La Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, informó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los avances en torno a la implementación del Convenio 87 referido a la libertad sindical, destacando las ampliaciones que el gobierno ha impulsado en los derechos de sindicalización en el país.
El informe fue presentado durante la 105ª Conferencia de la OIT, realizada en Ginebra, Suiza, entre el 30 de mayo y el 10 de junio, en la cual la representación gubernamental también se refirió a los esfuerzos realizados para sostener el diálogo tripartito con empleadores y trabajadores, en concreto con la activación del Consejo Superior del Trabajo.
“En los últimos seis años (“¦) los derechos de libertad sindical se han ampliado de forma progresiva, a la fecha se encuentran activos 460 sindicatos en los cuales se encuentran una cantidad de afiliación de 220,152 personas trabajadoras”, aseguró en conferencia de prensa en Casa Presidencial la ministra de trabajo, Sandra Guevara, refiriéndose al informe presentado.
Indicó también que la delegación gubernamental reiteró a la Comisión de Normas Internacional de la OIT que actualmente se encuentran en estudio en la Asamblea Legislativa, desde 2007 y 2015, reformas al Código de Trabajo encaminadas a fortalecer la libertad sindical, en aspectos como la inclusión de personas extranjeras que trabajan en el país en la conformación de sindicatos y la legalización del derecho a huelga.
Respecto a las gestiones que realiza el gobierno de la república para la activación del Consejo Superior del Trabajo, la ministra detalló que pese a las mediaciones que lideró, con la participación de la OIT y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para resolver el principal atasco, la elección de representantes del sector laboral, no se ha conseguido dirimir las diferencias entre las organizaciones sindicales.
“Estaremos tomando otro tipo de medidas de carácter jurídico para que dicho consejo se instale a corto plazo”, señaló la funcionaria.
Además, lamentó que “por falta de información” la representación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y del Movimiento Laboral Salvadoreño expresaran que el gobierno adeuda la OIT.
Aseguró que el gobierno ha emitido su pago correspondiente y que en ningún momento el país perdió el derecho a voto, afirmación que respaldó con un documento fechado en junio de 2016 en el que se da fe de la solvencia de El Salvador.
