Los centros penitenciarios en el país entrarán en estado de emergencia, según confirmó el gobierno. Además, también inició un traslado de por lo menos 1,000 reos. Estas acciones son parte del plan de Seguridad Pública que comenzó a ejecutarse el jueves durante la madrugada.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y el viceministro de esa cartera, Osiris Luna, anunciaron la declaratoria de emergencia en los diferentes centros penitenciarios alrededor del mediodía. Luna también ejerce las funciones de director de Centros Penales ad honorem.
En la misma jornada, Centros Penales comenzó el traslado de 1,000 reos de “alta peligrosidad” a centros penitenciarios con más restricciones. “Como parte del Plan Territorial informamos a la población que Centros Penales procedió al traslado de reos de alta peligrosidad a cárceles con mayor rigurosidad, con el objetivo que no sigan ordenando delitos”, publicó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en sus redes sociales.
De igual manera, Rivas detalló que han ordenado el despliegue de 350 efectivos de la Fuerza Armada para “controlar los perímetros” de los centros penitenciarios.
Luna explicó que la emergencia aplicará en el régimen cerrado y en el régimen abierto. El viceministro denunció que había reos que aseguraban haber abandonado las pandillas, para que las autoridades aceptaran pasarlos a recintos con menores medidas de seguridad. Con esta maniobra, ya podían dar órdenes desde el centro en el que los habían reasignado. “Algunos declaraban ser expandilleros. El problema ha sido grave, por eso, tanto el presidente como el ministro de Seguridad han tomado cartas en el asunto”, enfatizó Luna.
En tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que entre el 1 y el 20 de junio hicieron 1,898 arrestos a escala nacional. Solo el 20 de junio fueron 247 arrestos.
Durante ese mismo período se ejecutaron 245 detenciones mediante órdenes administrativas, 1,357 fueron en flagrancia, 203 con disposiciones judiciales y 93 corresponde a privaciones de libertad de menores involucrados en ilícitos.
Exigen bloquear la señal
Las autoridades se reunieron también con los representantes de los operadores de telefonía e internet. En el encuentro estuvieron Rivas, Luna, el director de la PNC, el ministro de Defensa y el titular de la Superintendencia General de Telecomunicaciones (SIGET).
Las autoridades le dieron un periodo de 72 horas a las empresas de telefonía para que bloqueen la señal de telefonía y la de internet alrededor de los centros penales, para evitar que los reos sigan dando órdenes desde adentro.
“Les hemos pedido de manera contundente que dentro de 72 horas no debe existir ninguna señal en ningún centro penal. No puede salir ninguna llamada. Hemos declarado un estado de emergencia. Eso conlleva a que no se realicen visitas, que no puedan hacer uso de las cabinas telefónicas que habían montado los gobiernos anteriores para comunicarse al exterior”, señaló Rivas al salir de la reunión.
En tanto, Luna aseguró que en las administraciones anteriores se le otorgaba a cada reo US$50 para realizar llamadas, un monto que después subió a US$100 antes de que el Gobierno anterior concluyera su mandato.
