La emergencia nacional y sanitaria provocada por COVID-19 ha evidenciado como nunca la pobreza y exclusión, la inseguridad alimentaria, la precariedad del empleo formal, la omnipresencia del trabajo informal y el desabastecimiento de agua, manifestaciones todas de la fragilidad socio económica que aún persiste en país, a pesar de ciertos avances en algunos indicadores logrados en los años recientes.
Para proteger el interés económico de los consumidores que han visto disminuidos sus ingresos durante la pandemia, en el país se prohibió temporalmente el corte de los servicios de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, se postergó el pago de las facturas de servicios públicos y cuotas de créditos personales, hipotecarios y tarjetas de crédito correspondientes a marzo, abril y mayo 2020, y se fijó el precio máximo de mascarillas, alcohol gel, frijol, maíz, arroz, huevos, leche en polvo, cebolla, tomate, papa, repollo, güisquil, ajo, guineo, naranja, plátano, aceite vegetal, margarina y manteca.
Sin duda que las medidas implementadas, han contribuido en alguna medida a la protección de los consumidores identificados como beneficiarios de las mismas, pero la magnitud de los efectos de la pandemia y las deficientes prácticas empresariales implementadas en algunos sectores económicos han estallado las inconformidades de los consumidores en los últimos meses.
Según estadísticas de la Defensoría del Consumidor, entre marzo y mayo 2020, la institución brindó 32,648 atenciones a consumidores y usuarios, un 81,6% superior a las 17,976 atenciones del mismo período de 2019. Las atenciones que la entidad brinda a los consumidores se clasifican en asesorías y denuncias, las que muestran un comportamiento opuesto, ya que, en el mismo período, las asesorías se incrementaron en 93% al subir de 15,934 a 30,757 y las denuncias disminuyeron 7,4% debido a que entre marzo y mayo 2020 fueron 1,891 y en el mismo período de 2019 fueron 2,042 denuncias.
Lo anterior significa que las inconformidades y problemas que tuvieron los consumidores durante la emergencia por COVID-19 se condujeron esencialmente a través del canal de las asesorías. La caída en las denuncias se podría explicar por las restricciones al tránsito y a la libre movilidad que tuvieron los consumidores que optan por canales presenciales de atención.
Al analizar los sectores con más atenciones entre marzo y mayo 2020, se establece que las principales insatisfacciones de los consumidores recaen en servicios (27,07%), telecomunicaciones (19,69%), créditos (15,79%), energía eléctrica (5,39%), artículos del hogar (4,76%), agua potable (4,1%), salud (3,35%), hidrocarburos (1,83%), ahorros (1,69%) y electrodomésticos (1,58%). Es llamativo que en este período el sector servicios encabeza las atenciones, quintuplicando los casos del mismo período de 2019, y en caso del sector salud, es la primera vez que aparece entre los que más concentran las preocupaciones de los consumidores.
En cuanto a los precios de la Canasta Básica Alimentaria compuesta por 19 alimentos básicos, los datos oficiales indican que, en febrero previo a la pandemia, la cesta rural y urbana tenían un precio de U$145.86 y U$199.24, respectivamente, hasta alcanzar en mayo el precio de U$146.96 y U$209.83, para la canasta rural y urbana, respectivamente.
En contraste con lo anterior, al revisar la información de precios diarios que publica el Ministerio de Ganadería y Agricultura y comparar su variación entre el 13 de marzo y el 12 de junio de 2020 (período de emergencia nacional), se detecta que, de un total de 42 alimentos, entre cereales, verduras y frutas, 31 subieron el precio hasta en 212%, 4 se mantuvieron y 7 disminuyeron hasta en 60% su precio.
Es probable que el comportamiento alcista que prevalece en este grupo de alimentos haya sido afectado por las restricciones en el transporte implementadas en el país y la región, pero también debe señalarse que prevalecen prácticas de algunos importadores y comerciantes de cereales, frutas y verduras que son contrarias al interés de los consumidores y a la transparencia en los mercados.
A la luz de lo visto, el país debe revisar y actualizar el marco legal aplicable en casos de emergencia como la vivida por COVID-19, es necesario mejorar la composición de la Canasta Básica Alimentaria, a fin de que responda mejor a los requerimientos alimentarios y nutricionales de la población salvadoreña, y también se debe fortalecer el trabajo de la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Competencia y la Fiscalía General de la República a fin de prevenir y combatir mejor las prácticas empresariales anticompetitivas e ilegales que afectan los intereses económicos de los consumidores.
