Santos López Alonzo, un exmilitar guatemalteco de 64 años acusado de asesinar a 160 personas en una mascare ocurrida en la aldea Dos Erres durante la guerra civil de Guatemala en 1982, fue deportado este miércoles desde los Estados Unidos a dicho país centroamericano, luego de que una corte estadounidense le negara la petición de permanecer en territorio norteamericano.
López, enviado por avión y entregado por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) a las autoridades guatemaltecas, fue parte de una unidad élite del ejército de su país y uno de los cuatro sospechosos de dicha masacre. De los cuatro señalados, dos purgan condenas en cárceles estadounidenses y otro fue deportado a Guatemala en donde lo condenaron a seis mil años de prisión.
De acuerdo con la agencia de prensa The Associated Pres (AP), López aseguró que durante la masacre únicamente le correspondió vigilar a mujeres y niños pero que no mató a nadie. Ahora el exmilitar teme represalias de autoridades guatemaltecas o de otros reos, por ayudar a las investigaciones que concluyeron la condena de uno de sus antiguos compañeros.
Actualmente más de una docena de militares son reclamados por la justicia guatemalteca por su participación en dicha masacre ocurrida en el momento más intenso de la guerra civil que dejó un saldo fatal de 200 mil muertes hasta su finalización en 1996.
De acuerdo con informas de la Comisión de la Verdad creada para investigar la masacre en Dos Erres, el Ejército guatemalteco en alianza con Estados Unidos, fue el responsable de la mayoría de las muertes de aquella fatídica operación de diciembre de 1982.
Más de 10 años después, el gobierno guatemalteco inició una investigación de la masacre, desenterrando 162 esqueletos y emitiendo orden de captura contra 17 militares señalados, entre ellos, Santos López.
López se dedicó a la agricultura tras su salida del Ejército en Estados Unidos, sin embargo, fue capturado en 2010 y fue acusado de regresar ilegalmente al país tras ser deportado. No obstante no volvió a ser deportado sino quedó detenido como testigo en el juicio contra uno de sus excompañeros implicado también en la masacre. En Julio, un Tribunal Federal de Apelaciones en San Francisco rechazó su petición de permanecer en Estados Unidos.
Con informes de El Periódico
