El confinamiento por el COVID-19 ha originado cambios abruptos en los procesos de producción y consumo, debido a la paralización de las actividades económicas, restricciones a la movilidad de las personas, la no circulación de vehículos, el cierre de los aeropuertos; así como al distanciamiento social que se ha establecido para evitar una mayor propagación del virus. Esta situación ha generado efectos positivos momentáneos en beneficio del medio ambiente, como una mejora en la calidad del aire y descontaminación de algunos territorios por la poca generación de vertidos en algunos cuerpos de agua. La suspensión de eventos deportivos, sociales y culturales, ha disminuido la concentración de personas y originado que tengamos carreteras y caminos desolados, donde la naturaleza ha reclamado espacio, pues se han visto diversos tipos de animales salvajes explorando estas zonas.
Sin embargo, estas señales de alivio ambiental, son pasajeras y no resuelven la crisis climática que estamos viviendo en la actualidad. Ya varios países han iniciado la reapertura gradual de sus economías, sin hacer mayores cambios en los patrones de consumo y contaminación tradicionales; pues más allá del distanciamiento social y la realidad que impone el teletrabajo para algunos sectores, no hay apuestas innovadoras para hacer cambios en los modelos de desarrollo, lo cual naturalmente devendrá en un incremento abrupto los niveles de contaminación debido al afán de recuperar las economías que han sido afectadas por el COVID-19.
El Salvador, históricamente ha sido afectado por el impacto del cambio climático; pues según el Ministerio de Medio Ambiente, el 88.7% del territorio se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población, lo que implica un elevado nivel de vulnerabilidad, sumado que formamos parte de Centroamérica, una de las regiones más vulnerables del planeta ante la ocurrencia de fenómenos climáticos como lluvias, sequías, terremotos, pandemias y otros.
El estimado de lluvia anual que cae en el territorio salvadoreño es de 1,800 mm de agua, lo cual se da en la época de invierno que va desde los meses de mayo a octubre. Este año, con 7 días de lluvia constante provocadas por la tormenta tropical Amanda y Cristóbal entre la última semana de mayo y la primera semana de junio; según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente; se registró un promedio nacional 500 mm de acumulación de agua lluvia, lo que significa que en una semana se tuvieron precipitaciones equivalentes al 27.8% de toda el agua lluvia que cae anualmente en todo el país. Incluso en lugares como el Volcán de San Miguel y el Volcán de Conchagua, se registró una acumulación de agua lluvia de más de 850 mm, lo que equivale a un 47% del promedio de lluvia anual.
Las lluvias generaron un aumento en el cauce de los ríos y quebradas; lo cual se tradujo en desbordamientos de importantes cuerpos de agua como el Río Grande de San Miguel, Río Paz, Rio Lempa, Laguna El Jocotal; así también, hubo desbordamientos en una buena cantidad de quebradas que atraviesan las zonas urbanas del Área Metropolita de San Salvador, La Libertad, Sonsonate, Santa Ana y San Miguel, entre otros; provocando inundaciones que afectaron viviendas, puentes y carreteras. Asimismo, por la saturación de agua en los suelos, se presentaron deslizamientos de tierra, que arrastraron rocas, árboles y sedimentos, causando pérdidas humas, destrucción de viviendas y daños a las principales de vías de acceso en el país. Hubo municipios y comunidades que quedaron incomunicadas por esta situación. El exceso de agua también impacto en diferentes cultivos, como el maíz, dejando muchas parcelas inundadas, lo que hará perder las cosechas a cientos de pequeños productores y productoras. El Ministerio de Agricultura, pérdidas por 22 millones de dólares en el agro salvadoreño.
El impacto de las lluvias no es nuevo, pues históricamente el país ha sufrido los embates generados por intensas lluvias en determinados momentos del tiempo. En el siguiente cuadro, se presenta una breve comparativa del impacto generados por fenómenos climáticos relacionados con la lluvia en las últimas dos décadas El Salvador.
En los últimos 22 años, hemos tenido 5 tormentas tropicales que han generado estragos en el país: el Huracán Mitch (1998), la Tormenta Ida (2009), la Tormenta Agatha (2010), la Tormenta 12E (2011) y la Tormenta Amanda (2020); los cuales, según estimaciones oficiales, han ocasionado 508 fallecidos y más de 900 mil personas afectadas; con unas pérdidas económicas en infraestructura, cultivos, viviendas y actividades económicas que sobrepasan los 1,865 millones de dólares.
El impacto económico causado por el COVID-19 en el país, aún es incalculable, pues las actividades económicas has estado paralizadas en un 80% en todo el país; afectando a las grandes, medianas, pequeñas y microempresas, algunas de las cuales están en una situación crítica a tal grado que no han podido garantizar los puestos de trabajo de sus empleados. Esto es más grave para los micro empresarios y emprendedores, quienes en su mayoría han perdido clientes y entrado en una situación de quiebra. Según la CAMARASAL, un estimado de 1.1 millones de empleos se verán afectados en el país, de los cuales 350,000 corresponden al sector privado formal y el resto son de actividades informales.
El Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda, prevén que este año el crecimiento económico del país será negativo en el orden de -4.3%, mientras que otras instituciones como FUSADES y FUDECEN, estiman que el crecimiento negativo será mayor a -7.0%. El BID también ha estimado que la pobreza en el país se verá incrementada de un 28 a un 39%, incluso más, por el impacto del COVID-19.
Esta realidad, nos indica que los procesos de desarrollo que se han tenido en el país, han generado un impacto negativo en nuestros recursos naturales y en la biodiversidad; provocando el aumento de la vulnerabilidad, afectando el suministro de alimentos, el acceso al agua potable, la generación de energía, la infraestructura, la vida de la población y la sostenibilidad de nuestra economía; lo cual se traduce en una creciente incertidumbre en el acceso a medios de vida dignos para la población.
El COVID-19 y las recientes lluvias, han vuelto a recordarnos la vulnerabilidad que tenemos en el país; la cual es causada por una combinación de malas prácticas, entre las que destacan: 1) el alto nivel de degradación ambiental de los suelos y las cuencas hidrográficas, causado por la deforestación, contaminación y malas prácticas agrícolas como las quemas y uso excesivo de agroquímicos; 2) la mala planificación de la expansión urbana en cuanto al desarrollo de infraestructura, manejo de los desechos y creación de espacios verdes que favorezcan la infiltración de agua, 3) el alto crecimiento poblacional concentrado en las grandes ciudades del país, y 4) la falta aplicación de la política pública y las leyes relacionadas con el medio ambiente de nuestros territorios; debido a que se cuenta con una institucionalidad débil y entidades rectoras que no cuentan con las herramientas para hacer cumplir las regulaciones ambientales y el ordenamiento territorial que contribuya al desarrollo sostenible en el país.
Estas malas prácticas tienen a su base unas condiciones estructurales, las cuáles de no cambiarse, pueden perpetuar una situación insostenible que impida un desarrollo equilibrado y la construcción de resiliencia ante el cambio climático, volviéndonos más vulnerables ante la ocurrencia de tormentas tropicales, la aparición de pandemias como el COVID-19 y otro tipo de fenómenos naturales antes los cuales también somos vulnerables, como las sequías, los terremotos y las erupciones volcánicas. Estas condiciones estructurales se describen a continuación:
En primer lugar, la centralización del desarrollo del país en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y la zona sur de la Libertad, donde se concentran las actividades económicas y los servicios que mueven la economía del país. En el año 2018, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, los ingresos tributarios que recibió el gobierno central en concepto de IVA, Renta y otros impuestos, provenían en un 90.9% de los departamentos de San Salvador y La Libertad; mientras que el aporte del occidente del país fue de un 3.9% y la zona oriental un 3.3%.
En segundo lugar, el poco acceso a oportunidades de trabajo formal y con salario digno, que no permite que una amplia mayoría de la población tenga acceso a medios de vida que le permitan salir de sus condiciones de pobreza multidimensional y hacer frente a sus condiciones de vulnerabilidad. Según datos de la DIGESTYC, en el año 2018 el 42.5% de los empleados estaban en el mercado laboral informal, con ingresos bajos, sin cobertura del seguro social y sin acceso al sistema de pensiones; lo cual limita su acceso a créditos formales y a servicios de salud y educación de calidad, poniendo en riesgo el poder contar con condiciones mínimas para para una vida digna y una vejez tranquila.
En tercer lugar, las brechas abismales que existen en cuanto al ingreso, que generan una situación en que hay una mayoría que tiene poco y una minoría que tiene mucho. Según datos de Oxfam, el 20% de la población más pobre del país recibe únicamente el 4.9% de la riqueza que se genera y un el 20% de la población más rica, concentra el 48.4% de la riqueza que se genera en el país. La desigualdad económica es tan grande que, en el 2015, se reveló que 160 millonarios del país acumulaban una riqueza equivalente el 87% del PIB nacional.
Atender la vulnerabilidad, y echar mano de todos los medios posibles para reducirla, debe ser una de las principales tareas de las instancias gubernamentales, desde el nivel municipal hasta el nacional. Ello supone dar prioridad a las necesidades de los más pobres, pues ellos serán siempre los más afectados ante la ocurrencia de fenómenos naturales relacionados con el cambio climático.
El gobierno de El Salvador prevé iniciar la reapertura gradual de la economía a partir del 15 de junio de 2020, cuando se cumplen 86 días de confinamiento con condiciones de distanciamiento social y restricciones de movilidad a causa del COVID-19; lo cual ha incrementado la vulnerabilidad económica de miles de familias que han perdido sus fuentes de empleo e ingreso. A esto suma el impacto de las lluvias generadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que son apenas las primeras tormentas tropicales con las que arranca la temporada de huracanes en Centroamérica e inicia el invierno en nuestro país.
