La Asamblea Legislativa es uno de los tres poderes del Estado, junto al Ejecutivo y Judicial, y se hace llamar el primer órgano, dados los importantes mandatos y atribuciones que tiene asignadas en la Constitución de la República.
La Asamblea ratifica tratados internacionales, define el presupuesto de ingresos y gastos para toda la administración pública y, en general, aprueba las leyes que rigen el quehacer de la sociedad y el funcionamiento de las instituciones.
Por si fuera poco, también elige a funcionarios públicos de importantes instituciones del Estado, como lo son el Fiscal General, Procurador General, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema y a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.
Los diputados que integran la Asamblea representan los 14 departamentos del país, son delgados que tiene el deber de velar y promover los intereses y el bienestar el pueblo, según reza su mandato.
Sin embargo, desde hace mucho tiempo, de las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa solo sale humo negro y, más que actuar como primer órgano del Estado, se comporta como institución pública de primer mundo alejada de la realidad el país.
Ajena a la paupérrima situación económica de la población, en la Asamblea se vive como en un reino de la abundancia, donde solo pide y te darán, autárquicamente y sin ningún control de sus excesos por parte de otra institución.
Aparentemente, los gustos más refinados del país se dan cita en el pleno legislativo, que solo pueden saciarse con banquetes de 20 mil dólares, cafeteras de espresso italianas y pinturas al óleo ordenadas a capricho.
Ejecutivos de Wall Street aprenderían muchísimo de los protocolos de retiro de los diputados salvadoreños, quienes se auto-recetan jugosos bonos al salir de sus curules, en concepto de reconocimiento por supuestamente habernos representado.
Dado su fuerte compromiso con la población y recurrentes visitas a las zonas más empobrecidas e inseguras del país, los diputados no pueden ejercer labores comunitarias sin los servicios de Protección de Personas Importantes (PPI), y como aún luego de finalizar sus períodos legislativos, siguen adentrándose en las comunidades, también los necesitan después de su retiro.
Los diputados se preocupan por muchísimos temas de interés de la población, demasiados para una sola persona, por lo que requieren equipos de 10, 15, 20 y hasta 30 asesores, para así atender todas las problemáticas sociales con las que están comprometidos.
Como este es el primer órgano del Estado, merece un edificio de primer mundo, uno bonito, uno elegante, uno con un valor de $32 millones de dólares, que cuente con computadores de $15 mil dólares cada una, que sea digno para los honorables padres de la patria.
¿Qué importa que el Hospital Rosales, el hospital del pueblo, se esté derrumbando y no tenga medicinas para la población y deba suspender cirugías por falta de equipo médico? Al fin y al cabo, los diputados han gozado por años y años de seguros médicos privados.
Prioridades como la de construir un nuevo hospital, edificar más escuelas y universidades públicas, más sedes de Ciudad Mujer y viviendas de interés social no existen en el reino de la abundancia, donde todos viven bien y comen bien.
No puede ser que en un país en vías de desarrollo, como nuestro querido El Salvador, existan instituciones que descaradamente malgasten el dinero del pueblo, sin atender las más sentidas necesidades y prioridades de la población.
No puede ser que todos los salvadoreños vivamos en austeridad, contado moneda por moneda, mientras los honorables padres de la patria tienen una vida de viajes en clase ejecutiva, banquetes, seguros médicos privados, bonos, vehículos y protección pagada por el Estado.
No puede ser que hospitales y escuelas literalmente se estén cayendo a pedazos, o ni siquiera se tenga contemplado crearlas, y ellos aprueben la construcción de un nuevo y equipado edificio para diputados y personal legislativo.
No puede ser que la gran parte de salvadoreños, o no tenga empleo, o tenga uno mal remunerado, y estos flamantes diputados se quejen que su sueldo de más de $4 mil dólares mensuales, más prestaciones, sea mala paga y que la gente es malagradecida por no alabarles su noble e infatigable labor.
Es hora de que el pueblo reclame, a todos estos diputados, la atención a sus prioridades y necesidades. Es hora de que el pueblo reclame a estos diputados que en teoría deberían representar sus intereses colectivos. Es hora de que el pueblo actúe en favor de las mayorías populares y no de esta clase política que vive en el reino de la abundancia, mientras la gran parte de salvadoreños sobreviven con uno o dos dólares al día y sufren inmensas dificultades en su diario vivir.
No puede ser que el denominado primer órgano del Estado siga decidiendo y actuando como lo ha venido haciendo por años. No puede ser que los mismos de siempre sigan decidiendo el rumbo del país, en favor de la abundancia de la clase política y no en beneficio de las mayorías.
Es la hora de cambiar, es la hora del pueblo.
