alegato del que se asumen ciudadanos como José Martínez Marroquín y Emmanuel Alejandro, un jugador de la Tercera División de Fútbol Salvadoreño, y un ciudadano más de la Distrito Italia, de Tonacatepeque (San Salvador). Esta condición no está normada por el gobierno salvadoreño, ya que no ha oficializado la suspensión al derecho a la “presunción de inocencia”. Sin embargo, es asumida como una realidad latente por la Oficina de Washington en América Latina (WOLA); y la Fundación Cristosal.
Periodista y Estado de Excepción
Con alta recurrencia, maras y pandillas figuran en los reportes del Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Aunque los informes apenas constatan registros muy limitados, el crimen organizado ha perpetrado hechos de violencia consistentes en amenazas de muerte, agresiones físicas e interrupción a las actividades de investigación.
Por otra parte, más de 80 personas asesinadas han figurado en los registros oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), desde el pasado viernes 25 de marzo. La cifra ha ido decreciendo al 40% desde el pasado lunes, tras la aplicación del Régimen de Excepción. La premisa de las autoridades parte de que el crimen organizado ha sido el responsable del baño de sangre.
La imagen que proyectan las figuras intimidantes de cuerpos tatuados son identificadas por autoridades del sistema de justicia y de seguridad pública. Escoltados en cuadrillas, fusiles de asalto y chalecos anti-bala, las autoridades responden a sus obligaciones civiles, en indispensable anonimato. Participa la prensa oficialista, la tradicional y la alternativa, todos identificados por su medio, y raramente ataviados con mecanismos de protección.
Maras y pandillas son fuente noticiosa, y premisa diaria. Algunos voceros, de hecho, han tenido contacto con medios de comunicación alternativos, y comunitarios. Parte de su interacción con la prensa ha fructificado en informes exclusivos de revistas alternativas con cierto renombre nacional. En otros casos, la prensa se ha visto sujeta de violencia, amenazas e incluso la muerte, como la del radio-locutor comunitario de Tacuba (Ahuachapán), Nicolás Humberto García (2016).
El 16 de noviembre de 2017 también fue asesinado el camarógrafo del Grupo Megavisión, Jonathan Samuel Rivas. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) concretaron en el arresto, la judicialización y la condena de 2 pandilleros, en 2020.
El Estado de Excepción, por tanto, limitaría la interacción de la prensa alternativa con voceros de maras y pandillas: al mismo tiempo que limitaría el acceso a canales de información extra-oficiales, sin estar sujetos a la amenaza de aprensión, por una posible interpretación del delito de “agrupaciones ilícitas”. Por otras parte, limitaría las amenazas de muerte, y asesinatos a periodistas, por parte de estructuras criminales.
