Su madre, su hermana y sus siete sobrinos fueron asesinados el 10 de diciembre de 1981, es por ellos que José Amparo Martínez llegó, junto a más familiares de víctimas, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, a interponer una demanda para que la Fiscalía General de la República (FGR) retome las investigaciones penales sobre la masacre conocida como El Mozote y lugares aledaños.
Los familiares llegaron junto a sus abogados que son parte de la Oficina de Tutela Legal "María Julia Hernández" y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La masacre registrada entre el 10 y 12 de diciembre de 1981 fue cometida por elementos del ejército salvadoreño y es, según CEJIL, la más grande registrada en América Latina.
La demanda de reabrir el caso de El Mozote se convierte en la primera acción legal que abogados de las víctimas de guerra realizan después de que el pasado 13 de julio la Ley de Amnistía fuera declarada inconstitucional. Ovidio Mauricio, de Tutela Legal, señaló que "gracias a la inconstitucionalidad de articulos importantes de Ley de Amnistía casos como los de El Mozote pueden ser abiertos e investigados sin mayores problemas. Ya no hay ley que proteja a los responsables de crímenes de lesa humanidad".
Mauricio expuso que este caso es emblemático no sólo por el saldo de masacrados sino porque fue el primero en quedar impune con la Ley de Amnistía establecida en 1993, pues las primeras demandas para que se investigara y castigara a los responsables de esta masacre fueron interpuestas en 1992.
Valentina Ballesta, representante de CEJIL, dijo que la masacre de El Mozote es emblemática por los tintes de impunidad que la marcan y por la cantidad de víctimas que aún esperan que se haga justicia.
Ballesta aseguró que con la inconstitucionalidad de la Amnistía el caso de El Mozote podría convertirse en el símbolo contra la injusticia y la impunidad en torno a crímenes ocurridos durante la guerra salvadoreña.
Dorila Márquez, representante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, expresó que como familiares de las víctimas retomen el caso y que además de investigar, el Estado cumpla con las medidas dictadas en 2012 por la Corte Interamerica de Derechos Humanos (Corte IDH).
Márquez se refiere a la sentencia contra el Estado en la que la Corte IDH determina El Salvador es responsable por las ejecuciones perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres cometidas del 11 al 13 de diciembre de 1981 en el caserío El Mozote, el cantón la Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, en violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento”.
Para entonces, la Corte también determinó "por unanimidad” que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada. Márquez aseguró que pese a que falta poco para que el plazo de cinco años que dio la Corte, El Salvador aún está tiempo de dar cumplimiento a las medidas de reparación descritas en la sentencia.
Respecto a esa sentencia el Estado ha realizado exhumaciones en las zonas del ataque y de los cadáveres recuperados ha entregado 13 a familiares en lo que va de 2016. Desde 1990 hasta 2015, se han exhumado los restos de 285 víctimas de la masacre, según el Magistrado Florentín Meléndez.
"Nuestra esperanza es que la justicia llegue, que la Fiscalía actúe de una vez, que el Estado favorezca a las víctimas. Más de 35 años han pasado y el dolor de muchos sigue siendo igual, si no, no hiciéramos nada por conocer la verdad. Ojalá que hoy sí sea nuestro tiempo", dijo Márquez quien también está a la espera de recuperar los restos de sus familiares masacrados aquel diciembre de 1981.
