lunes, 17 junio 2024

En un mes de plazo Israel debe probar en la ONU que no es genocida del pueblo palestino 

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Israel ante el desafío de respetar el cumplimiento de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, establecida por la ONU en 1948. 

Desde Ginebra, Juan Gasparini.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máxima instancia judicial de Naciones Unidas, exige a Israel presentar en 30 días, un informe «sobre el conjunto de medidas que ha tomado», para «cesar su ofensiva militar» en la «gobernación» de Rafah, «susceptible de someter» a los Palestinos de Gaza, «a condiciones de existencia, que pueden acarrear su destrucción física total o parcial», debiendo facilitar a los órganos de la ONU, «investigar las alegaciones de genocidio».

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) está compuesta de 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, quienes deben conseguir mayoría absoluta en los 2 órganos antes citados, consecuencia de escrutinios simultáneos, cuyo tercio se renueva anualmente. En la presente ocasión, la CIJ ejerce el control de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio, creada por la ONU en 1948.

En diciembre de 2023, Africa del Sur presentó en la CIJ una demanda contra Israel, invocando obligaciones no cumplidas de la mencionada Convención en la Banda de Gaza. Reclamó «medidas cautelares», para prevenir «actos de genocidio» de Israel contra palestinos. El ejército israelí ya había matado a 25.000 civiles, heridos a 60.000, «desplazando a 1,7 millones de personas». La reacción de la CIJ fue de pedir a Israel «garantizar la preservación de pruebas relacionadas con las denuncias y permitir la prestación de servicios básicos y la asistencia humanitaria».

En enero de 2024, tras escuchar a las partes, la CIJ exhortó a Israel a tomar medidas «de efecto inmediato», y para «prevenir y reprimir el crimen de genocidio», recordando los artículos 2 y 3 de la Convención, que definen sus hechos constitutivos. O sea «la muerte de los miembros del grupo», cuya «integridad física o mental fuera dañada gravemente», la «sumisión intencional a…condiciones de existencia que ocasionarían su destrucción física total o parcial … trabando los nacimientos en el seno del grupo», o favoreciendo «la transferencia de niños de un grupo a otro».

La CIJ precisó a tal efecto que Israel debía vigilar, de forma «inmediata», que su ejército «no cometiera ningún acto», de los que se vienen de enumerar, y «tomara medidas para prevenir y castigar toda incitación directa y pública a cometerlos». A su vez instó a «permitir el aprovisionamiento de servicios de base y de la ayuda humanitaria de urgencia a fin de remediar las difíciles condiciones de existencia a las que son sometidos los palestinos en Gaza».

La CIJ añadió que tales medidas debían extenderse a «prevenir la destrucción y asegurar la conservación de elementos de prueba relativos a las alegaciones de actos», aludidos con anterioridad, subrayando «el entendimiento en vista de cometer un genocidio, la incitación directa y pública» a llevarlo a cabo, y la «complicidad» para realizarlo. Agregó en febrero de 2024, que las noticias «de la banda de Gaza, y en particular de Rafah … podrían ocasionar una agravación exponencial de lo que es ya una pesadilla humanitaria de consecuencias insondables».

El 28 de marzo de 2024 la CIJ sumó nuevas «medidas cautelares … en vista de la degradación de condiciones de vida a las que son reducidos los palestinos de Gaza, en particular la propagación del hambre y la inanición». Exigió una ayuda humanitaria «de urgencia», concretamente, «alimentos, agua, electricidad, combustible, instalaciones de abrigo, vestimenta, productos e instalaciones de higiene, saneamiento, y materiales médicos», velando de «no impedir de cualquier manera, la entrega de ayuda humanitaria», aguardando de Israel informarle en 30 días.

En audiencias públicas del 16 y 17 de mayo de 2024, Africa del Sur pidió «respetuosamente» a la CIJ de ordenar a Israel «cesar inmediatamente las operaciones militares en la banda de Gaza» y «evacuar el punto de pasaje en Rafah, y retirar inmediatamente el ejercito del conjunto» de esos lugares. A su vez «facilitar el acceso sin obstáculos a los representantes de la ONU y a otras personas encargadas de aportar ayuda y asistencia humanitaria, y a organismos o agentes mandatados por organizaciones internacionales, investigadores y periodistas para evaluar la situación, y garantizar la preservación de pruebas». La CIJ emplazó a Israel a comunicarle «en una semana», un «informe público», y otro en un mes, evaluando el cumplimiento de la totalidad de las «medidas cautelares» hasta la fecha.

Ante las alegaciones de Africa del Sur, y al no disponer de parte de Israel, de elementos convincentes del cumplimiento de las «medidas cautelares» hasta aquí evocadas, en el marco de la evolución inquietante de la situación en el terreno, la CIJ decidió «modificar» la precedente «medida cautelar» del 28 de marzo de 2024, para ponerla a tono con el agravamiento del caso, a la luz de sus Estatutos. Tomó nota que «la incursión militar israelí en Rafah», valorada por Africa del Sur, como «un cambio de situación» para el 1,5 millones de palestinos, allí hacinados, carentes «de servicios públicos de base» y de «atención médica», ponían en evidencia las consecuencias de un «atentado irreparable» para con los derechos del pueblo palestino.

