Víctor Manuel Melgar González, abogado del expresidente Elías Antonio Saca, quien era procesado por el delito de cohecho activo y tráfico de influencias; fue condenado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador a 33 años de cárcel.
Pese a la sentencia emitida en contra del abogado Melgar González, éste no se presentó a la audiencia del viernes por la tarde, únicamente su defensor acudió a la Sala 2-B donde se dio a conocer el fallo. Por eso le fue girada orden de captura, informó la Fiscalía General de la República. Este fallo iba a ser dado a conocer la semana pasada, cuando si se presentó el ahora prófugo, pero el tribunal lo reprogramó.
De acuerdo con la Fiscalía, Melgar González habría sobornado a una empleada judicial para facilitarle ayuda al expresidente Saca, por lo fue capturado en agosto de 2016; no obstante, el proceso judicial lo ha cumplido con medidas alternas a la detención, es decir, sin ser arrestado, acudiendo a los juzgados a firmar y no salir del país.
El Ministerio Público ha sostenido que el abogado estuvo relacionado en el proceso de enriquecimiento ilícito del expresidente Saca, en el cual actuó como «intermediario» para ofrecer dádivas por $10,000 a una empleada de la Cámara Primero de lo Civil.
La Fiscalía comprobó que el defensor estableció relación con la empleada judicial para, obtener información sobre el proceso ventilado en los juzgados en contra Saca y el exsecretario privado, Élmer Charlaix; de esa manera poder negociar con la fémina para que abogara ante los magistrados y de esa manera obtener una resolución favorable.
Otros casos de corrupción que se suman a Melgar González son los casos de soborno a un secretario y una colaboradora del Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez en Ahuachapán.
«Como Unidad Especializada de delitos contra la corrupción de la Fiscalía hemos obtenido el fallo del Tribunal Primero de Sentencia en el cual se condenó a Víctor Manuel Melgar González en cinco casos por el delito de cohecho [artículo 335, inciso primero del Código Penal] en el cual se le condenó por cada delito la cantidad de seis años haciendo un total de 30 años en perjuicio de la administración pública y se le condenó por tráfico de influencias [artículo 326 del C.P.] a tres años», detalló la fiscal del caso.
Agregó que por estar ausente en la audiencia de este miércoles «se ha emitido en este momento una orden de detención en contra del imputado dado que no ha aparecido para efecto del cumplimiento de pena», explicó el fiscal.
El fundamento sobre el cual la Fiscalía basó las acusaciones, y por consiguiente que fueron avalados por el juez del caso como prueba, fue que «se estableció la existencia de entrega de dádivas a empleados del Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez [Ahuachapán] donde les cancelaba estas dádivas a efecto de que los empleados realizaran actos contrarios a sus funciones, es decir, proporcionar información de casos y se le fijaran fechas a conveniencia del imputado», concluyó la fiscal.
