Por Alonso Rosales
Observador Internacional
El asesinato de María Camila Potosí, una joven colombiana de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, ha conmocionado a Colombia y ha vuelto a poner en el centro del debate la persistente crisis de violencia contra las mujeres en el país. La joven fue encontrada sin vida el 20 de julio en una zona rural de Cali, con signos de tortura, heridas de arma blanca y atada de pies y manos. La autopsia reveló un hecho aún más estremecedor: el cuerpo de la bebé que gestaba no se encontraba en su vientre, un elemento que ha intensificado la investigación y ha generado indignación nacional.
La Fiscalía colombiana mantiene abiertas varias líneas de investigación y, hasta el momento, no ha informado sobre capturas ni ha confirmado una hipótesis oficial. Mientras tanto, la Alcaldía de Cali elevó la recompensa a 200 millones de pesos colombianos para quien aporte información que permita identificar y capturar a los responsables, además de localizar a la recién nacida, cuya familia esperaba llamar Alaya.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres expresaron su preocupación por el caso y advirtieron que no se trata de un hecho aislado.
La organización Sisma Mujer sostuvo que el asesinato refleja las profundas fallas institucionales en la prevención de la violencia basada en género y reiteró que la impunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para proteger a las mujeres colombianas.
Por su parte, el Observatorio Feminicidios Colombia manifestó que el crimen evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para mujeres embarazadas y mejorar la capacidad investigativa del Estado frente a desapariciones y feminicidios.
La Fundación Justicia para Todas también exigió una investigación rápida y transparente, señalando que cada caso sin resolver envía un mensaje de permisividad frente a la violencia machista.
La Personería Distrital de Cali afirmó que el incremento de los homicidios de mujeres exige una respuesta coordinada entre las instituciones y recordó que la violencia de género constituye un problema estructural que afecta a miles de familias colombianas.
Las cifras respaldan esa preocupación. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Colombia, el país registró 614 feminicidios en 2022, 630 en 2023 y 746 en 2024. El Observatorio Feminicidios Colombia documentó 621 casos durante 2025, mientras que organizaciones independientes ya reportaban decenas de feminicidios durante los primeros meses de 2026.
La problemática, sin embargo, trasciende las fronteras colombianas.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres, América Latina y el Caribe continúan siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para las mujeres fuera de contextos de guerra. Cada año se registran miles de feminicidios, con tasas especialmente elevadas en países como Honduras, República Dominicana, Brasil, México y Argentina. Organismos internacionales estiman que la región supera los 4.000 feminicidios anuales, aunque advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido al subregistro y a las diferencias en la tipificación penal entre países.
En Estados Unidos, el panorama también genera preocupación. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y del Violence Policy Center indican que más de 2.000 mujeres son asesinadas cada año, muchas de ellas por parejas o exparejas. Diversos estudios sostienen que la violencia doméstica sigue siendo una de las principales causas de homicidio de mujeres en el país.
En la Unión Europea, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) estiman que alrededor de 2.000 mujeres mueren anualmente como consecuencia de la violencia ejercida por sus parejas o familiares. Aunque varios Estados han fortalecido su legislación, las organizaciones especializadas advierten que persisten importantes desafíos en materia de prevención, protección y acceso efectivo a la justicia.
El caso de María Camila Potosí se ha convertido en un símbolo de una realidad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Mientras su familia espera respuestas sobre el paradero de la bebé y la identificación de los responsables, organizaciones sociales insisten en que la lucha contra los feminicidios requiere políticas públicas sostenidas, instituciones más eficaces y una justicia que actúe con rapidez para evitar que estos crímenes queden en la impunidad.
Fuentes: France 24, EFE, Fiscalía General de la Nación de Colombia, CEPAL, ONU Mujeres, Sisma Mujer, Observatorio Feminicidios Colombia, Fundación Justicia para Todas, Violence Policy Center, CDC, Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) e Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE).