Los estragos de las lluvias y el impacto del confinamiento requieren que hacia adelante la inversión pública se planifique para que tengan un impacto eficiente, pues en los próximos meses aparecerán epidemias transmitidas por los zancudos, condición propia del invierno, a lo cual hay que ponerle atención.
El COVID-19 y las lluvias generadas por Amanda y Cristóbal, deben hacernos reflexionar sobre el tipo de desarrollo que tenemos en El Salvador. Es el momento de trabajar conjuntamente para disminuir la presión que estamos generando a nuestro medio ambiente, lo cual implica promover el uso sostenible de los recursos naturales, proteger los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Para esto, es necesario realizar procesos de planificación participativa en los territorios, mejorar la gestión del conocimiento en cuanto a investigación y aplicada; así como fortalecer las capacidades de las comunidades, los gobiernos locales, los organismos de cuenca y las asociaciones de municipios. Es importante apostar a la comunicación estratégica y contar con una política pública robusta y una institucionalidad fortalecida para hacer frente al reto del cambio climático.
Las condiciones actuales y venideras de nuestro país son extremadamente graves; y la búsqueda de soluciones requiere la articulación y trabajo conjunto de los diversos actores presentes en la sociedad salvadoreña; pues en caso contrario, estamos condenados a permanecer en una situación de polarización social, estancamiento económico; así como el incremento de la degradación ambiental y la profundización de las brechas de desarrollo en nuestros territorios.
Los médicos y científicos alrededor del mundo nos dicen que la pérdida de biodiversidad facilita la transmisión y propagación de patógenos (virus o bacterias) procedentes de especies animales, como es el caso del COVID-19 y otros tipos de virus y bacterias que pueden afectar fuertemente la salud humana. Desde el momento que generamos una alteración en la biodiversidad, como cuando destruimos un bosque, acabamos con las colonias de abejas o contaminamos los cuerpos de agua, estamos alterando las complejas relaciones que existe entre los animales y los seres vivos que mantienen los patógenos controlados. Es por ello que tener territorios sanos, con menos degradación ambiental y mayor diversidad es nuestro mejor antivirus.
Existe una relación directa entre la destrucción y contaminación de la naturaleza con el aumento de la vulnerabilidad y las epidemias. Ante la crisis sanitaria y la vulnerabilidad que estamos viviendo actualmente por el COVID-19 y las lluvias originadas por Amanda y Cristóbal; nuestro país está atravesando por una situación difícil, pues se ha generado una crisis social y económica profunda que se traducirá en un crecimiento negativo de la economía y un incremento en los niveles de pobreza y desigualdad territorial.
En este mes, que celebramos el día mundial del medio ambiente y desde el confinamiento que estamos viviendo en nuestros hogares, es importante que reflexionemos y comprendamos que la mejor vacuna para el futuro es proteger la naturaleza y la biodiversidad; pues en caso contrario, heredaremos un planeta con territorios enfermos e inhabitables para nuestros hijos y las futuras generaciones.
El COVID-19 y las primeras lluvias del invierno 2020; nos han dejado una importante lección: hemos generado una sobreexplotación de los recursos de nuestros territorios. El confinamiento, la restricción de movilidad y la pausa en las actividades económicas; nos han mostrado que al establecer y hacer cumplir regulaciones y controlar los recursos que consumimos, podemos mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Por ello, ante la inminente reapertura total de la economía en los próximos meses; es importante crear conciencia ciudadana para cambiar los hábitos de consumo, pensar nuevas formas de movilidad y poner en práctica nuevas tecnologías y otras acciones complementarias que nos permitan mejorar la relación y armonía de las actividades económicas con el medio ambiente.
Esta alarmante situación en que se encuentra nuestro país, hay que verla como una oportunidad para repensar el desarrollo de una mejor manera; lo cual pasa por facilitar canales de comunicación y diálogo entre los diferentes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); para trabajar conjuntamente y bajo una política de puertas abiertas con los diferentes actores de la sociedad salvadoreña (gobiernos locales, asociaciones de municipios, sector privado, ONG, academia, redes de mujeres, grupos de jóvenes, organizaciones comunitarias, etc.); y el establecimiento de vínculos con entidades de cooperación y otros organismos internacionales.
La mejor vacuna y seguro de vida que podemos encontrar para el futuro es proteger la naturaleza y la biodiversidad de nuestros territorios, pues de esa manera se crearán condiciones para avanzar en el cumplimiento de los ODS y reducir los altos niveles de vulnerabilidad ambiental del país.
¡No hay territorio sin futuro!, lo que tenemos son territorios sin proyecto; y es nuestra responsabilidad involucrarnos en la construcción del proyecto de desarrollo sostenible de nuestro propio territorio, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.
