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viernes, 14 de mayo del 2021

El Mozote, la verdad que golpea con las exhumaciones

Se han llevado a cabo acciones para tratar de resarcir a las ví­ctimas, pero militares culpables permanecen en la impunidad

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Por años la masacre de El Mozote, ejecutada entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, hace 35 años, fue desconocida e investigada oficialmente. En la actualidad, gracias a la derogatoria de la amnistí­a que mantení­a impunes los crí­menes de lesa humanidad,  cada vez que se hacen exhumaciones de los masacrados, la verdad golpea a El Salvador.

Reportajes, con la tierra todaví­a humeante y cadáveres sin sepultar, de medios como The Washington Post y de The NewYork Times, que dieron a conocer la masacre de unas 1.000 personas en operaciones militares, fueron calificados como “mentirosos” por los gobiernos estadounidense y salvadoreño, aliados entonces en la guerra contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí­ (FMLN).

En El Mozote se han hecho exhumaciones para luego entregar los restos humanos (osamentas, así­ como ropas u otros objetos) a los familiares de las ví­ctimas; los dos últimos presidentes, Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén ““actualmente en el Gobierno- han pedido perdón; se han levantado rutas de turismo histórico, pero los militares responsables siguen en la impunidad.

“Mataron a toda mi familia, no respetaron a ancianos ni a mujeres ni a niños. Mataron a un tí­o mí­o que tení­a 83 años de edad y a una nuera que un dí­a antes habí­a tenido a su beb锦 A las dos las degollaron los soldados”, narró José Mejí­a, quien dice que en una pared que no fue demolida habí­a una frase: “un niño muerto es un guerrillero muerto”.

La masacre, ejecutada en el escenario de la “Guerra Frí­a”, fue una de las acciones desarrolladas bajo las tácticas contrainsurgentes  de “Yunque y Martillo” y de “Tierra Arrasada”, mismas que los EEUU aplicaron en su guerra contra Viet Nam y con las que entrenó al Batallón “Atlacatl”, autor también en noviembre de 1989 de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras domésticas.

En aquella teorí­a y práctica de muerte “habí­a que quitarle el agua al pez para que no sobreviviera”, decí­an los asesores estadounidenses a sus buenos discí­pulos salvadoreños. El agua era la población campesina, el pez era la guerrilla. Así­ se cometieron otras masacres: La del Rí­o Sumpul, en Chalatenango; la de Las Hojas, en Sonsonate y la de El Calabozo, en San Vicente.

“Antes de la masacre esta era una zona tranquila; nos dedicábamos a sembrar frijol y maí­z, caña de azúcar y maguey. Vino la masacre y acabó con todo. Me salvé de milagros porque me fui a Honduras en medio de los montes”, cuenta el campesino José Dí­az.

Mejí­a y Dí­az son de los sobrevivientes y familiares de ví­ctimas que han dado información para localizar fosas comunes de los masacrados.

VEA:  VIDEO | Exhumaciones en El Mozote: la lenta escritura de la verdad

Las exhumaciones están sirviendo para conocer la verdad, pues los restos son la prueba del delito de los soldados y ordenado por altos oficiales, para evidenciar que no fue una acción deliberada de un grupo, sino que significaba la aplicación de una polí­tica de exterminio.

El más destacado de los jefes que planificó la masacre fue el  Teniente Coronel Domingo Monterrosa, muerto en octubre de 1984 en un atentado guerrillero; otros oficiales terminaron la guerra con altos grados y sin ser juzgados por sus crí­menes de lesa humanidad. En el Informe de la Comisión de la Verdad (ONU 1993)  se expresa que el ministro de Defensa  y el jefe del Estado Mayor, generales Guillermo Garcí­a y Rafael Flores Lima, respectivamente, negaron la existencia de hecho criminal.

“En esto momentos me siento triste pero al mismo tiempo satisfecha de que este proceso avance, aunque sea despacio”, dijo Rosario López, familiar de los masacrados, en la entrega de restos por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en cumplimiento de una sanción impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIH).

“Hay muchas esperanzas porque los familiares van a poder dar una cristiana sepultura a sus muertos y saber dónde los tienen, pero también para hallar la justicia, eso es lo más importante que pedimos”, reiteró enfáticamente Dorila Márquez, activista de los DDHH en El Mozote.

Lea también: Memoria moral e identidad

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