Al calor del estallido social más grande en la historia de Chile las interrogantes sobre sus causas y perspectivas quedan abiertas. Aunque sobre la marcha surgen variados análisis, cuesta distanciarse de las emociones y de la perplejidad. La presencia de militares en las calles hiere la sensibilidad de quienes vivimos el golpe de Estado de 1973, pero la protesta masiva moviliza energías y despierta esperanzas. Miles de jóvenes que nacieron en democracia, sus padres y abuelos que combatieron a la dictadura, familias completas, antes indiferentes a cualquier causa, hoy se volcaron a una protesta. La misma comenzó como un rechazo al alza de la tarifa del metro y luego sumó el hartazgo de la gente con un país en extremo desigual, que muchos llaman “la Corea del Norte del Neoliberalismo”.
El país que el presidente Sebastián Piñera caracterizaba como “oasis en una América Latina convulsionada” -o como se dijo en los años 90: una buena casa en un mal barrio”- ha mostrado en sólo cinco días su desnudez. El Estado de Emergencia y el toque de queda no detuvieron la protesta y tampoco los saqueos, pero agregaron un ítem que pensábamos superado: 18 muertos, más de 3 mil seiscientos heridos y miles de detenidos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó ya cinco querellas por abuso de poder con resultado de muerte. A través de las redes siguen llegando evidencias de violencia policial y militar…
“¡Chile despertó!”, se lee en las pancartas que se levantan entre los miles de manifestantes que acataron el llamado hecho por agrupaciones sindicales y sociales y desfilan por la Alameda, cuando se cumplen seis días desde que empezó la protesta. Una encuesta entregó ayer el resultado de una consulta sobre la causa de las movilizaciones: 67% responde que hay cansancio con el costo de la vida y molestia por el nivel de los sueldos, la precariedad de la salud y de las pensiones, mientras 17% de los consultados opina que la clase política no ha sido capaz de escuchar a la gente y sus demandas. Otros estudios indican que provoca indignación la falta de sensibilidad de los ministros, que en distintos episodios han mostrado indolencia con las dificultades de la vida cotidiana de la población chilena.
Al fijar la atención en los saqueos masivos y la violencia ejercida contra bienes públicos y privados se intuye un cierto “todo vale” frente a la acelerada pérdida de legitimidad de las instituciones, muchas de cuyas altas investiduras enfrentan procesos judiciales. Esto ocurre con miembros de las jerarquías de la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y Carabineros (investigadas las primeras por abuso sexual a menores y por malversación de recursos públicos las últimas). A ello se suma casos de corrupción de grandes empresarios, cuyos delitos fueron benévolamente sancionados por la justicia.
A treinta años de la recuperación de la democracia, Chile mantiene intactas las bases estructurales que forjó la dictadura de Pinochet en la Constitución de 1980. La privatización de la salud, de las pensiones, de la educación, del agua, de la electricidad, de la vivienda básica, no se revirtieron en los 20 años de gobierno de la Concertación. Tampoco en los cuatro años de la Nueva Mayoría, incluidos los cuatro de la expresidenta Michelle Bachelet cuyas iniciativas más emblemáticas, como la Reforma Tributaria y la Reforma Educacional buscaron ser revertidas por la actual administración.
No se desconoce que el país exhibe logros en índices de disminución de la pobreza, de la mortalidad materno infantil; así como en la protección de la primera infancia, entre otros indicadores. Estos dan cuenta de los esfuerzos por incrementar los derechos sociales y por limar las asperezas de un modelo que atomiza el Estado y exacerba al extremo el rol del mercado en la sociedad. Pero en estos años, no hubo ningún sector político que planteara una reforma más estructural del modelo económico. Sin duda una meta arriesgada, concluida la Guerra Fría.
Aunque el presidente Piñera anunció el martes en la noche un conjunto de medidas, algunas de las cuales apuntan a satisfacer mínimamente la demanda social, estas están lejos de detener la indignación y cansancio que irrumpe y transita por las principales avenidas de Chile.
Si bien los partidos de izquierda y de centro, no están conduciendo este movimiento, no deben renunciar a la responsabilidad de facilitar el diálogo y recoger las propuestas del movimiento social. Estas no son improvisadas, sino expresión de la rearticulación de sindicatos, estudiantes, profesores, organizaciones medioambientalistas y profesionales en general.
Es temprano para proyectar perspectivas de largo plazo, pero ya está claro que este es un buen momento para que la sociedad chilena se proponga un salto democrático y alcance la meta de una nueva Constitución, cuya forma y contenido exprese las demandas actuales y el rechazo a la expresión más neoliberal de la economía capitalista.
(*) Autora es periodista y exembajadora de Chile en El Salvador
