El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que el diputado pecenista, Antonio Almendáriz, no puede ingresar al territorio de ese país debido a que es señalado de cometer asesinatos en contra de extranjeros durante la Guerra Civil Salvadoreña.
El representante del departamento de Sonsonate bajo la bandera del Partido de Concertación Nacional, fue señalado por estos hechos cuando desempeñaba su cargo de oficial militar.
La nación del norte señala que Almendáriz participó en "graves violaciones" a los derechos humanos, entre ellos, la ejecución extrajudicial de la médico española, Begoña García, que fue cometido el 10 de septiembre de 1990 en Santa Ana.
Estados Unidos toma este tipo de medidas, cuando hay información "creíble" de que funcionarios de gobiernos extranjeros, han estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos o en actos de corrupción significativos.
Como consecuencia, tanto Almendáriz como los miembros de su familia inmediata tienen prohibida la entrada a Estados Unidos.
Un funcionario del gobierno estadounidense indicó bajo condición de anonimato que este tipo de acciones a veces se producen tardíamente porque las autoridades estadounidenses se percatan de estos abusos cuando un individuo pide una visa para entrar al país.
Informe de la Verdad (ONU-1993)
Mientras tanto, la diplomacia estadounidense indicó que Washington condena todos los abusos contra los derechos humanos perpetrados por ambas partes del conflicto en la Guerra Civil, que dejó más de 75.000 muertos y desaparecidos.
"La acción de hoy resalta nuestro apoyo a los derechos humanos y nuestro compromiso con la justicia para las víctimas y para promover que haya una rendición de cuentas para los perpetradores", indicó el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Respecto al caso de la doctora García, mejor conocida en la guerrilla como “Alba”, la Comisión de la Verdad concluyó que la joven fue ejecutada en "flagrante contravención del derecho internacional humanitario".
Según los archivos de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil entre 1980 y 1992, García estaba en el puesto médico en el que trabajaba, situado en el departamento de Santa Ana, a 66 kilómetros de San Salvador, cuando éste fue atacado por fuerzas militares de la Segunda Brigada de Infantería, bajo el mando inmediato del teniente Salvador Hernández García, y el mando superior del Tte. Coronel del Ejército José Antonio Almendáriz Rivas.
En el “asalto”, los militares capturaron a la doctora quien se encontraba herida y con siete meses de embarazo.
Pese a que la fémina estaba en condición de desventaja, los militares no tuvieron piedad y le descargaron dos tiros en la nuca a corta distancia de dos centímetros.
La ejecución extrajudicial fue ocultada con la participación de la policía, peritos y autoridades judiciales, y el cuerpo de la doctora fue enterrado al día siguiente de su fallecimiento.
Existe plena evidencia de la responsabilidad del Poder Judicial a partir de la actuación del Juez Primero de lo Penal del Distrito judicial de Santa Ana, Óscar Armando Áviles Magaña, y del médico forense de turno, Neftalí Figuero Juárez, quienes participaron en el reconocimiento del cadáver de Begoña García Arandigoyen, omitieron en el registro las dos heridas por disparos realizados a escasos centímetros de distancia, incumpliendo con su deber de llevar a cabo una investigación completa e imparcial sobre las causas de su muerte.
Cuatro días después de su muerte, el 14 de septiembre de 1990, el cadáver fue exhumado ante la presencia de personal de la embajada de España.
En este momento, miembros del FMLN colocaron una bandera del partido en el féretro, como señal de respeto a la galena que inició su labor en América en Nicaragua en 1989 y luego hizo contacto con el FMLN para trabajar en el territorio salvadoreño.
El cuerpo fue llevado a Guatemala por vía aérea, luego a la capital de España en donde fue trasladado a Tudela en Pamplona, Navarra y finalmente fue inhumado en Puente la Reina.
El entonces embajador español en El Salvador, Francisco Cádiz Deleito, señaló que el cuerpo de la médica tenía tres impactos de bala, pero la posterior autopsia reveló que eran al menos seis.
Tras el fin de la guerra, un decreto de 1993 estableció una amnistía para miles de crímenes ocurridos durante el conflicto, que en 2016 fue dejada invalida por lo que se están reabriendo los expedientes de los criminales de guerra.
Por lo que, Almendáriz Rivas se suma a otros 13 salvadoreños recientemente designados bajo la disposición legal 7031c por su participación en graves violaciones a los derechos humanos.
Los otros 13 salvadoreños son los exmilitares salvadoreños involucrados en la planificación y ejecución de las ejecuciones extrajudiciales de seis sacerdotes jesuitas y otros dos refugiados en el centro pastoral jesuita el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Americana de El Salvador: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra , Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Angel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio. Ellos fueron incluidos en esa disposición en enero de este año.
Buscará “limpiar su nombre”
Ante esta noticia, Almendáriz señaló este jueves que espera que la justicia salvadoreña le permita aclarar que él no participó en ninguna ejecución extrajudicial tras conocerse que Estados Unidos lo vetó de ingresar a ese país tanto a él como a su familia por su participación en una flagrante violación de derechos humanos.
Informe de la Verdad (ONU-1993)
De acuerdo con Almendáriz, este veto para ingresar a Estados Unidos ya se lo había comunicado Estados Unidos.
“Desde hace varios años el señor cónsul me llamó a la embajada y se me comunicó eso, estoy esperando que se de la ley que va abrir todos los casos de la guerra para poder limpiar mi nombre. La Comisión de la Verdad en menos de un año vio 3,000 casos o sea que se sacó todo a la carrera y por eso en el caso de nosotros no pudimos ser escuchados para que se de el debido proceso de esa nueva ley que permita que todos vayamos a los tribunales. Espero que la justicia salvadoreña nos permita limpiar ", sostuvo.
El legislador explicó que desde 2016 se le notificó cuando se derogó la Ley de Amnistía se le comunicó que no podían ingresar a Estados Unidos y señaló que no confía en el informe de la Comisión de la Verdad porque no fue escuchado en juicio.
