La Comisión Ad hoc que estudia el Proyecto de Ley del Servicio Público, tras finalizar la fase de consultas con alrededor de 37 organizaciones sindicales de trabajadores de entidades públicas recibidas desde el pasado 11 de diciembre, ahora se propone esperar la posición del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública -integrada por representantes del Gobierno central y de los sindicatos de empleados públicos- respecto a si continúan en el estudio de la propuesta que fue presentada por el anterior gobierno o si presentarán una nueva iniciativa.
Hasta la fecha, tras escuchar el rechazo por parte de la mayoría de los consultados, el presidente de la comisión, diputado René Portillo Cuadra de (ARENA), dijo que asistirán el próximo miércoles 12 de febrero a una reunión a la cual han sido convocados por la Secretaría Técnica del Equipo Impulsor de una Reforma a la Función Pública, que tendrá lugar en un hotel capitalino.
“Vamos a continuar buscando los consensos con el sector trabajador y con el sector Gobierno, pero este es un proyecto que debe ser impulsado desde el Gobierno no desde la oposición; este debe ser un proyecto ampliamente difundido y de consenso; yo les haría la propuesta concreta: primero, asistir a la reunión de trabajo con el equipo impulsor; segundo, detener de momento el trabajo de la comisión hasta que no tengamos un insumo concreto sobre el cual tengamos que estudiar y analizar”.
Además, solicitarán seguir tabulando las pocas observaciones que se hicieron por parte de los sindicatos, porque no todos llevaron propuestas sino que la mayoría llegó para oponerse, “pero algunos de ellos hicieron propuestas muy buenas que vale la pena tabularlas y pasarlas a todos los grupos parlamentarios”, propuso el diputado Portillo Cuadra.
El plan B, en caso de no continuar el análisis del anteproyecto en mención, sería presentar enmiendas acordes a la realidad actual en esa materia para actualizar la Ley del Servicio Civil vigente; en eso coinciden la mayoría de bancadas legislativas.
La Ley de Servicio Público busca establecer una regulación para obligar a que las contrataciones del personal de las instituciones públicas sean basadas en la capacidad, el mérito y la honestidad, dicha normativa exigiría a todos los servidores públicos que ejerzan su función con objetividad, imparcialidad y ética.
Actualmente, existe la Ley del Servicio Civil, que regula el ámbito laboral público así como la relación Estado, municipalidades y empleados; la normativa en referencia permanece vigente desde 1961, por lo que es considerada por muchos como obsoleta y se requiere crear una nueva ley cuyo propósito sea sentar las bases de una carrera administrativa, además de exigir calidad del talento humano que labore para el Estado.
Son alrededor de 15 expedientes relacionados con esta temática que están en estudio en la Comisión Ad hoc. El compromiso de los diputados es legislar en beneficio de la clase trabajadora.
