El Salvador: una estrategia de seguridad dentro del Estado de Derecho

Por Félix Ulloa (hijo)

Nuestro país ha recuperado la paz; con la seguridad y confianza en el estado de derecho que se disfruta en El Salvador de hoy. Los ciudadanos disfrutan de armonía y paz social en sus comunidades, de nuevo disfrutan de los espacios públicos, gracias a esa seguridad ciudadana que garantiza el estado y, finalmente, han vuelto a confiar en las instituciones.

Una operación del calado de “la guerra contra las pandillas”, que bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, ha dado resultados que muestran cómo, privilegiando la vida de los habitantes, el estado ha rescatado las libertades públicas y defiende los derechos humanos de la gran mayoría de la población, es inédita y no tiene precedentes a nivel mundial. Además de su magnitud, ésta se realiza dentro del estado constitucional de derecho, aplicando en todo momento la ley, desde la institucionalidad democrática y siguiendo los parámetros establecidos por el Derecho Humanitario, que regulan el jus ad bellum y el jus in bello.

Hasta 2018, El Salvador era uno de los países más violentos del mundo, se nos llegó a calificar como la capital mundial del crimen[1], cuando en el mes de agosto de 2015 se cometieron mas de 30 asesinatos por día, con un saldo superior a los 900 asesinatos solo en ese mes. Ahora, hemos bajado la tasa de homicidios de 105 muertes por cada 100 mil habitantes, a una de 7.8 por cada 100 mil habitantes en 2022 y llevamos más de 350 días con cero homicidios. En los gobiernos anteriores sólo hubo un día sin homicidios que fue atribuido a la tregua con las pandillas; el presidente Mauricio Funes (2009-2014) en abril 2012 en la Cumbre de las Américas, anunció “que el país estaba experimentando un día clave en su historia: El Salvador había tenido su primer día sin homicidios en casi tres años”[2].

La estrategia para derrotar a las pandillas, que ha impulsado el Presidente Bukele, es la materialización de un proceso de diagnóstico prospectivo que inició en 2017, cuando definió en su oferta electoral “El Plan Cuscatlán”[3] una idea diferente de cómo enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana. Su experiencia como alcalde de la capital del país, lo había sensibilizado de esta tragedia humana, y sabía que resolverla era una prioridad.

Y los logros a la fecha son tangibles, estamos en la quinta fase del Plan Control Territorial, que consta de siete[4], precedidas por la identificación precisa de las causas que habían llevado de 3000 pandilleros identificados y perfilados en las bases de datos de las fuerzas del orden en 2003, a la escalofriante cifra de 76 000 en 2019 cuando iniciamos esta estrategia.

Las causas del problema que se identificaron fueron: 1) instituciones débiles para ejercer el control del estado en las comunidades, 2) un modelo económico excluyente, para las grandes mayorías de la población; y, 3) el crecimiento exponencial del crimen organizado y pandillas. La impunidad en 2019 era del 97% de los crímenes cometidos, con un sistema judicial débil y cooptado por las pandillas y el crimen organizado, por la via del soborno o la amenaza; y una legislación penal y procesal penal demasiado laxa y garantista que no aseguraba ni penas ni procesos efectivos para contener sus acciones criminales.

Había sólo 11 jueces para conocer de los delitos de crimen organizado y 400 Jueces para conocer de delitos comunes, esa falta de sintonía del Estado, ante un problema de la complejidad, alcance, trascendencia y gravedad para la vida de los salvadoreños, que estaba carcomiendo las bases del Estado. Así lo señaló la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando caracterizó a las maras y pandillas como organizaciones terroristas[5]:

Es un: “…hecho notorio que las organizaciones criminales antes mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas; vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio, obligándoles a abandonar sus residencias mediante amenazas; en contra del derecho a la educación, puesto que se obliga a la deserción de estudiantes, debido al temor de ser víctimas de aquellas organizaciones; contra el libre tránsito, debido a que hay zonas específicas donde ciertas personas no pueden circular, bajo riesgos de sufrir atentados a su vida o integridad; modifican la distribución territorial realizada por el Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad en la materia según el art. 208 Cn., para efectos del voto residencial, y lo adecuan a la distribución de los territorios según es controlada por ellos; paralizan el transporte público de pasajeros, incluso a nivel nacional y con frecuencia atentan contra la vida del personal de los servicios de transporte público; impiden la libre realización de actividades económicas y laborales de amplios sectores de la población; entre tantas acciones realizadas de manera sistemática, planificada y organizada”.

