Por: Óscar Martínez Peñate.
La oposición estaba consciente de su nueva derrota del 28 de febrero de 2021, en las elecciones de diputados y alcaldes, por lo tanto, comenzaron una campaña de desinformación a través de los medios de comunicación tradicionales para crear miedo y hacer parecer a Bukele como una persona inexperta que guiaría al país hacia el precipicio. Diferentes diputados de los partidos políticos tradicionales aparecieron en algunos medios de comunicación tratando de convencer a la población que el movimiento Nuevas Ideas era lo peor que había surgido en este país, demostrando así su preocupación ante el inminente triunfo de Nuevas Ideas. En ese mismo contexto, los partidos tradicionalistas también creyeron que, si el partido de Nayib Bukele ganaba las elecciones y obtenía la mayoría legislativa y municipales podría controlar los poderes del Estado, sin embargo, esperaban que absolutamente nada cambiara y que la situación de corrupción e inseguridad ciudadana se mantendría, así como ellos la habían tenido.
El día de las elecciones legislativas y municipales llegó y la población salvadoreña salió a votar masivamente por los alcaldes y los diputados de Nuevas Ideas, de tal forma que, para sorpresa de la oposición, los candidatos a diputados propuestos por los partidos mayoritarios de ARENA y el FMLN quedaron en minoría.
El FMLN solo obtuvo cuatro escaños, ARENA apenas 14 y otros dos escaños más correspondientes a dos partidos minoritarios que son Nuestro Tiempo y Vamos; este resultado fue así, porque el sistema electoral salvadoreño garantiza curules a los partidos minoritarios. Nuevas Ideas arrasó en las elecciones ganando 56 escaños convirtiéndose en el partido mayoritario dentro de la Asamblea Legislativa, condición que le permitió reemplazar a los magistrados violadores de la Constitución de la República, del derecho interamericano y del internacional público; asimismo, cambió al fiscal general quien era literalmente un militante del partido ARENA.
Esta depuración fue posible debido a que por primera vez en la historia la Asamblea Legislativa había obtenido una representación tan alta de un solo partido político, el cual fue elegido democráticamente. Como consecuencia de esta depuración hubo una campaña nacional e internacional afirmando que el presidente Bukele había destituido a estos funcionarios; sin embargo, no fue él, quien los reemplazó, sino la Asamblea Legislativa. Si se revisa la literatura nacional, se podría decir, que desde 2019, El Salvador es una república real y formal porque antes del gobierno del presidente Bukele lo que había era una dictadura, donde no había pesos ni contrapesos, todo era corrupción en diversos niveles y era lo que gobernaba. Las instituciones antiguas de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República se ponían de acuerdo para saquear el Estado salvadoreño y crear impunidades.
La nueva Asamblea Legislativa hizo lo adecuado al reemplazar a los magistrados de la Corte y al fiscal general porque ellos en conjunto con los diputados de la antigua Asamblea quisieron hacer un golpe de Estado parlamentario el nueve de febrero de 2021. Con dicho golpe, estos diputados buscaban “destituir”, por la “vía legal” al presidente Bukele, alegando, que era incapaz mentalmente para desempeñar su cargo. La iniciativa de destitución fue presentada por el exdiputado Ricardo Velásquez Parker del partido ARENA quien se fundamentó en el artículo 131, ordinal 20 de la Constitución de la República para que se evaluara la salud física y mental del presidente (Portillo, 2021, párr. 2); sin embargo, no lograron su cometido.
En vista de esas intenciones la nueva Asamblea Legislativa tenía la razón y la potestad para reemplazarlos en representación de la ciudadanía. Esta decisión fue calificada como una medida autoritaria por los actores de la derecha nacional e internacional, pero es necesario enfatizar que la Asamblea Legislativa contaba con todas las facultades legales y además legítimas para hacerlo, como lo hubiese realizado cualquier otro Poder Legislativo en esa posición.
Mantener a esos funcionarios delincuentes en los poderes fundamentales del Estado era un peligro para la democracia porque eran los garantes de la corrupción del Estado en beneficio de los poderes oligarcas nacionales, de las empresas transnacionales y de los intereses de países imperialistas. Esto significa, que en América Latina puede llegar un excelente presidente honrado, preparado académicamente, con buenas intenciones, voluntad democrática y otras cualidades; no obstante, esto no le servirá para generar un mejor gobierno, porque la corrupción ya fue institucionalizada en el Estado por gobiernos corruptos anteriores que le van a obstaculizar, sabotear e incluso lo pueden hacer víctima de un golpe de estado suave, con el único fin de eliminarlo del camino y suplantarlo por un político corrupto.
Casos como estos han sido claros, por ejemplo, en Bolivia con el expresidente Evo Morales, en Brasil con Dilma Rousseff y Lula da Silva; de ahí que, surja la siguiente incógnita: ¿es recomendable que un presidente honrado tenga la mayoría de los diputados para realmente llevar a cabo un buen gobierno?
