El problema fiscal de El Salvador muestra las características siguientes: gastos mayores que los ingresos públicos, lo que significa un déficit fiscal previsto de ochocientos veinte millones de dólares para el año 2018; los ingresos provenientes de los impuestos (carga fiscal) es de los más bajos de América Latina; la deuda pública es relativamente alta, cerca de veinte mil millones de dólares, el 66 % del PIB, lo que significa que a cada salvadoreño le tocaría pagar un poco más de tres mil dólares, en forma adicional a sus deudas personales; alto riesgo de no pago de la deuda; intereses crecientes de la misma.
El déficit fiscal ha sido casi permanente en los últimos veinte y cinco años; tanto los gobiernos del partido ARENA, como los del FMLN, han gastado más de lo ingresado, endeudando crecientemente al país.
En los dos últimos gobiernos (Funes y Sánchez Cerén), los ingresos han crecido significativamente, pero los gastos han aumentado mucho más. Este comportamiento se puede explicar desde varios ángulos: económico, social, administrativo, financiero y político.
Desde el punto de vista económico hay que recordar que todavía el país se encuentra en la difícil fase de recuperación de la crisis económica internacional del año 2008; los gobiernos del FMLN han utilizado la estrategia de recuperación económica basada en incrementar principalmente la demanda de bienes y servicios de la población; para ello han aumentado el gasto público, para hacer crecer los ingresos de los proveedores y contratistas, para que estos a su vez incrementen el empleo y el ingreso de los trabajadores, para que éstos puedan comprar más bienes y servicios.
En lo social, ambos gobiernos han pretendido mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza, mediante programas gubernamentales de tipo social, así como utilizando subsidios (agua, electricidad, gas licuado, etc.).
La administración pública salvadoreña adolece de serias deficiencias que afectan el cumplimiento de los objetivos gubernamentales; en vez de tratar de lograr mayores resultados con los mismos recursos, ambos gobernantes han preferido ampliar el personal, el equipo y el mobiliario.
Los dos gobiernos han hecho esfuerzos financieros para disminuir el déficit fiscal. Se han realizado esfuerzos para contener los gastos innecesarios, pero algunos funcionarios de alto nivel consideran que los gastos de publicidad y propaganda son necesarios, al igual que los viajes al exterior, gastos de representación, vehículos para sus familiares cercanos, festividades para el personal, etc.; así también se han venido utilizando mecanismos para evadir las disposiciones que se adoptan para limitar estos gastos. En los últimos meses el gobierno ha tenido que recortar gastos en varios programas sociales, para evitar caer en la situación del impago.
En el fondo el problema fiscal es de tipo político. Los dos gobiernos del FMLN han pretendido disminuir el poder económico de las familias más adineradas del país, no han permitido que el gobierno esté al servicio de esas familias; se han creado o elevado varios impuestos; se ha reforzado la lucha contra la evasión fiscal; se han negado a incrementar las prebendas para los grandes empresarios; se ampliaron las posibilidades de la pequeña y mediana empresas para participar en las licitaciones públicas y se les ha canalizado mayor financiamiento bancario. Por su parte, las familias adineradas han utilizado a las gremiales empresariales (Cámara de Comercio y ANEP), así como al partido ARENA, para desacreditar y bloquear la gestión gubernamental, aduciendo que no se debe permitir que el FMLN continúe gobernando.
Existen algunas condiciones favorables para impulsar una estrategia política en función de los intereses generales de la nación salvadoreña, algunas de ellas son: los esfuerzo que han venido realizando por varias décadas algunas organizaciones e instituciones no gubernamentales, analizando lo más objetivamente posible la realidad y encontrando soluciones a los problemas (FUNDAUNGO, FUNDE, CORDES, FUSADES, UCA, Universidad Tecnológica, Universidad Don Bosco, etc.); el papel conciliador no partidarista que realizó la Comisión Nacional de Desarrollo en la administración de Calderón Sol, que aunque no logró los objetivos previstos, se diseñó una estrategia de desarrollo territorial, que ha servido a los gobiernos subsiguientes para desarrollar programas estratégicos como los de FIDA y FOMILENIO; al inicio del gobierno de Mauricio Funes, el Consejo Económico y Social logró definir algunos elementos estratégicos para un período de 15 años (equivalente a tres gestiones gubernamentales), que sirvieron de base para formular el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014; en la actualidad existe un número considerable de profesionales y empresarios de todos los partidos políticos, motivados en integrar, en la medida de lo posible, los intereses de los grupos dominantes económicamente y de las grandes mayorías de la población, ojalá que algunas organizaciones e instituciones no gubernamentales consigan reunir aunque sea a un número pequeño de ellos, para esbozar los lineamientos generales de un acuerdo político de nación que sirva de referencia a los partidos políticos para formular sus planes de gobierno para las próximas elecciones presidenciales.