Teniendo en cuenta que: “además del uso sistemático, generalizado, organizado e indiscriminado de la violencia, es la consecución de una finalidad que puede ser intimidar a grandes sectores de la población, tomar el control de diversas partes del territorio, incidir en las decisiones que pueda efectuar los diferentes entes”

“En otras palabras, no resulta admisible desde las bases del Estado Constitucional de Derecho, el uso de mecanismos para-jurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan en el marco normativo penitenciario que informa la finalidad de la pena –art. 27 Cn.–; o a cambio de dejar sin efecto la vigencia y aplicación de la legislación penal”

Ese actuar descoordinado era contrario a lo que establece el Artículo 1 de la Constitución, que define al ser humano como el origen y fin de toda actividad del Estado; y, el Artículo 86, que establece que, las atribuciones de cada órgano de Estado son indelegables, pero que colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas.

Estas organizaciones criminales, producto de su acción y la fragilidad institucional lograron controlar a fuerza de terror una importante porción del territorio nacional, donde ejercían su poder manteniendo secuestrados a decenas de miles de ciudadanos[6]. La soberanía nacional estaba perdida en esos territorios, y la acciones de las estructuras criminales se legalizaron mediante “las treguas” en el gobierno de Mauricio Funes, del FMLN; el sistema de justicia se alteró mediante acuerdos paralegales, y, la comunidad internacional se aventuró a legitimar aquel despropósito, el señor Miguel Insulza[7], Secretario General de la OEA puso al organismo multilateral en función de esa paralegal “solución negociada”.

En 2016 los responsables de haber gestionado la tregua fueron capturados por la Fiscalía[8], eso alteró los planes del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) que se enfrentó a una situación de fuego contra fuego, y los enfrentamientos entre pandilleros y policías y elementos de las Fuerza Armadas se volvió frecuente.[9]

La sociedad salvadoreña, se resignó a padecer este mal, a sufrir este cáncer social, seis gobiernos pasaron y fracasaron sistemáticamente en resolver este gran problema, modificaron los marcos legales, nuevos códigos penales y procesal penal se impulsaron en 1998 para darle un enfoque garantista, en la idea de favorecer la rehabilitación y reinserción de aquellos “jóvenes” cuyo actuar delictivo tenía a la base, en su consideración, las injustas condiciones socio económicas que estructuralmente prevalecen en el país. Sin mayor reflexión de los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado que se multiplicaban por el mundo y se asentaban en el país.

Ante la falta de resultados, inmediatamente se adoptó una iniciativa para endurecer los marcos legales mediante leyes especiales, pero con un claro enfoque electoral, así en 2003, en el último año de su mandato, el Presidente Francisco Flores (1999-2004) lanzó con toda la pompa el “Plan Mano Dura”, y dijo que éste respondía a la crisis de seguridad del país y que haría uso de todas las herramientas que contiene la Constitución para resolverla; al año siguiente en el inicio de un nuevo gobierno, esta vez bajo la dirección de Antonio Saca (2004-2009), se lanzó el “Plan Super Mano Dura”, una versión remasterizada del anterior.

Ante cada nueva iniciativa aprobada por mayor dureza legal contra el crimen organizado, sectores disque defensores de los derechos humanos, reaccionaban con impugnaciones, alegando inconstitucionalidades, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que acumuló diferentes procesos y que finalmente resolvió en agosto de 2015, que las maras y pandillas son organizaciones terroristas. (ver supra)

En ese ínterin de 2000 a 2015, las maras crecieron y se convirtieron en un poder, criminal sí, pero un contra-poder dentro del Estado, ese “Estado Paralelo” definió fronteras, códigos de vida, una línea extorsiva como fuente financiamiento, expulsó población de las comunidades, usurpó sus viviendas[10] y marcó la vida y muerte de miles de ciudadanos.

