NUEVA YORK – El presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha propuesto un plan de rescate por 1,9 billones de dólares para ayudar a la economía estadounidense a recuperarse de la pandemia. Muchos republicanos se oponen, entregados de pronto a la religión fiscal que abandonan de inmediato cuando su partido controla la Casa Blanca. Las enormes rebajas de impuestos que el Partido Republicano concedió a multimillonarios y corporaciones en 2017 provocaron el mayor déficit fiscal del que se tenga registro en Estados Unidos fuera de recesiones profundas o guerras. Pero la promesa de inversiones y crecimiento jamás se materializó.
En cambio, el plan de gasto propuesto por Biden se necesita con urgencia. Datos publicados hace poco muestran una desaceleración de la recuperación estadounidense, en términos de PIB y de empleo. Hay abundancia de pruebas de que el paquete de recuperación proveerá un estímulo enorme a la economía, y que el crecimiento económico generará una importante recaudación impositiva, no sólo para el gobierno federal sino también para los estados y municipios que ahora carecen de los fondos que necesitan para proveer servicios esenciales.
Los que se oponen al plan de Biden también fingen estar preocupados por el peligro de inflación (ese monstruo temible, que en estos días tiene más de fantasía que de amenaza real). De hecho, hay datos que sugieren que en algunos sectores de la economía es posible que se esté dando una caída de los salarios. Aun así, si hubiera un alza de la inflación, Estados Unidos tiene abundantes herramientas monetarias y fiscales listas para enfrentarla.
Por supuesto que la economía estaría mejor con tipos de interés distintos de cero. También la beneficiaría una mayor recaudación tributaria, mediante la creación de gravámenes a la contaminación y la recuperación de progresividad en el sistema tributario. Nada justifica que los estadounidenses más ricos paguen menos impuestos como porcentaje de sus ingresos que las personas menos pudientes: ahora que aquellos han sido los menos afectados (en términos sanitarios o económicos) por la pandemia de coronavirus, la regresividad del sistema tributario estadounidense está mostrando su peor cara.
Hemos visto a la pandemia hacer estragos en algunos sectores de la economía, en los que provocó una alta incidencia de cierres de empresas (sobre todo entre las pequeñas). Si no se aprueba un paquete de recuperación importante, hay riesgo real de que el daño sea enorme y tal vez duradero. Esto es así porque el mal desempeño económico genera temores que, sumados a los de la pandemia en sí, generarán un círculo vicioso en el que la conducta precautoria se trasladará a menos consumo e inversión y más debilitamiento de la economía.
De hecho, el deterioro de balances y las quiebras de empresas (cualesquiera sean sus causas) impulsan un proceso de contagio a toda la economía en el que entran en juego poderosos efectos de histéresis. Al fin y al cabo, las empresas que hayan quebrado en la pandemia no se recuperarán solas una vez controlada la COVID‑19.
El hecho de que estemos ante una pandemia (de alcance global) empeora la situación. Si bien los mejores datos disponibles sugieren que muchos países en desarrollo y emergentes no han sido tan afectados como se temía hace un año, la desaceleración inédita de la economía mundial implica un debilitamiento de la demanda de exportaciones estadounidenses.
Los países pobres no tienen los mismos recursos que los desarrollados para sostener sus economías. China tuvo un papel importante en la recuperación tras la crisis financiera global de 2008; pero aunque en 2020 fue la única economía de gran tamaño que creció, su recuperación fue claramente inferior a la que siguió a aquella crisis (cuando el crecimiento anual del PIB superó el 9% y el 10% en 2009 y 2010, respectivamente). Además, ahora China está dejando crecer el superávit comercial, de modo que su aporte al crecimiento global es menor.
El plan de Biden promete grandes resultados, ya que incorpora los elementos fundamentales de la respuesta necesaria. Una primera prioridad es asegurar que haya fondos disponibles para combatir la pandemia, reabrir las escuelas y permitir a estados y municipios seguir brindando los diversos servicios (sanitarios, educativos, etc.) que sus residentes necesitan. La extensión del seguro de desempleo no sólo ayudará a las personas vulnerables, sino que al generar tranquilidad, llevará a un aumento del gasto, con beneficios para toda la economía.
También alentarán el gasto la moratoria a los desalojos hasta el 31 de marzo y la asistencia a familias de bajos ingresos. Más en general, es bien sabido que los pobres tienen una alta propensión al consumo, de modo que un paquete que apunta a aumentar los ingresos en la base de la pirámide (mediante, entre otras cosas, una suba del salario mínimo y los créditos fiscales para personas con hijos y para complementación de ingresos laborales) ayudará a revitalizar la economía.
Durante la presidencia de Donald Trump, los programas centrados en las pequeñas empresas no fueron tan efectivos como podían o debían ser; en parte, porque se destinó demasiado dinero a empresas que en realidad no eran pequeñas, y en parte por una serie de problemas administrativos. Parece que el gobierno de Biden los está corrigiendo; de ser así, la ampliación de las ayudas a empresas no sólo servirá en lo inmediato, sino que también dejará la economía bien posicionada cuando la pandemia comience a retroceder.
No hay duda de que los economistas discutirán cada aspecto del diseño del programa: cuánto dinero destinar a esto o aquello; el tope de ingresos para las ayudas en efectivo; qué señales deberían activar una reducción de la escala del programa de seguro de desempleo. Es normal que personas razonables discrepen en torno de estos detalles: su definición es parte esencial de la negociación política.
Pero en lo que no puede haber desacuerdo es en el hecho de que se necesita con urgencia un plan de gran tamaño, y que la oposición a ese plan es a la vez insensible y peligrosamente miope.
Traducción: Esteban Flamini
Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía y profesor distinguido de la Universidad de Columbia, es economista principal en el Roosevelt Institute y fue vicepresidente sénior y economista principal en el Banco Mundial. Su libro más reciente se titula People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent (hay traducción al español: Capitalismo progresista: la respuesta a la era del malestar).
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