Por Alonso Rosales, analista internacional
El 12 de septiembre de 2025 la Asamblea General de las Naciones Unidas dio un paso claro y contundente: aprobó por abrumadora mayoría la denominada “New York Declaration”, una declaración que impulsa pasos concretos, acotados en el tiempo y de carácter irreversible hacia la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina. La votación arrojó 142 países a favor, 10 en contra y 12 abstenciones —una señal política difícil de interpretar como otra cosa que no sea la urgencia de la comunidad internacional por cambiar el rumbo.
¿Por qué insistir en la fórmula de dos Estados? Porque, en su esencia, es la única salida política que reconoce las aspiraciones nacionales y la seguridad vital de ambas partes: un Estado israelí que garantice la seguridad de sus ciudadanos y un Estado palestino viable, soberano y con fronteras reconocidas, que garantice la dignidad y los derechos de millones de palestinos. No se trata de una abstracción diplomática: es una respuesta realista a décadas de violencia, exclusión y fallas institucionales que han terminado por alimentar la radicalización y el ciclo de venganza.
El contundente apoyo del sistema internacional —mayoritariamente los países del sur y de Europa, junto a naciones de Asia, África y América Latina— debe leerse como una advertencia clara a quienes aún apuestan por la solución militar o por la negación del otro como vía. La comunidad global ha hablado: las soluciones puramente militares o de aniquilamiento no traerán paz, sólo más odio y una inestabilidad que trasciende fronteras.
Es legítimo y necesario condenar el terrorismo. El ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamas, que causó la muerte de civiles israelíes y que dejó heridas profundas, exige respuestas firmes. Pero la respuesta estatal no puede transformarse en castigo colectivo, en despojo masivo ni en operaciones que arrasen con la vida civil y el tejido social de poblaciones enteras. La proporcionalidad, el derecho internacional humanitario y la protección de civiles deben ser principios no negociables. La comunidad internacional no puede ni debe legitimar acciones que, en la práctica, producen devastación humana comparable a las mayores tragedias del siglo XX. Reuters
Quien niegue la legitimidad de la demanda palestina por soberanía o quien interprete la búsqueda de un Estado palestino como un gesto de debilidad del orden internacional, está ignorando el dato más elemental: la impunidad y la perpetuación del statu quo han generado condiciones para la radicalización en ambos bandos. Un Estado palestino reconocido, con instituciones fuertes y garantías de seguridad para Israel, reduce incentivos para la violencia y crea canales de negociación, cooperación y normalización que hoy no existen o son insuficientes.
Además, la votación en la ONU es un recordatorio de que los equilibrios diplomáticos han cambiado. Países que tradicionalmente se mantenían neutrales o reacios a reconocer pasos firmes ahora han optado por respaldar el marco de dos Estados y por exigir medidas concretas para proteger civiles y avanzar hacia la paz. Esa presión internacional —si se transforma en diplomacia activa, acompañamiento económico y mecanismos de verificación— puede ser la palanca que haga irreversible lo acordado en sede multilateral.
A los líderes israelíes y a sus aliados internacionales les digo: la seguridad de Israel no se obtiene aniquilando a millones de personas ni cerrando toda posibilidad de Estado para los palestinos. La seguridad sostenible se construye con instituciones, con fronteras claras, con acuerdos de seguridad verificables y con justicia para las víctimas. A los líderes palestinos y a los actores regionales les digo: la legitimidad de la lucha política y diplomática se fortalece cuando se renuncia a la violencia indiscriminada y se apuesta por mecanismos multilaterales y por el Estado de derecho.
La comunidad internacional, representada hoy por una mayoría inequívoca en la ONU, tiene una responsabilidad: pasar de la votación simbólica a la acción práctica. Eso implica no solo palabras, sino planes de reconstrucción humanitaria, mecanismos de protección civil, una fuerza internacional de estabilización temporal si fuese necesario, y, sobre todo, garantías de seguridad y viabilidad para un futuro Estado palestino. Sin esos elementos, la declaración quedará como un buen gesto y poco más.
Si queremos evitar que la tragedia se siga reproduciendo, debemos aceptar que no hay atajos morales ni estratégicos: la solución de dos Estados es la única alternativa pragmática y humana que ofrece una salida a la lógica de exterminio y venganza. La comunidad internacional ya dio una señal: es hora de que todos los actores relevantes—gobiernos, organizaciones multilaterales, y las sociedades civiles—actúen en consecuencia antes de que el conflicto provoque daños irreparables durante generaciones.
La paz es posible, pero exige coraje político, reconocimiento del otro y compromiso con el derecho internacional. No hay excusa para seguir dilatando lo inevitable: dos Estados es la solución para la paz. La comunidad internacional debe despertar y pasar de las resoluciones a los hechos.
FUENTES
Reuters
