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miércoles, 12 de mayo del 2021

Ejercer autonomía cobra factura, aún contra la misma CIDH

En junio, en el marco de las protestas contra la discriminación racial en Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al gobierno estadounidense para avanzar en reformas estructurales en sus sistemas de seguridad y justicia, instándole a hacer de dichas reformas un eje central de transformación en la erradicación del racismo institucional presente en la actuación de las autoridades policiales y el funcionamiento del sistema de justicia en ese país.

Dos meses después, este comunicado de la CIDH ha sido borrado de la página web de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su Secretario General, Luis Almagro, de manera sorpresiva anunció su decisión de no renovar el mandato del Secretario General de la CIDH, Paulo Abrão.

Han circulado distintas versiones de los motivos por los que Almagro tomo esta acción contra la CIDH pese a que la decisión de continuar la gestión de su secretario general fue tomada por unanimidad en la CIDH ocho meses atrás sin que se conociese objeción alguna. Para Almagro, se trata de garantizar derechos humanos del personal de la misma OEA a partir de lo que afirmó han sido varias denuncias por acoso laboral contra Abrão que no fueron tramitadas y se recogen en un informe de carácter confidencial entregado por la ombudsperson de este organismo al mismo Almagro. Para la CIDH, esta decisión unilateral constituye un franco desconocimiento de su independencia y autonomía, que busca la separación de facto de su secretario ejecutivo.

No es primera ocasión en que se evidencian fisuras entre el sistema interamericano de derechos humanos y la estructura político-burocrática de la OEA capaz de favorecer una reelección de Luis Almagro como su secretario general. Tampoco es primera ocasión en que el uruguayo se ve envuelto en un conflicto que oculte intereses reales en aspectos meramente formales, particularmente cuando los señalamientos de la CIDH se han dirigido a los Estados Unidos o a sus alianzas. No se trata de desvirtuar posibles denuncias hechas por personal de la OEA, pero si debe señalarse que no es hasta que las mismas han sido verificadas y en concordancia con principios de debido proceso, puede fundamentarse una acción contra la persona contra quien las mismas hayan sido dirigidas.

Mas relevante que la argumentación o excusa que pudiese esgrimirse es el hecho de que para que la comisión interamericana pueda llevar a cabo su mandato de supervisar y promover los derechos humanos en el hemisferio, es indispensable que sean respetadas las normas sobre las que se construyó el sistema interamericano de derechos humanos, las cuales responden a la necesidad de resguardar la competencias y autonomía institucional de este organismo. Que un actor marcadamente político pueda determinar quiénes desempeñan cargos en la CIDH o separarlos de los mismos, deja a esta instancia en franca desventaja en detrimento de su credibilidad.

La puerta al diálogo ha quedado abierta por la CIDH y retomada por Almagro en sus respectivos comunicados públicos. La renovación del mandato de Abrão no debería ser un punto abierto a ningún tipo de negociación. Lo cierto es que de dejar pasar este incidente deja a la CIDH vulnerable a manipuleos de fuerzas descontentas con la labor realizada hasta ahora, usualmente vinculadas con los estados que han sido señalados por su responsabilidad en graves hechos tanto del pasado como del presente. La tensa pregunta que flota en el ambiente, sin embargo, es ¿quiénes tienen en los poderes de decisión de OEA la correlación suficiente entre Almagro y la CIDH para impedir que esto sea ya un hecho consumado?. No encontraremos fácil respuesta a esto, pero de ello dependerá el final de esta historia.

(*) Periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz

Celia Medrano
Celia Medrano
Defensora de los DDHH

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