En el marco de los recaudos notificados por Israel a la CIJ, recordando que Rafah «es un bastión de Hamas, que representa una amenaza grave para Israel y sus ciudadanos», y de las garantías extraordinarias para reducir los sufrimientos infligidos a los civiles palestinos, informándoles de las operaciones planificadas por las fuerzas de defensa israelíes, reduciendo al máximo los riesgos, para las instalaciones medicas y los abrigos, y asegurando que la ayuda humanitaria continue fluyendo durante las hostilidades, Israel confirmó mantener el Ejército en Rafah

El 6 de mayo de 2024, la CIJ constató que tras 2 semanas de intensificación de los bombardeos israelíes contra Gaza, cerca de 100.000 palestinos recibieron la orden de Tel Aviv, de evacuar Rafah y trasladarse a las zonas de Al-Mawasi y de Khan Younes, «en previsión de una ofensiva militar», desencadena al día siguiente y que continua actualmente, acumulando nuevas ordenes de evacuación. La CIJ transcribió los cálculos de la ONU fechados el 18 de mayo de 2024, que 800.000 palestinos han sido desplazados de Rafah, valorando los hechos como de una «gravedad excepcional», demostrando que las «medidas cautelares», inicialmente tomadas el 28 de marzo pasado, hoy «no cubren integralmente las consecuencias del cambio de situación».

Evaluando el riesgo de un «perjuicio irreparable» que podría estar causando Israel a los palestinos, a la luz «de los valores fundamentales que la convención sobre el genocidio entiende proteger», en torno a las alegaciones de Africa del Sur, que acusan a Israel, de no haber hecho «nada para acoger a centenas de miles de palestinos que recibieron la orden de irse de Rafah o de otras partes del territorio al comienzo de mayo de 2024», la CIJ calificó que la situación era «desastrosa».

Por cierto, Pretoria denunció que Tel Aviv se niega a dejar a entrar a Gaza «personas capaces de investigar las atrocidades que se están cometiendo», poniendo como ejemplo el descubrimiento reciente de múltiples fosas comunes en el hospital Nasser, en Khan Younès, y en el hospital Al-Shifa, de la ciudad de Gaza, con cuerpos que presentarían signos de tortura y de ejecución sumaria», denuncias que Israel caracteriza de «falsas», replicando que «jamas ha lanzado ataques de gran envergadura contra Rafah» y que Africa del Sur pretende imponer «medidas extremas».

Israel admitió, sin embargo, que ha llevado a cabo «operaciones específicas, limitadas y localizadas, precedidas de evacuaciones graduales y localizadas y acompañadas de medidas de apoyo a las actividades humanitarias». Al tiempo afirmó que «cuidadosa de facilitar la evacuación de civiles de partes de la región de Rafah, donde estaba previsto que se desarrollaran intensas hostilidades», Israel definió «inicialmente», en la región de Al-Mawasi, «una zona humanitaria, alejada del teatro previsto» de guerra, «zona que se ha considerablemente extendido».

Israel reveló también que sus fuerzas de defensa, «establecieron zonas de tiro restringido e instauraron suspensiones tácticas de combates a lo largo de la vías de evacuación, a fin de asegurar una mejor protección de los palestinos, al abandonar el lugar». Consignó que «2 grandes rutas, permiten conectar con estas zonas humanitarias, de manera que es posible transportar ayuda, incluso llegando desde el puerto flotante instalado a lo largo de la costa de Gaza, operacional desde el 17 de mayo» último, via que facilita la llegada de comida, agua y abrigos, y de que 6 hospitales de campaña en Gaza se encuentran en esta zona. Israel afirmó «haber comprado 40.000 carpas, permitiendo albergar 320.000 personas, 7.000 de las cuales» fueron enviadas a Gaza. Israel estima que 800.000 civiles ya han sido evacuados de Rafah».

De hecho Israel sostiene que una orden de la CIJ que «impusiera un cese de hostilidades, significaría abandonar y dejar a la suerte siniestra a 132 rehenes prisioneros en los túneles de Hamas, dejándoles las manos libres para proseguir sus ataques contra el territorio y civiles israelíes». Considera que su operación militar en Rafah tiene por objetivo «proteger a los civiles y salvar a los rehenes israelíes aún en manos de Hamas y de otros grupos. Informa que el Estado israelí dispone de mecanismos necesarios para examinar e instruir querellas que cuestionen a sus fuerzas militares, y garantiza que los autores de actos reprehensibles rendirán cuentas».

A titulo de conclusión respecto a medidas a respetar por Israel, la CIJ considera que debe «detener inmediatamente su ofensiva militar y toda otra acción en Rafah, susceptible de someter al grupo de palestinos en Gaza a condiciones de existencia capaces de ocasionar su destrucción física total o parcial», y adoptar «las medidas que permitan efectivamente garantizar el acceso sin obstáculos a la banda de Gaza de toda comisión de investigación de establecimiento de hechos o de otro organismo competente de la ONU para investigar alegaciones de genocidio».

La CIJ estimó que debido a la «situación catastrófica» imperante en Gaza, todas las partes interesadas deben asegurar, «sin restricción y a gran escala», el aprovisionamiento necesario de los servicios de base de la ayuda humanitaria y mantener abiertos los puntos de paso terrestres, y el de Rafah. Y «preocupada por la suerte de personas secuestradas durante el ataque en Israel el 7 de octubre de 2023, detenidos desde entonces por Hamas y otros grupos armados, la CIJ apela a su liberación inmediata e incondicional».

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Juan Gasparini
Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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