El gobierno de España eludió pronunciarse honestamente ante varias recomendaciones sobre derechos humanos formuladas por otros Estados, al cabo de su Examen Periódico Universal (EPU), el escrutinio entre pares obligatorio para todos los 193 países miembros de la ONU, una vez cada 5 años, cuyo informe se aprobó hoy jueves en Ginebra. Un fuego nutrido por parte del 70% de las oeneges que pudieron intervenir al final del debate, aludieron por lo demás, entre otros temas, al uso excesivo de la fuerza en la represión de manifestaciones, y reclamaron la liberación de militantes catalanes independentistas presos, oportunamente dispuesta por los expertos de la ONU en materia de detenciones arbitrarias.
Mediante el eufemismo del “toma nota”, que para la ONU significa una respuesta negativa, España se sustrajo a la obligación de asumir, por si o por no, diez recomendaciones porque “no puede comprometerse en esta fase, o con cuyo contenido o principios que la inspiran no está de acuerdo”. Al respecto destacaron las exhortaciones de 14 Estados a que ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
España también se opuso a “volver a estudiar la posibilidad de establecer una institución especifica del Defensor del Menor” (Polonia), a “modificar el contenido del artículo 174 del Código Penal a fin de eliminar la distinción entre la tortura grave y no grave y armonizarlo con las normas internacionales” (Panamá), y a “despenalizar las injurias y pasar a regularlas en el Código Civil, con arreglo a los criterios internacionales de necesidad y proporcionalidad aplicables a las restricciones a la libertad de expresión”, presentadas por Luxemburgo y Maldivas.
España fue asimismo hostil a “fijar la edad mínima para contraer matrimonio en los 18 años, tanto para los hombres como para las mujeres “(Burkina Faso) y a“reconocer que el Estado no tiene autoridad legítima en virtud del derecho internacional para imponer obligatoriamente la enseñanza convencional a todos los niños y que las personas tienen derecho a buscar formas alternativas de educación” (Islas Salomon).
A su vez España desatendió la recomendación de Jordania, de “prohibir el internamiento forzoso en instituciones y el tratamiento forzoso de las personas con discapacidad”, e hizo oídos sordos al llamado de Honduras para “proporcionar alojamiento humanitario temporal a los migrantes irregulares mientras se tramitan sus casos, como alternativa a su detención”.
Mediante otro circunloquio, España puso el pretexto, “ya sea porque disiente acerca del modo de llevarlas a cabo o porque existen factores de orden jurídico, presupuestario o constitucional que impiden (su) plena aplicación”, para sacarse de encima otras trece recomendaciones, sin dar los debidos detalles que permitan dilucidar en cada una de ellas los elementos que fundamentan su animadversión. Se trata, principalmente, de recomendaciones vinculadas a “reinstaurar la institución del Defensor del Menor” (Irlanda y Moldova), legislar para poner fin al pillaje de recursos naturales en el Sahara Occidental (Namibia, Timor Leste), dar “nuevas garantías” o “abolir”, el “régimen de detención incomunicada” (Luxemburgo, Austria), y otorgar mayor protección a los migrantes y solicitantes de asilo (Afganistan, Filipinas).
Al respecto, varias oeneges denunciaron la “violación” del derecho a la vivienda “de los colectivos migrantes”. Señalaron que en Lleida y Almería “es posible ver trabajadores migrantes viviendo en la calle”, y en Barcelona observaron “jóvenes migrantes solos”, abandonados a su suerte “por la Administración Pública”. Entre tanto, la policía a dejado “de proporcionar documentación identificativa (TIEs) a los migrantes que la necesitan (para no perder sus trabajos y tener cuentas bancarias), alegando un colapso burocrático”, mientras que España prosigue con las “devoluciones en caliente” de migrantes a sus países de origen, contrarias a los estándares universales en la materia ( CETIM, Fundación Ficat, Human Rights Cat y Grup de Juristes Roda Ventura).
Por su parte, Aministia internacional, pidió a España que “se comprometa y aborde con urgencia la implementación de medidas que protejan los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica; entre ellas, la modificación del delito de sedición en el Código Penal”. Instó a su vez a que se establezca “la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad, a reforzar un sistema público de salud, debilitado durante décadas por medidas de austeridad, y a garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo”.
