Al final de la tarde del jueves 8 se hizo público el veto dictado del ejecutivo al pliego de beneficios que la oposición aprobara para excombatientes y desmovilizados del pasado conflicto hacia finales del año pasado. Las razones: la incapacidad del estado para afrontar las obligaciones que tales le imponen y que en las actuales circunstancias es improbable asumir debido a los límites que la propia oposición impuso al presupuesto.
Ya el ministro de gobernación lo expresaba con claridad al replicar a la asamblea: ¿de dónde se obtendrían los recursos para asumir lo tocante a lo económico de los beneficios aprobados por estos para el sector de veteranos?
Y es que la oferta opositora para éste sector se resume en una pensión de $300.00 para cada desmovilizado, así como una compensación de $3,000.00, que suma para atender la primera, algo más de 22 millones mensuales; mientras que el segundo caso es de más de 200 millones.
En el actual presupuesto la oposición impuso un límite de 16 millones en total destinado a los desmovilizados.
Llama la atención el que la oposición se muestra indignada ante los medios por la medida del ejecutivo, rasgándose las vestiduras y reclamando la justicia que "…éste sector merece…", olvidando quizás que durante los 20 años que detentaron el ejecutivo así como el control absoluto del legislativo y el judicial ¡No hicieron nada por éstos!, utilizándolo en el mejor de los casos con fines electorales, pagando sus servicios con migajas, permitiéndolo éste en razón de sus necesidades, lo que sí es indignante y escandaloso.
Acá entonces no es la intencionalidad otorgar la debida justicia que demanda nadie, sino ejecutar un teatrero papel con el propósito demagógico de aparentar ser la opción electoral que resolverá los pendientes sociales – que jamás abordaron en sus administraciones – reduciendo a la administración pública al papel de villano y asumiendo estos de paso el papel de héroes paternales y dadivosos.
Sin embargo si hay opciones para cumplir lo ofertado por la oposición parlamentaria, y que es el crear un impuesto destinado a satisfacer tal oferta, y que de cara a la negativa de la sala de lo constitucional de admitir nuevos impuestos, sea la oposición misma, abatida y sentida por las necesidades sociales de estos olvidados, quién la gestione ante ésta, lo que sin duda por la afinidad de ambos y el compromiso expresado pueda consentir, en el entendido de que el tal impuesto ha de ser para tasar los bienes suntuarios y de lujo.
Eso sin duda demostraría su compromiso, dejando de lado lo demagogo de su discurso, obligando a brindar una disculpa pública ante el equívoco e indebida acusación de lo falsario en su discurso a quienes no comprendimos el sentido real de éste.
En ello habría sin duda un acto de justicia pues el conflicto fue esencialmente para defender los intereses de aquellos que resultaran afectos por tal impuesto: los pudientes y privilegiados de siempre, quienes nada arriesgaron y sí fueron los beneficiados reales del mismo.
