El viernes 20 del corriente y en horas de la tarde, el Tribunal quinto de sentencia hizo público el dictamen por medio del cual exime de responsabilidad civil a la familia del fallecido Francisco Flores, aún en contra de la norma, según la cual en casos como el presente debiese ser quién asuma la responsabilidad de reintegrar lo sustraído al estado [por malversación de $15 millones de dólares desviados provenientes de una donación de Taiwán y para fines particulares -Art.116 y 247, Ord 5o, Cod.Pn- con los consecuentes prejuicios derivados y la inacción estatal], por la flagrante negligencia de la FGR que se presentó al proceso con fotocopias de documentación oficial probatoria y sin dar cuentas de los originales de los mismos, violentando la norma con tal indolencia y favoreciendo de nuevo la evasión de la responsabilidad pecuniaria que aquella "práctica" (hay que recordar que el señor Flores la llamo de esa manera en la entrevista pública que le realizó el diputado Francisco Merino en la sede de la Asamblea Legislativa, en donde acepto que durante su administración se desviaron recursos públicos para fines particulares en "saquitos", así como en las de los expresidentes Cristiani y Calderón, que estos se apresuraron a desmentir la misma tarde, y que es también puntualizado en diferentes informes de entidades internacionales como el FMI, BM, la CEPAL, etc.).
Tal resultado se veía venir si consideramos la racha de hierros que la FGR lleva a rastras cuando se trata de defender los intereses públicos y en contra de los poderes económicos establecidos (como en el caso CEL-ENEL y otros) en los que la hacienda, recursos públicos y el fisco son defraudados descarnadamente por particulares, pues los defensores asignados son manifiestamente incapaces y mediocres intencionadamente, por decir lo menos, perdiendo los casos, aún y cuando los deudores, tal es el caso presente, reconocieron públicamente ser responsables del robo del que se les acusa en la causa seguida, y otras entidades del estado también señalan el delito (la sección de Probidad de la CSJ le endilga al señor Flores enriquecimiento ilícito en marzo de 2016), estimulando con tales prácticas la corrupción pues se favorece los delitos de cuello blanco, y alentando a otros a realizarlos.
Y es que en hechos como éste se evidencia no solo la parcialidad del aparato judicial cuando de pudientes se trata, pero además la manifiesta ineptitud procesal de los agentes responsables de la defensa del Estado, puesto que nadie es tan tardo en su desempeño, a no ser que sea ello intencional, premeditado, un arreglo pactado para así resolver jurídicamente en favor de los infractores, denegando la justicia, y estimulando la corruptela de los sectores acomodados y sus allegados.
Luego entonces queda solo acertar que el proceso es una comedia, una simulación, una farsa para aparentar que se defienden los intereses soberanos, siendo el último de los intereses del aparato en pleno, y en cambio, vertiéndose a la defensa de las élites, además del modelo generador de estas costumbres.
¿Debemos conservarlo?
