La Sala de lo Constitucional dio a los diputados hasta el 13 de noviembre de este año para que formulen la ley que permitirá juzgar los crímenes de guerra civil y llevar reparación a las víctimas de ese conflicto, que dejó 75,000 muertos y cientos de miles de desaparecidos.
En una resolución de cumplimiento de sentencia, los cinco magistrados de la refereida sala aprobaron ampliar el plazo del 13 de julio al 13 de noviembre de este año.
La fecha estará muy cerca de la conmemoración del 30 aniversario del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en la UCA a manos del Ejército (16 de noviembre) y también estará cerca de los 30 años de la fecha de inicio de la Ofensiva hasta el Tope de la guerrilla (11 de noviembre).
Los diputados habían enviado una solicitud para que fueran tres meses más, o 90 días, después del 13 de julio. Con anterioridad, el Laboratorio de Acción Social Contra la Impunidad (LASCI) habían elevado la petición al referido tribunal para que fueran cinco meses adicionales -hasta diciembre- los que se tomarían para tener lista la nueva legislación.
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Esta es la segunda resolución que da seguimiento a la sentencia del 13 de julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico salvadoreño la Ley de Amnistía General (1993) al declararla inconstitucional. En esa misma sentencia ordenó crear una legislación nueva que cumpliera con la búsqueda de la verdad, aplicación de justicia, reparación a las víctimas y con establecer garantías de no repetición de la atrocidades de la guerra.
Pero el cumplimiento de esta sentencia apenas y avanzó. Fue necesario establecer una primera sentencia de seguimiento en julio de 2016, en la que los magistrados emplazaron a los diputados para que tuvieran lista una normativa ajustada a esos principios de justicia transicional. Fue entonces que quedó fijo el 13 de julio de 2019 como fecha final, pero, una vez más, los diputados postergaron el trabajo hasta terminar haciendo un anteproyecto con prisa y alejado de las recomendaciones que hizo la Sala de lo Constitucional en su sentencia original.
El aluvión de críticas por la primera versión del anteproyecto, la continua presión de organizaciones civiles, las exhortaciones de organismos internacionales y la falta de apoyo entre los mismos diputados, al final, propició que los legisladores decidieran pedir una ampliación del plazo.
En el comunicado que la Corte Suprema de Justicia envió para comunicar sobre la nueva resolución, los magistrados firmantes reiteran indicaciones anteriores y agregan otras.
“La Sala de lo Constitucional reitera que en su elaboración debe tomarse en consideración la opinión de las víctimas del conflicto armado, las asociaciones que las representan y otros sectores de la sociedad que se muestren interesados en contribuir a los fines de su elaboración”, detalla el comunicado.
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Los diputados organizaron en junio una serie de entrevistas con representantes de las víctimas, pero seguían trabjando sobre el primero proyecto, ampliamente criticado, llamado Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa pra la Reconciliación Nacional. INcluso celebraron reuniones a puerta cerrada para avanzar. La Sala señaló que el proceso para construir esta ley “no ha sido capaz de generar niveles de confianza mínimos” entre los que representan a las víctimas.
Así, con mínimos avances y la discusión estancada, el martes 2 de julio aprobaron la moción de pedir más tiempo a la Sala.
Los magistrados aprovecharon para insistir en mejorar el proceso de formación de ley, para que ya no sea igual al que se llevó a cabo estos meses anteriores. “Aprobar una ley en estas condiciones no solo significaría el incumplimiento a las obligaciones derivadas de la sentencia pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad y sus resoluciones de seguimiento, sino también un debilitamiento del Estado de derecho”, indica el comunicado.
La acción del Lacoratorio contra la Impundad (LASCI)
Benjamín Cuéllar, del LASCI fue uno de los promotores de la demanda que llevó a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General (1993) y uno de los que tomó iniciativa para hacer la solicitud de prórroga desde el LASCI.
Para Cuéllar, la discusión de la nueva ley de justicia y reparación por los crímenes de guerra debe “salir del ámbito legislativo”. Como parte de la solicitud que llevaron a la Sala, el LASCI recomendó involucrar de manera directa al Ejecutivo en este proceso, “para crear una comisión especial” desde donde se coordine una consulta amplia e incluyente y que se formulen políticas públicas alrededor de la reparación por el conflicto.
Según Cuéllar, la nueva legislación debe tener un alcance “más allá de la reconciliación” y enfocar esfuerzos también con “la dignificacón de las víctimas”.
