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sábado, 16 de octubre del 2021

España juzgará “Caso Jesuitas” el 8 de junio próximo

Guernica afirma que "el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de la ama de llaves, el 16 de noviembre de 1989 por el Batallón Atlacatl de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, condujo al final de la guerra civil en El Salvador"

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El Centro Guernica para la Justicia Internacional, organización internacional de Derechos Humanos, informó este martes que la Audiencia Nacional Española (ANE) -Tribunal Nacional- "juzgará al ex coronel y viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, a partir del 8 de junio de 2020". 

El alto exoficial de la nación centroamericana, Montano, está acusado de asesinato y terrorismo por su presunta participación en la toma de decisiones para cometer lo que se conoce como la "Matanza de la UCA", el 16 de noviembre de 1989, cuando un batallón de las tropas especiales del Ejército irrumpió en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) y mató a sangre fría a seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos españoles), así como a una empleada de éstos y a la hija de ella, una menor de edad.

Guernica afirma que "el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de la ama de llaves, el 16 de noviembre de 1989 por el Batallón Atlacatl de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, condujo al final de la guerra civil en El Salvador", al tiempo que "catalizó" la búsqueda de la verdad, la justicia y las responsabilidades del Estado para con las víctimas.

Jesuitas fueron sacados de sus dormitorios y asesinados a sangre fría con disparos en la cabeza, en el patio de su domicilio

La matanza de los seis jesuitas, incluidos el rector y vicerrector de la UCA, Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, se considera la más grande ocurrida en la historia universal contra esa congregación religiosa.

Los sacerdotes asesinados fueron los españoles Ellacuría, Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, y el salvadoreño Joaquín López y López, además de la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina, de 16 años.

El Centro Guernica para la Justicia Internacional, que forma parte del Grupo Guernica, y el bufete español Ollé & Sesé Abogados dirigirán el procesamiento en nombre de las víctimas. Este juicio representa un momento clave para la jurisdicción universal, la rendición de cuentas como un elemento crucial de la justicia transicional para El Salvador y el derecho penal internacional, dice el comunicado de Guernica, que es dirigido por la destacada abogada española Almudena Bernabeu, residente en San Francisco, Estados Unidos.

Contexto de la guerra civil

Guernica escribe el contexto de la guerra civil: "De 1979 a 1992 el Ejército salvadoreño llevó a cabo un reinado de terror y represión estatal contra la población civil, incluso mientras libraba una sangrienta guerra civil de diez años con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los sacerdotes jesuitas de la Universidad de Centroamérica (UCA) abogaron por el fin de la guerra civil a través de una solución pacífica y negociada. Condenaron abierta y repetidamente las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad de El Salvador".

"Después de la masacre de 1989 la comunidad jesuita y los familiares de las víctimas comenzaron a buscar una manera de establecer la verdad y la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó, a solicitud de grupos salvadoreños, al igual que una comisión del Congreso de alto nivel de los Estados Unidos; y al final del conflicto, las Naciones Unidas (ONU) patrocinaron una Comisión de la Verdad (1993) encargada de investigar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado", dice el texto hecho llegar a medios salvadoreños. 

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"Seguimos siendo el reino de la impunidad", Benjamín Cuellar

"Si bien el Informe de la Comisión de la Verdad le recordó a El Salvador su deber de investigar y enjuiciar delitos de conformidad con el derecho internacional, en 1993, la legislatura salvadoreña aprobó una Ley de Amnistía General, que funcionaba como un instrumento de impunidad y evitaba todas las investigaciones y procesamientos de violaciones cometidas durante guerra", agregó. 

Y finalizó al decir que "A pesar de la Ley de Amnistía, los esfuerzos por buscar justicia nunca cesaron. El entonces director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Benjamin Cuellar, presentó un caso en los tribunales salvadoreños en nombre de las víctimas, que, a pesar de un fallo positivo en el Tribunal Supremo salvadoreño, lamentablemente nunca fue a juicio".

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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