El fenómeno de la migración forzada se convirtió en un éxodo de miles de personas que se vieron obligadas a huir y salvar su vida, ante los ultimátum de las pandillas que les expropiaban sus bienes y su futuro; tanto que en agosto 2017, la Relatora Especial Cecilia Jiménez-Damary, quien al examinar los derechos humanos de los desplazados internos dijo que: “El Salvador está sufriendo la tragedia oculta de las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a los altos índices de violencia relacionada con las pandillas”.

“El problema es más significativo y generalizado de lo que el Gobierno reconoce… El Gobierno debe reconocer la plena magnitud del desplazamiento interno y actuar para enfrentar este fenómeno, así como la violencia de las pandillas que lo suscita”. [11] Recomendación que, desde luego, quedó en el vacío.

Para lograr los resultados actuales, debe tenerse en cuenta que primero debía haber una “revuelta”; estaba demostrado, no había otra opción, y la población lo rubricaba con más de 70 000 muertos, (solo en los dos gobiernos del FMLN se reportan 41 517 asesinados por las pandillas)[12] miles de desaparecidos, decenas de miles de personas con hondas huellas por los constantes vejámenes; por tanto, para lograr un resultado diferente se requería una forma distinta de plantearse el problema e impulsar acciones sistémicas innovadoras y frontales.

Pero, el problema estaba en el Estado y su inacción cómplice, si bien la pobreza es un problema estructural la delincuencia no significa que automáticamente todo pobre es delincuente per se, eso implicaba ir a las causas con mayor sentido estratégico, con el propósito de definir líneas de enfrentamiento claras y certeras, con resultados previstos y con la mayor eficacia, poniendo la vida como elemento fundamental.

El liderazgo del Presidente Bukele, su oferta política y su compromiso con las victimas para resolver los problemas del país, le otorgaron la confianza del pueblo que democráticamente le respaldó primero eligiéndolo como Presidente de la República en febrero de 2019, contra todos y frente a diversas maniobras antes, durante y posterior a las elecciones. Y, segundo, dándole las mayorías legislativas en las elecciones de febrero de 2021. Sólo ese respaldo popular, que legitima su accionar, es el que le permite el impulso de estas acciones que están cambiando y transformarán la vida de millones de salvadoreños.

“La Guerra Contra las Pandillas”, está soportada en un análisis de como evolucionaron las organizaciones criminales de las pandillas terroristas, sus orígenes, las deportaciones masivas de pandilleros desde Estados Unidos, su mutación criminal, la estructura organizativa, sus códigos. Estudiamos los planes de los diferentes gobiernos que fracasaron en esta tarea, la respuesta y rearticulación de estas organizaciones en los diferentes momentos, cómo estas aprovechaban cada espacio de debilidad de las instituciones, como se insertaron criminalmente en diferentes sectores de la sociedad, convertimos la información en inteligencia para la acción anticriminal y para recuperar la soberanía del Estado.

Eliminar estigmas que marcaban a grupos poblacionales era importante, primero no todo pobre es delincuente, no todo joven con tatuajes es un pandillero, esto se evidencia comprobando que el municipio más pobre del país, es el de menor nivel de delincuencia; así como las experiencias de superación de millones de salvadoreños que han mejorado social y económicamente a base de esfuerzo y trabajo. El Plan buscaba neutralizar a los terroristas miembros de las pandillas, que estimábamos en 76 000, hablamos acá de miembros lo que se conoce como homeboy, gatilleros, palabreros, corredores de programas y el nivel más alto que son las “15 sillas”, que se estructuran jerárquicamente en la Mara Salvatrucha, asi como Ranfla, Barrios y Clicas; y, en la Pandilla 18, en Pilares, Tribus y Canchas. Pero ambas, tiene una base social de apoyo que involucra a gente por coacción o por voluntad, así tiene a “los postes, paros y cheques” que son generalmente menores de edad, que ejecutan acciones de vigilancia y cobros de extorsiones en las comunidades, barrios y colonias controladas por la pandilla.

