Por Juan Gasparini
La último gesto de Michelle Bachelet al finalizar su mandato el 31 de agosto pasado, para superar mediante el dialogo la crisis imperante en Nicaragua desde el 2018, será objeto de debate la semana entrante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El documento acopia en un decálogo temático 396 recomendaciones al gobierno sandinista, y lleva el respaldo explícito del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.
En 2022 empeoró el contexto en Nicaragua ante “la falta de reformas institucionales y legislativas encaminadas a restaurar el estado de derecho, la separación de poderes, y el aislamiento de la comunidad internacional, así como las severas restricciones al espacio cívico, el hostigamiento a las voces críticas y la situación de personas detenidas”. Fue expulsado el “Nuncio Apostólico”. A continuación recrudecieron los ataques contra la Iglesia Católica y sus medios de comunicación. Entre tanto, el país abandonó la OEA.
Las elecciones municipales programadas para noviembre próximo, deberían renovar “autoridades en 153 municipios, de los cuales el Frente Sandinista de Liberación Nacional controla 139”. Pero bajo el argumento que el partido opositor “Ciudadanos por la Libertad”, no contaba “personalidad jurídica, circunstancia no contemplada en la legislación electoral ni municipal como causal de remoción”, las autoridades destituyeron 5 alcaldes. La reforma electoral vigente, viola “los estándares internacionales sobre derechos políticos y civiles”.
Sobre el principio “a la libertad personal y a la integridad física y moral”, la situación actual da cuenta “180 personas detenidas”, entre ellas “las privadas de libertad” en el marco electoral de mayo a noviembre de 2021. “Fueron juzgadas en primera instancia entre enero y mayo del 2022, bajo cargos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas, lavado de activos y delitos conexos”. Los juicios se realizaron a “puertas cerradas, sin presencia de público, la mayoría en un centro de detención policial. Los abogados no pudieron revisar los expedientes, y las condenas alcanzaron los 13 años de cárcel. Los procesos vulneraron “la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la igualdad de armas, la publicidad de las audiencias, la imparcialidad e independencia del juez natural”. Los señalamientos de actos de tortura y malos tratos durante las detenciones hasta ahora no han sido investigadas.
El Estado “ha continuado restringiendo el espacio cívico”, cercenando “la libertad de asociación y de expresión”, cancelando la personería jurídica de 1112 organizaciones de derechos humanos, de desarrollo, asociaciones profesionales, incluyendo médicas, entidades vinculadas con la Iglesia católica y otras”, abarcando 12 universidades. “Nicaragua cayó 23 puntos en la Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa, pasando de la categoría difícil a muy grave”, cerrando radios y televisiones. Se fueron al exilio 120 trabajadores de la información. Permanece impune el asesinato en 2018 del periodista Ángel Gahona.
El gobierno mantiene cancelado el diálogo con la oposición ignorando sus promesas de reanudarlo en 2021. La creación de una “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz” en 2018 y la promulgación en mayo del 2019 de una ley para responder a daños causados a “víctimas del golpe de Estado Fallido” (?), la norma dejó afuera a los reprimidos por “las fuerzas de seguridad”. Al mes siguiente una “Ley de Amnistía”, liberó a 106 detenidos “en conexión con las protestas”. Nunca a todos. Sin embargo, exculpó principalmente a represores.
Las “reformas institucionales y legislativas” para “fortalecer la democracia y los derechos humanos” quedaron en la nada. “La Alianza Global de las instituciones Nacionales de Derechos Humanos rebajó a Nicaragua de la categoría “A” a la “B” por no conducirse con independencia según los principios de París”. Las “posteriores recomendaciones para que la Procuraduría fortaleciera su independencia, no fueron implementadas”. No hay datos sobre el desarme de grupos progubernamentales “que continúan acosando opositores”.
“El 7 de noviembre de 2021 se realizaron las elecciones sin observación internacional independiente y sin la participación de tres partidos de oposición cancelados, y siete aspirantes a la presidencia encarcelados antes de los comicios. La Asamblea General de la OEA determinó que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y (que) no tuvieron legitimidad democrática”. En marzo del 2022 Michelle Bachelet recomendó “efectuar reformas en el organismo electoral, especialmente de cara a las elecciones municipales” de noviembre venidero. No obstante, los cambios adoptados por la reforma de mayo de 2022, “no da garantías para comicios justos y transparentes”.
