El paquete de reformas a la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos busca garantizar la protección cibernética y virtual de la población salvadoreña, indicó la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad de la Asamblea Legislativa.
La apuesta es actualizar dicha normativa relacionada con la ciberseguridad y el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya que la redacción actual se ha ido desfasando.
En diferentes sesiones de trabajo, los diputados han escuchado las valoraciones de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos representantes han externado su apoyo al aportar elementos que se considerarían en la normativa.
Los puntos que la reforma incluirá se refieren a los delitos de seducción y hurto informático; también se reforzará la protección de datos confidenciales respaldados en sistemas o bases de datos.
El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, detalló ante los diputados que la ley actualmente representa desfases, ya que la tecnología ha cambiado y los aparatos se van perfeccionando.
“Nosotros les hemos hecho llegar algunas valoraciones que pueden incluir. En la práctica, nos enfrentamos a que la ley se quedó atrás conforme la tecnología va cambiando”, mencionó Delgado.
Una de las propuestas que se incluye es la protección y salvaguarda a las bases de datos de personas tanto de instituciones públicas como privadas.
Este elemento permitirá que quien vulnere los sistemas informáticos sea procesado con las definiciones que consigna la ley. Los legisladores mencionaron que recientemente las bases de datos de la PNC y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) fueron atacadas.
Otra reforma en análisis es la referida a los delitos de seducción de niños y adolescentes por medio de dispositivos electrónicos. El cambio incluirá a las personas con discapacidad para que estén protegidas.
El cuarto aspecto que se reformaría es el relacionado con la falsificación de firmas electrónicas y el hurto de datos.
Los legisladores acotaron que la ley no define con claridad ni valida las firmas electrónicas o los documentos digitales que estén sellados virtualmente.
El trabajo de la comisión de seguridad pública también incluirá analizar las reformas al Código Penal, para homologar los términos en la Ley Especial contra Delitos Informáticos.