Estamos comprometidos en la ejecución de esta Guerra Contra las Pandillas; nuestra base de acción está en la ley; y por ello definimos protocolos operativos para asegurar que todo agente del Estado cumpla las leyes.

¿Por qué estamos teniendo éxito?, porque estamos haciendo las cosas diferentes, con inteligencia y proactividad. Definimos la situación, descifrando al detalle la actuación criminal de las pandillas terroristas, vimos su historia evolutiva, lo que había fracasado en otros gobiernos y los por qué; conocimos al enemigo a profundidad y definimos un cuadro de criminalidad en su accionar vimos que los Homicidios, las Extorsiones, las Armas y el Tráfico de drogas y de personas, constituían el núcleo delictivo. A ese modus operandi lo denominamos “HEAT”.

Usamos toda la información recopilada por los gobiernos anteriores, identificamos las estructuras, hicimos uso de los marcos legales que aprobaron y que no ejecutaron, hicimos escuchas telefónicas, dimos continuidad a la figura de los testigos con criterios de oportunidad (testigos criteriados) en los procesos penales, a fin de obtener la incriminación de lideres y cabecillas de las estructuras criminales.

Se entendió la situación, se conocía al enemigo, se dispusieron recursos, se definió el protocolo de guerra contra las pandillas, en nuestra consideración hicimos parte de nuestras herramientas lo relativo al Jus ad Bellum, reconocido por el derecho humanitario como el derecho y la obligación de un estado para defender a su población cuando es atacada. En nuestro caso, la población salvadoreña estaba siendo atacada, asesinada, desaparecida, violada, extorsionada, humillada, etc., por grupos criminales que tenían secuestradas a las comunidades y de rodillas al Estado, que había perdido soberanía en más de una tercera parte del territorio nacional controlado por las pandillas. Ninguna de las ONGs que dicen defender derechos humanos levantó su voz ni clamó por las víctimas, y hoy se rasgan las vestiduras. Le declaramos entonces la guerra ese enemigo despiadado y sanguinario, una guerra justa, que el Derecho Humanitario reconoce como tal, cuando se cumplen al menos seis condiciones: 1) Que sea declarada por autoridad legítima; 2) Que se genere por causa justa; 3) Que haya intención justa de parte del que inicia la guerra; 4) Que constituya la ultima ratio; 5) Que su objetivo sea conducir a la paz; y 6) Que exista proporcionalidad entre la amenaza y los medios empleados.

Y a partir del 27 de marzo 2022, mantenemos un Régimen de Excepción, conforme lo indica la Constitución en sus Arts. 29, 30 y 31. El cual ha estado orientado a atacar a los pandilleros y miembros de las estructuras de crimen organizado, sin afectar ni una sola de las libertades públicas, pues solo se suspendieron cuatro garantías constitucionales de carácter individual y con fines estrictamente judiciales. A la fecha el Régimen de Excepción solo suspende dos garantías constitucionales: la detención administrativa que no debe ser superior a tres días, y hoy se extiende a quince días; la segunda es la privacidad de las comunicaciones, que hoy está suspendida para poder revisar los teléfonos, computadores, y cualquier tipo de comunicación de los criminales.

Esta medida excepcional, requiere de la aprobación por las tres cuartas partes de los diputados (63/84) y que voten nominal y públicamente esa decisión. Esto lo logró el presidente con las mayorías legislativas que le dio la población, y requiere de los mismo requisitos para su prorroga, pues solo puede durar treinta dias. A la fecha lleva trece prorrogas. Asi funciona la democracia y así se actúa con las reglas de la democracia.

A casi un año de implementado del Régimen de Excepción, al 24 de marzo, las capturas de miembros de las estructuras criminales (y sus colaboradores) sumaban 66,292, de los que 4,304 ya fueron liberados al comprobarse que no estaban ligados a las pandillas, es decir un 6.5% del total, según cifras del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia[13]. Estos datos objetivos se han desfigurado por las dizque organizaciones defensoras de los derechos humanos y los medios de comunicación que tienen una campaña permanente dentro y fuera de El Salvador, contra el Presidente Bukele.

