El continuado espectáculo público indica con claridad que El Salvador sigue siendo un país complicado históricamente, dado que aún no se resuelven las graves contradicciones originadas por una estructura social y económica donde la opulencia y la avaricia demandan la existencia de una amplia pobreza y exclusión.
El gran capital local, aliado a las transnacionales, aún no reconocen haber perdido el predominio político a partir del 2009, el destino de los recursos del Estado y se niegan a pagar los tributos en correspondencia a su capacidad económica y sus enormes ganancias.
Es por ello que entraron en un proceso de disfuncionalidad política. 2009 fue un parte-aguas y la dirección de la corriente se decantó más en 2014. Desde hace dos años, esta federación del gran capital ha hecho hasta lo imposible para realizar operaciones de desgaste y distracción, de provocación y tratar de “sacar de balance” al gobierno, es decir, desestabilizar.
Por ello han articulado todos los recursos disponibles: las cámaras empresariales sustituyen en la pelea política a un ecléctico partido Arena, cuyo único sostén de unidad interna sigue siendo negarse a todo y negar los proyectos y programas del gobierno. Es el cemento ideológico: la negación, la reacción.
A esto se unen los “tanques de pensamiento”, los voceros tecnócratas y tullidos leguleyos, activistas “sindicales” y hasta magistrados de la “soberana” SC. Los medios hegemónicos de derecha (más que todo prensa escrita y televisión) han sostenido una cínica y desvergonzada campaña de desaprobación y cuestionamiento automáticos, tratando de generar incertidumbre en la sensibilidad y la percepción social, utilizando recursos y tramas mediáticas de muy baja ética periodística. Pero esa es, sin escrúpulos, la “línea” de los editores y sus propietarios. Para no hablar de los llamados “troles” anónimos.
Así, estos medios, realizan una cacería mediática que malamente justifican con la necesaria transparencia que demanda la ciudadanía. Pierden el balance de sus reportes, de sus fuentes, de espacios y tinta. Se llenan de un amarillismo y de un morbo para mantener el espectáculo en el contexto de un tensionamiento político e institucional. Y creen que la población, en el campo y la ciudad, no es capaz de percibir con bastante claridad la intención subterránea de reporteros, editores y presentadores.
Estos medios creen que su trabajo acumulativo justificaría graves alteraciones institucionales (justifican el estrangulamiento de las finanzas del Estado) y que tendrían resultados positivos en las elecciones, donde el partido Arena, su aliado estratégico, supuestamente tendría mayores ventajas.
Pretenden hacer creer que la crítica que proviene de la ética burguesa es la única vara con la que todos tienen que medirse, pero menos a ellos.
Es por ello que estos medios de derecha, y la gran empresa privada y sus gremiales, no aceptan, ni difunden ni pretenden ir a las causas fundacionales y estructurales de la pobreza, exclusión, violencia, delincuencia, del crimen organizado que todo gobierno debe combatir y resolver, y hasta de la misma estructura del sistema económico-político en el que habitamos y coexistimos.
Los medios no preguntan ¿desde cuándo convivimos en una sociedad culturalmente permeada por la corrupción?, una construcción que proviene del poder oligárquico, como matriz que se extendió en las relaciones sociales e institucionales. ¿Desde cuándo se origina, con sus aliados, el hilo histórico de la impunidad en El Salvador? ¿Cómo es, entonces, que se construyó históricamente este abismo entre ricos y pobres?
El juicio y la acusación mediática en el caso Funes, el espectáculo del momento, para estos medios es un proceso donde ya establecieron una resolución condenatoria y que en nada se diferencia con las aspiraciones vengativas del aún presidente del partido Arena.
Funes, si es responsable de actos o prácticas ilegales, tendrá que someterse a los dictados de la ley. Nadie puede respaldar conductas anti-éticas.
Pero la gran pregunta es si éste sistema judicial es capaz de impartir justicia, un sistema catalogado por el pueblo, la misma Fiscalía y aceptado por el poder judicial, como tramadamente corrupto y coraza de la impunidad.
Los casos que investiga la Sección de Probidad han sido elegidos por “olfato”. Entre quienes eligieron está el magistrado Belarmino Jaime, hoy señalado por el ministerio de Hacienda por prácticas de no pago de impuestos.
Los medios hegemónicos en campaña callan cuando en una entrevista el magistrado “Blanco recordó que en el listado de personas investigadas ‘hay jueces, fiscal general, diputados, ministros, presidentes, desde el presidente (Alfredo) Cristiani está siendo objeto de investigación, porque la Corte decidió también investigar al presidente Cristiani y (Armando) Calderón Sol´, los cuales salen de `denuncias que han existido y otras que Belarmino Jaime y yo hemos sugerido que se investiguen`”(Radio Fuego, retomada por LP 110416).
Hay que preguntarse ¿Quiénes son los que más álgidamente defienden a los cuatro magistrados? ¿Acaso no son los mismos grandes empresarios, locales y transnacionales y su parafernalia de grupos de presión?
La Fiscalía no puede cargar los dados, cuando se sabe, al decir de un funcionario, que “un expresidente salió del gobierno con un banco bajo el brazo”.
