La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este martes su seria preocupación porque el estado de derecho y el orden constitucional están siendo socavados en El Salvador a medida que las autoridades implementan medidas para combatir la propagación de la COVID-19.
El órgano legislativo del país declaró una emergencia nacional en marzo, introduciendo algunas restricciones en cuanto al tránsito y reuniones públicas. También estableció ciertas medidas, sin especificar las penalidades para quienes no cumplieran con éstas. El Presidente ordenó la cuarentena domiciliar el 21 de marzo.
Desde entonces, las fuerzas de seguridad salvadoreñas han estado arrestado a personas por presuntamente no observar la cuarentena domiciliar. Según los informes, las personas detenidas han sido trasladadas a sedes policiales, centros de cuarentena e instalaciones improvisadas, y detenidas en condiciones a menudo de sobrepoblación y poco higiénicas hasta por 30 días. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha reportado 149 casos de presuntas detenciones arbitrarias, incluyendo casos de violaciones al uso de la fuerza y malos tratos, del 21 de marzo al 13 de abril.
El Gobierno ha ignorado reiteradas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de abstenerse de implementar medidas para hacer cumplir la cuarentena domiciliaria sin una ley debidamente adoptada por la Asamblea Legislativa. El Presidente ha indicado públicamente que no cumplirá con las sentencias judiciales, y en su lugar ha emitido varios decretos ejecutivos para hacer cumplir la cuarentena.
“El derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales. Estas deben además estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos. También debe haber supervisión judicial y legislativa vinculante para el poder ejecutivo, y el ejecutivo debe acatarla. Me preocupa que este no ha sido el caso en El Salvador y que el gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del estado de derecho”, dijo Bachelet.
“Además, incluso en un estado de emergencia, algunos derechos fundamentales no pueden restringirse ni suspenderse, entre ellos el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria. Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19 y que pongan inmediatamente en libertad a todos los detenidos arbitrariamente luego de haber sido examinadas médicamente. El incumplimiento de las decisiones de la Sala de lo Constitucional equivale a una falta de observancia de la Constitución y una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la igualdad de todas las personas ante la ley”, agregó.
La Alta Comisionada también expresó su preocupación por los mensajes públicos que estigmatizan a los periodistas y contra los defensores de derechos humanos y las instituciones que buscan defender las libertades fundamentales y el estado de derecho.
“La diseminación de información verificada y basada en hechos sobre la COVID-19 y las medidas necesarias para combatirla, es crítica para evitar el pánico, asegurar la confianza del público y salvar vidas. Los periodistas deben poder informar de forma integral sobre la pandemia y la efectividad de las medidas gubernamentales, sin temor ni censura. Recuerdo a las autoridades que las críticas no son un delito”.
