En los últimos días, ha cobrado una fuerte presencia mediática el tema de la “tregua” con las pandillas de 2012, a raíz de la orden de detención, girada por la Fiscalía General de la República, en contra de varias personas vinculadas a esa tregua. Según algunas fuentes de prensa, sobre estas personas recae la acusación del delito de agrupaciones ilícitas e ingreso de objetos no permitidos a las prisiones. Hay quienes celebran esas detenciones y claman porque no se detengan, hasta llegar a todos los que, en la estructura del Ejecutivo, tuvieron algo que ver con el asunto. Hay quienes, por su parte, son más cautos y prefieren no alentar una “cacería de brujas” que daría pie a la sospecha de que se trata de una iniciativa fiscal motivada más por razones políticas que jurídicas. De todos modos, los acusados deberán someterse a un proceso judicial, al final del cual se determinará su culpabilidad o inocencia.
Cabe destacar que entre los sectores eufóricos con la decisión de la Fiscalía se encuentra el partido ARENA. Es curioso que desde este instituto político se esté alentando a las autoridades fiscales a perseguir y capturar a cuantos se vincularon a la tregua con las pandillas en 2012, obviando que también desde ARENA se hicieron negociaciones con las pandillas, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2014 y presumiblemente después de las elecciones. Es decir, en ARENA también se buscó pactar con las pandillas asuntos relativos a la vida institucional del país, como se desprende del video en el que dirigentes areneros sostienen una reunión con líderes pandilleriles.
Así las cosas, y para ser coherentes con la aplicación de la justicia, la Fiscalía debería proceder a la detención de todos los miembros de ARENA que tuvieron tratos con las pandillas, acusándolos, en primer término, de “asociaciones ilícitas”, pero también de desestabilización política y sedición, pues cabe la sospecha de que la ola de homicidios que arreció desde 2014 tenía como finalidad debilitar al gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Como quiera que sea, estamos ante dos “pactos” con las pandillas: el primero, que dio lugar a la tregua; y otro, que emanó de los acuerdos que el partido ARENA realizó con dirigentes de pandillas. Si juzgamos al primero por su ilegalidad, no se ve cómo los segundos no deban ser medidos con el mismo rasero.
Incluso, jurídica y políticamente los acuerdos de ARENA con las pandillas revisten una mayor gravedad, ya que estaban orientados a debilitar a las instituciones (por ejemplo, en los cargos públicos avalados por las pandillas) y a generar inestabilidad política (por ejemplo, con la ola de homicidios propiciada para hacer tambalear al gobierno). Esa deslealtad política de ARENA con la sociedad y el Estado no debería pasar desapercibida por la Fiscalía General de la República.
En lo que se refiere a la tregua de 2012, no hay que olvidar la presión social y mediática para detener el alza en los homicidios. No es cierta la tesis de la derecha de que la violencia comenzó en 2009. Es un legado suyo, indiscutiblemente. Y el gobierno de Mauricio Funes –que nunca se comprometió abiertamente con la tregua— la vio como una posibilidad de contener la dinámica de homicidios desencadenada, al menos, desde 1994. Sobraron las voces que cuestionaron en su momento el mecanismo de la tregua con las pandillas, pero no su finalidad. Hubo quienes incluso se callaron sus críticas porque les parecía que bajar sensiblemente el número de homicidios bien valía correr los riesgos jurídicos y políticos de una tregua con las pandillas.
Sin tener en cuenta este propósito no se puede entender la tregua con las pandillas. No obstante, ello no es óbice para no indagar sobre sus fallas jurídicas o de otra naturaleza. Pero esta indagación debe ser apegada a derecho, sin estar guiada por presunciones de culpabilidad ajenas a la realidad. Y es que este tipo de presunciones son las que estimula ARENA en su último comunicado (fechado el 4 de mayo de 2016) a propósito de las detenciones realizadas por la Fiscalía.
Dejando de lado los puntos del 1 al 4 del comunicado, que se aplican también a ARENA por sus acuerdos con las pandillas en el marco de las elecciones de 2014, el punto 5 es falso, o al menos discutible, en lo que afirma en su parte medular. Dice así:
“Este pacto oscuro legitimó tácitamente la existencia y actos criminales de las pandillas, lo que les permitió expandirse territorialmente y multiplicar el número de sus miembros. Cedieron a los criminales el espacio para arremeter contra la vida y propiedad del pueblo salvadoreño, sometiéndolo a inhumanas condiciones de zozobra, miedo y abandono total por parte de las autoridades”.
Es una joya por lo que desconoce (o manipula). Digamos algunas cosas a los analistas de ARENA:
1) Las pandillas vienen expandiéndose territorialmente desde el cierre de los años noventa, si es que no desde antes y, asimismo, vienen creciendo en número desde esa época. Como indican algunos estudios, la criminalización que hizo ARENA de las maras fue un factor que contribuyó a su auge delictivo, su crecimiento y expansión territorial.
2) Su expansión y crecimiento, pues, vienen de una época previa a 2012, y es difícil creer que las pandillas necesitaran de la tregua para seguir con una dinámica que habían desarrollado con bastante facilidad hasta entonces.
