La protección de periodistas comprende la obligación de prevenir que supone ““ entre otras- la de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, lo cual "requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia".
En un mundo lleno de hiperinformación y de información manipulada entre otras distorsiones, pareciera que muchos deliberadamente desprecian la importancia de la libertad de expresión como un aporte a la democracia, y la acoplan a su conveniencia.
Si estamos claros en la aspiración de que el país avance en la solución de sus problemas y respiremos aires democráticos, no solo digámoslo; también actuemos en consonancia con ese ideal. Una manera es el impulso del control ciudadano sobre la gestión pública, la exigencia de responsabilidad de los funcionarios públicos (cuyo sueldo pagamos y quienes se deben a la población) y la formación de una opinión pública informada y con suficiente conciencia de sus derechos y obligaciones.
Existe jurisprudencia interamericana que establece la función democrática de la libertad de expresión como una condición fundamental para prevenir autoritarismos y ayudar a que las personas, como sujetos y como colectivo, tengan autodeterminación. Los Estados tienen la obligación de brindar condiciones adecuadas para que haya debate público, que incluya diversidad de opiniones con suficiente apertura para la discusión de los asuntos de interés.
Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la OEA expresaron el uno de julio, en un comunicado conjunto, preocupación por amenazas, descalificaciones e intimidaciones contra un periodista por publicaciones sobre irregularidades en la denominada "Operación anticorrupción Lava Jato", en Brasil. Han dicho que la protección de periodistas comprende la obligación de prevenir que supone ““ entre otras- la de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, lo cual "requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia".
Pero la realidad en el país pareciera que da marcha atrás. Los ataques e insultos en redes sociales contra la periodista Mariana Belloso, de La Prensa Gráfica, y Héctor Silva Avalos,co director de la revista Factum, parecen ser la tónica imperante en un mundo donde la lógica es acoplar a la medida la libertad de expresión, acallar voces, alentar odios, catalogar como “mala prensa” a la que no es complaciente; y quizá así, obligar a la censura y la autocensura. Cuidado, venimos de tiempos difíciles. Así se alentó la guerra sucia contra algunos medios de comunicación a fines de los setenta e inicios de la década siguiente y desembocó en delitos que todavía siguen impunes.
Entre el 23 de enero y el 19 de diciembre de 1980 hubo 14 atentados contra medios de comunicación atribuidos a cuerpos de seguridad, organizaciones político militares del incipiente movimiento insurgente y escuadrones de la muerte.
Son extremos de la intolerancia predominante en esa época, que inició con insultos y calumnias, que se convirtieron en amenazas y desembocaron en violencia. Preocupante es que las primeras dos aún se mantengan, con el abuso de las redes sociales, el uso de troles y publicaciones en Internet que de periodísticas solo tienen la apariencia; pero que muchos ven como los que dicen la verdad. Es cierto que las prácticas no sean las mismas, tampoco los actores; pero se han sofisticado, y es igualmente peligroso.