En un examen de proporcionalidad que jamás realizan ni aceptan, claman por “inocentes detenidos arbitrariamente” sin considerar que esta guerra que está ganando el Estado Salvadoreño, tiene más de un 93% de efectividad, reconocido encuesta tras encuesta por nuestro pueblo, contra ese margen de error del 6,5% que el mismo sistema de justicia se encarga de reparar, liberando a quienes prueban judicialmente su inocencia ante un juez, siguiendo las pautas del debido proceso. Ahora reclaman una obra perfecta, sin errores. Olvidan que “lo perfecto es enemigo de lo bueno” y lo que estamos haciendo es lo suficientemente bueno, como para que mas del 90 % de nuestro pueblo lo aplauda y lo agradezca.

La experiencia salvadoreña demuestra, la importancia de poner al Estado en función de la persona humana, ganarse su voluntad y serle leal, actuar en el marco de la ley y con legitimidad democrática para defender los derechos humanos y las libertades públicas, como son la vida, la libertad de reunión y movilización, la propiedad y el trabajo, conculcados por décadas por estas estructuras delincuenciales; y formular un buen plan de políticas de prevención, de combate al crimen, de rehabilitación y de reinserción, conforme nuestra realidad, necesarias para contrarrestar el delito y a los delincuentes y garantizar la sostenibilidad en el tiempo, de cara al futuro de nuestro país, de eso trata con este exitoso Plan.

El Plan Control Territorial es un producto 100% salvadoreño, elaborado por talento salvadoreño, implementado por la institucionalidad salvadoreña, aplicado a la realidad salvadoreña. Quizás por eso causa tanto escozor en algunos organismos internacionales, acostumbrados a venir a darnos recetas que nunca funcionaron, pero que les representaban jugosos ingresos, o en algunos mandatarios, que creen que, con retórica y discursos ampulosos, se cambia la realidad. Aquí los hechos hablan por si mismos y el 92% de la población además de reconocerlos los agradece. He ahí la validez y legitimidad del mismo.

Esta es la fórmula de nuestro éxito, con el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el trabajo articulado del Gabinete de Seguridad, la incansable labor de los nuevos operadores del sistema judicial y la Fiscalía General de la República, el acompañamiento del Órgano Legislativo presto a adecuar el marco normativo a la realidad actual; y, por supuesto, la confianza y colaboración de la ciudadanía que en esta quinta fase, devuelta la confianza en las instituciones y las fuerzas del orden, colabora denunciando los escondites y reductos donde se esconden los pandilleros. Gracias a ese alineamiento de factores estamos ganando la GUERRA CONTRA LAS PANDILLAS.

[1] https://www.theguardian.com/world/2015/aug/22/el-salvador-worlds-most-homicidal-place

[2] https://nuso.org/articulo/entre-gritos-y-silencios-la-narrativa-de-la-prensa-salvadorena-sobre-la-tregua-entre-pandillas/

[3] https://www.plancuscatlan.com/documentos/plancuscatlan_seguridad.pdf

[4] I. Preparación, II. Oportunidades, III. Modernización, IV. Incursión; y, V. Extracción de los Criminales

[5] Ref: INCONSTITUCIONALIDAD 22-2007 , 42-2007, 89-2007, 96-2007. ORGANIZACIONES TERRORISTAS, del 24 de agosto de 2015

[6] https://es.insightcrime.org/images/PDFs/Tregua_entre_pandillas_El_Salvador

[7] https://www.dw.com/es/oea-supervisa-tregua-mara-en-el-salvador/a-16841778

[8] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40897006

[9] https://www.youtube.com/watch?v=Cb3lNAnESso

[9] https://www.youtube.com/watch?v=AVbD-aIF5hc

[9] https://www.youtube.com/watch?v=dGRfl3LmAbQ / https://www.youtube.com/watch?v=xqFz686XjFw https://www.youtube.com/watch?v=wrI_DqMrgk8

[9] https://www.youtube.com/watch?v=fdgX9d0LPwc