La misión de Estados Unidos que participa en el Examen Periódico Universal (EPU) que se realiza en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, señaló su preocupación que en El Salvador se registren intentos por parte de sectores políticos de bloquear la justicia transicional.
A lo que se refiere el representativo estadounidense, es a lo denunciado por organizaciones sociales nacionales que grupos de poder están obstaculizando el verdadero objetivo de resarcir los daños a víctimas del pasado conflicto bélico salvadoreño, para que no se vean entorpecidos sus intereses.
Muestra de ello, es lo que desarrolla en la Subcomisión Política para el análisis del informe presentado la Comisión Ad hoc para estudiar el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, ya que los diputados aseguraron que necesitaran más tiempo de lo que le otorgó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para elaborar un proyecto de ley.
El presidente de la instancia legislativa, Roberto Angulo, del Partido de Concertación Nacional (PCN), dijo que no tienen tiempo ni están listos para presentar una propuesta de ley. El principal obstáculo agregó, es que a última hora han recibido propuestas de organizaciones sociales y de otros sectores. Pero también organismos internacionales en materia de derechos humanos han hecho sugerencias.
Por su parte, Argentina expresó preocupación por las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura.
Japón, también, dijo que es importante fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, mejorar pidieron la protección para mujeres y niños y rectificar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas.
Estos puntos que tocaron estas naciones son deuda pendiente de parte del Estado Salvadoreño, en las dos sesiones a las que ha sido sometida anteriormente.
Mientras tanto, la delegación que está encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Geraldine Béneke, fue felicitada por algunos programas sociales del gobierno anterior, como Ciudad Mujer y la Secretaría de Inclusión Social, ya cancelados.
El EPU se realiza cada cuatro o cinco años y constituye el mecanismo que ha establecido el CDH para mejorar la situación de los derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU.
El Salvador ha sido examinado en dos ocasiones, la última vez fue en octubre de 2014.
Según las organizaciones sociales, tras el segundo examen, El Salvador recibió 159 recomendaciones relacionadas con la garantía, promoción y protección de los derechos humanos, de las que "apenas se han cumplido unas 20".