La libertad de reunión pacífica es sistemáticamente ignorada. “Las manifestaciones contra el gobierno y en demanda de la liberación de personas detenidas continuaron siendo reprimidas con uso excesivo de la fuerza” por parte del gobierno, “o atacadas por elementos progubernamentales con tolerancia de las fuerzas de seguridad”. Las solicitudes de autorización para llevarlas a cabo son “rechazadas automáticamente”, o la policía se niega a recibirlas cuando las presentan personas consideradas opositores.
La libertad de asociación es vilipendiada por el Estado, vía la clausura de “organizaciones de la sociedad civil argumentando que habían apoyado acciones terroristas y/o incumplido deberes administrativos desde noviembre de 2018”, a veces haciendo “uso excesivo de la fuerza, realizando allanamientos en las organizaciones e incautaciones de sus bienes sin orden judicial”. Se suman las alegaciones de tortura, malos ratos y deplorables condiciones de reclusión, con prácticas de aislamiento prolongado en los lugares de detención de manifestantes, disidentes, activistas de derechos humanos, personas críticas al gobierno o percibidas como opositores por el gobierno, u otros miembros de la sociedad civil , sin que el gobierno tome medidas pese a las alertas de diferentes órganos de la ONU.
Los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, “incluyendo la restitución de las tierras ocupadas por colonos no indígenas”, y para investigar los ataques perpetrados por esos colonos o por “terceros ocupantes” son reclamados por distintas instancias de la ONU. Ese proceso de “saneamiento de tierras” resta por hacer, al igual que las investigaciones de los ataques denunciados. Destacan “episodios de violencia en los territorios de la Costa Atlántica”, en perjuicio “de la vida e integridad personal de las Comunidades Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As debido a la violencia de terceros”, pendiente de saneamiento “a pesar que el título de propiedad colectiva fue entregado en 2005”.
Los derechos de las mujeres y las niñas, enfrenta el obstáculo de la prohibición total del aborto, que choca con “los estándares internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos”. Equivocadamente “el gobierno señaló que se habría tratado de imponer el aborto contra la tradición y cultura nicaragüenses”, inclinándose por la compra de anticonceptivos, “que continúan sin estar disponibles en centros públicos de salud”. En cambio, los índices de participación de las mujeres en los ámbitos económico y político es uno de “los más igualitarios del mundo” con respecto a los hombres, según los indicadores educativos, políticos, y económicos consultados por la ONU. Por lo demás, los derechos económicos, sociales y culturales en Nicaragua, es una asignatura pendiente de evaluación, “debido a la escasa información oficial publica y actualizada”, sabiendo solamente el esfuerzo proclamado “por mantener el gasto de salud y educación”.
En resumidas cuentas, el Secretario General y la Alta Comisionada coincidieron en que el “deterioro progresivo desde 2018” de la situación en Nicaragua, se debe a la “falta de reformas institucionales y legislativas” para “restaurar el estado de derecho y la separación de poderes”, y a su vez resolver “el aislamiento de la comunidad internacional” y revertir “las severas restricciones del espacio cívico, el hostigamiento a las voces críticas y la situación de las personas detenidas”.
Los ejes de las recomendaciones propuestas por Michelle Bachelet y Antonio Guterres se articulan en implementar “una reforma judicial que garantice la independencia e imparcialidad del poder judicial”, más “alinear la legislación interna a las normas y los estándares internacionales de derechos humanos”, junto a la liberación “sin condiciones a todas las personas arbitrariamente detenidas y sentenciadas, dejando sin efecto sus procesos y condenas”, amén de cooperar con la ONU y permitir la entrada al país de su personal.
Al tiempo instaron a “reponer el espacio cívico” devolviendo “la personalidad jurídica y los bienes de las organizaciones que fueron clausuradas, protegiendo su libre funcionamiento, y absteniéndose de cancelar arbitrariamente la personalidad jurídica de más organizaciones y medios de comunicación”, y “eliminar todos los obstáculos que favorecen la impunidad de los perpetradores de violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril del 2018, y reparar a todas las víctimas”.
