Los diputados Marcela Pineda, Raúl Castillo y Christian Guevara presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la lotificadora ARGOZ, quienes habrían estafado a más de 300 familias de las lotificaciones “Los Amberes” de Tapalhuaca y “San Pedro” en San Pedro Nonualco, quienes según los diputados nunca recibieron sus títulos de propiedad.
“La ministra de Vivienda, Michelle Sol, ya presentó el primer aviso en contra de esta lotificadora y el que hemos hecho este día se viene a acumular a este caso. Las escrituras públicas no solo son un documento, sino que se trata de un derecho humano”, indicó la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda.
De acuerdo a las investigaciones, esta problemática lleva más de 20 años sin resolverse. Ya que dicha lotificadora llegaba a un municipio, y entregaban promesas de venta a salvadoreños que deseaban obtener su casa, pero cuando las familias presentaban sus recibos de pago, no se les entregaban sus propiedades, ni la documentación, detallaron los diputados.
Ya que ARGOZ ha implementado diversos mecanismo para evadir la justicia, y argumenta no contar con dinero, para devolver las escrituras a las familias, a pesar de tener un capital de más de 4 millones de dólares; con esta nueva denuncia, se espera que se haga justicia para los salvadoreños que habrían sido estafados, no solo de esta lotificadora, sino en contra de todas las empresas que no han hecho efectivo el contrato de propiedad
“A través de diferentes plataformas, hemos recibido casos relacionados con la estafa que está lotificadora ha estado haciendo a nivel nacional. Quiero hacer un llamado a la población para que continúen denunciando estas injusticias”, dijo el diputado Castillo.
En su momento, líderes de la organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción, denunciaron que “nosotros contratamos comprar terrenos con la corporación Argoz. Nosotros cumpliamos con los pagos que establecidos en los contratos, algunos por más de 12 años”, añadieron que no pudieron adquirir sus escrituras debido a que Argoz no legalizó la lotificación ante el Centro Nacional de Registros (CNR).
