El Salvador suscribió este viernes un Plan Estratégico de País del Programa Mundial de Alientos de las Naciones Unidas (PMA), con el que se busca que más salvadoreños logren satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales, además de reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, y aumentar la resiliencia ante los fenómenos naturales.
El pasado miércoles, la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa se reunió con el representante en El Salvador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Alan González. Entre los temas abordados destaca el estudio de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que aún continúa siendo materia pendiente.
Este organismo ha acompañado el estudio de diversas temáticas relacionadas con seguridad. Otros temas que esperan abordar son el derecho a la información y la agroecología vinculada a la soberanía y seguridad alimentaria y el impacto del cambio climático en las cadenas productivas.
La ley enfocada a la soberanía alimentaria aseguraría una mayor inversión del Estado hacia la agricultura familiar y campesina, promoviendo la participación de las mujeres en el acceso a los recursos productivos. Esto defendería a los salvadoreños del alza en los precios y crearía una reserva estratégica de alimentos para ayudar a las familias más pobres que destinan más del 75% de sus ingresos a la compra de alimentos, indica la entidad.
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Por otra parte, el Plan suscrito este viernes funcionará bajo cinco ejes. Según el canciller Hugo Martínez, destacan Protección Social productiva y sensible a la Nutrición, Disponibilidad de Alimentos y Acceso a Mercados y Adaptación al Cambio climático.
Con el plan se prevé beneficiar a más de un millón de personas durante cinco años con un presupuesto de $89.7 millones de dólares. Se ejecutarán proyectos con enfoque de género, cambios de hábitos, innovación y fortalecimiento de capacidades, según detalló el funcionario.
El representante del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, Nils Grede, señaló en el marco de la suscripción que la complejidad del tema de seguridad alimentaria radica en que hay que coordinar una hoja de ruta común entre muchos sectores del Gobierno: agricultura medio ambienté, educación, salud y otros.
Para el año 2021, los hogares más vulnerables tendrían acceso a un programa de protección que integre aspectos relaciones a la nutrición. Además, pequeños productores con inseguridad deberán aumentar producción e ingresos y habrán aumentado su resiliencia al cambio climático.
A nivel latinoamericano los niveles de desnutrición se están reduciendo considerablemente. Sin embargo, los de obesidad y sobrepeso están incrementando a una velocidad alarmante, ha señalado la FAO.
Ante esta realidad El Salvador no es la excepción. Según datos oficiales, las familias que producen el 80% de los alimentos que consume el país son quienes más hambre pasan. La desnutrición crónica afecta a dos de cada cinco niños menores de cinco años en algunos lugares del país. Paradójicamente las tasas de sobrepeso y obesidad infantil, otros dos flagelos de la malnutrición, se cuadriplicaron en el país.
Este nuevo panorama supone grandes retos, más en un país que carece de un instrumento legal que vele por la alimentación con dignidad para la población. “Una Ley es muy importante para apoyar la institucionalidad y sentar las bases para que no sea un esfuerzo voluntario de las entidades, sino para que hayan mecanismos y reglas que definan esta cooperación en torno al tema”, acotó Grede en este sentido.
