El modelo basado en el triángulo FUSADES-ARENA-ANEP, creado para organizar el consentimiento, que funcionó en El Salvador como una maquinaria perfecta durante los 90 para llevar a cabo la reforma neoliberal, quedó agotado, o cuando menos, limitado, una vez que la derecha perdió el control del ejecutivo y de la política pública como instrumento de acción. Frente a ese escenario, la Sala de lo Constitucional pasó a jugar un rol central como institución estratégica para la “defensa de la institucionalidad” y “contra el populismo”. Sin embargo, y pese a que en múltiples ocasiones la Sala ha sostenido criterios técnicos en temas como pensiones, presupuesto y transporte, con un evidente programa neoliberal, es esa misma institucionalidad la que la limita a un lugar de contención más que de ofensiva para el proyecto político conservador.
Envalentonadas por el contexto regional, en que la derecha latinoamericana recupera espacios de poder, las élites económicas salvadoreñas mueven sus fichas, nada dispuestas a permitir que “los rojos” sigan gobernando por un tercer periodo. En este sentido observamos una disputa por la candidatura presidencial para el 2019 que representa a dos grupos de la burguesía nacional. Por un lado, Carlos Calleja, de la familia dueña de la cadena de supermercados más grande del país, y por otro, Javier Simán, industrial en el rubro textil industrial. Ambos candidatos se presentan como emprendedores exitosos, no pertenecientes a los “políticos de profesión”, asumen un discurso anticorrupción y promueven valores como el de consumo y mérito, motores simbólicos del neoliberalismo.
Un tercer proyecto, con menos peso que los anteriores, pero con tendencia al crecimiento, es el que se aglutina alrededor de la figura de Jhonny Wrigth, también parte de las familias más ricas del país, vinculado al sector de los ingenios azucareros. Este proyecto no responde a una disputa entre sectores de la burguesía, sino más bien a uno de tipo generacional. Abanderando discursos contra “la viaje dirigencia política” y banderas promovidas históricamente por grupos de izquierda y progresistas, como el derecho humano al agua, los matrimonios igualitarios y la despenalización del aborto. Wrigth, ha puesto en la agenda la discusión entre conservadores y liberales, y sumado apoyos en jóvenes de pensamiento liberal e incluso simpatías entre jóvenes de clase media progresista, que perdiendo la perspectiva de clase y de proyecto histórico, ven en Wrigth un “aliado” para alcanzar demandas específicas.
Un patrón que aparece en estas tres figuras es que se trata de hombres blancos y empresarios. Una suerte de modelo “Macri” que la derecha continental busca promover e imponer. En un continente que en los últimos 15 años vio ocupar la presidencia a personas pertenecientes a sectores ajenos a los grupos de poder tradicionales, mujeres, indígenas, sindicalistas, profesores, ex guerrilleros, afrodescendientes, la respuesta conservadora también opera en el plano de lo simbólico, mediante la promoción de figuras que les son más “comunes”.
¿Qué pasa con los sectores populares frente a este escenario? La clase trabajadora, que es la que más sufre las problemáticas nacionales como el desempleo, la violencia y la emigración, ha venido perdiendo en el último tiempo capacidad movilizadora y experimentando un proceso de despolitización. El FMLN, por su parte, se enfrenta a una pérdida de simpatías y desencanto entre las clases trabajadoras, como lo refleja, por ejemplo, la encuesta del IUDOP. Esto en parte por el desgaste que implica administrar el gobierno y por otra, las múltiples demandas que siguen sin poder ser satisfechas. A lo anterior es importante sumar a una clase media que se aleja cada vez más de valores progresistas.
Bajo este escenario, quienes abogamos y luchamos por el desmontaje del modelo neoliberal, en todas sus dimensiones, culturales, sociales, económicas y políticas, como primera instancia para la subversión de las formas de dominación capitalistas, patriarcales y coloniales, esto debe ser una señal de alerta. Por un lado alimenta la necesidad de construir espacios de poder que puedan hacer peso en los territorios a los espacios formales, sin que esto implique, necesariamente, una renuncia a luchar por la apropiación de estos. La necesidad de una vuelta a una perspectiva de poder popular, por fuera del excesivo énfasis en la política pública de los últimos años, problematizando, por ejemplo, temas como la violencia social por fuera de los preceptos conservadores, es parte del esfuerzo para una organización capaz de responder a los intentos de restauración conservadora y a las problemáticas estructurales.
