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viernes, 22 de octubre del 2021

Deuda pendiente: Ley de Desaparición Forzada por la Violencia

En enero pasado, la Asamblea tendría que haber aprobado la normativa, tal como lo ordenó la Sala de lo Constitucional, que obliga al Estado a dar asistencia y protección a las víctimas de desplazamiento forzado.

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Un año lleva la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, discutiendo tres propuestas para crear un proyecto de Ley de Desplazamiento Forzado por la Violencia. Hasta este día, poco o nada se ha hecho en el Congreso sobre este tema.

El presidente de la instancia parlamentaria, Mario Tenorio, del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), reconoce que no han cumplido con lo ordenado por el tribunal constitucional.

Cambio Democrático (CD), presentó una  iniciativa en un intento porque se aprobara lo más pronto posible la legislación.

El 13 de julio de 2018, la Sala emitió una sentencia favorable para 33 personas de una misma familia, quienes recibieron amenazas de miembros de la pandilla 18. Todos ellos huyeron de sus casas para no ser asesinados. Las ví­ctimas presentaron denuncias ante la Policí­a Nacional Civil (PNC) y la Fiscalí­a General de la República (FGR), pero no fueron atendidas por las instituciones, según Cristosal.


Tenorio, reconoce el atraso en el que han caído, pero lo justificó por otros temas que han tenido en agenda como es el de las reformas electorales para castigar la desaparición de las personas, así como tipificar como delito el tocamiento impúdico; ambas iniciativas ya aprobadas por el pleno.

Afirmó que la otra semana, entrarán de lleno a estudiar el desplazamiento forzado por la violencia y muy probablemente en enero del otro año ya tendrán el anteproyecto para que sea aprobado por el pleno.

Están trabajando sobre la base de tres propuestas; la presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, otra por CRISTOSAL y una tercera por el grupo gestor de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas  para los Refugiados (ACNUR).

El principal problema que han  encontrado es el que se trata al financiamiento, es decir, la atención que debe brindar el Estado a las familias que han tenido que abandonar sus hogares de residencia al ser amenazados por pandilleros e incluso por policías y soldados.

En su oportunidad, la Sala ordenó al entonces presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), incluir en el presupuesto General del Estado un monto económico para atención a las víctimas de desplazamiento forzado por pandillas y otros entes de violencia. Pero incluso, el presupuesto para 2020 lleva contemplada esa partida.


Diputado Tenorio, ¿cómo va la discusión del tema en la comisión?

Estoy claro que tenemos un retraso, casi cumplimos un año después del mandato de la Sala de lo Constitucional anterior; sin embargo, en la Comisión de Legislación comenzamos a ver el tema en mayo pasado. Desarrollamos un foro muy importante en donde se recabaron insumos de diferentes instituciones y por el momento, de las tres propuestas presentadas hicimos un cuadro comparativo y al final se está trabajando en eso. Hay un equipo técnico permanente en la comisión para poder sacar adelante el tema.

¿A qué se debe el atraso?

Pues nos retrasamos porque entró un tema muy importante que era el de la desaparición forzada de personas y lo del tocamiento impúdico. Esperamos retomar lo del desplazamiento forzado por la violencia el lunes de la otra semana.

¿Y el cumplimiento de la Sala, porque ya cayeron en incumplimiento?

Cierto, en enero debimos haber tenido listo el proyecto. La Sala nos ordenó crear una normativa; yo sé que lo incumplimos, no pedimos prórroga, pero ellos también entienden  que se está trabajando en el tema.

Y le adelanto, usted es el primero en conocerlo. Teníamos un proyecto de 60 artículos, ahora se ha bajado a 40.

¿Qué es lo más complicado del tema?

Definitivamente lo del financiamiento, ese es el tema espinoso, de ahí en todo estamos claro, pero eso del financiamiento es lo complicado y que le corresponde al Ejecutivo que no sabemos de dónde va a sacar el dinero. Recuerde que a las víctimas hay que darles protección y salvaguardarlos. Por lo que respecta a los otros elementos, están bien organizados en el proyecto.

Tenemos un representan de ACNUR que está permanente trabajando con nosotros y la otra semana le metemos de lleno, En lo que respecta a las sanciones esas ya están contempladas en el Código Penal. La ley se enfoca más en proteger a las familias que han tenido que dejar todo por las amenazas de las pandillas y las alternativas que el Estado le tiene que dar a las víctimas.

El objetivo es que estas personas al final vuelvan a sus lugares de residencia. Según el último informe que nosotros tenemos hay alrededor de 200 mil personas desplazadas desde el 2012 al 2017.

Por eso insisto, que de enero no pasa, y presentamos el proyecto al pleno para su respectiva aprobación.


Una realidad bien marcada


Entre 2016 y marzo de 2018, 12,221 menores de edad abandonaron la escuela por supuestas amenazas en contra sus familias.

ACNUR reveló que en el 2018, El Ministerio de Justicia y Seguridad, publicó un informe denominado “Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador”. El estudio proporciona información objetiva sobre las características e impactos del desplazamiento forzado causado por la violencia en El Salvador.  El informe constata que los hechos de violencia contra la población salvadoreña se ubican como la tercera causa de “movilidad interna” de la población en los últimos 10 años, después de  razones económicas y familiares.


En esta línea, ACNUR está trabajando con las instituciones estatales relevantes para brindar respuesta a las necesidades de protección de las familias salvadoreñas afectadas por la violencia en el país mediante una Hoja de Ruta de Coordinación Interinstitucional para la atención integral y protección de víctimas de movilidad interna por violencia. ACNUR continua brindando apoyo técnico a la Dirección de Atención a Víctimas del MJSP a través de las Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAVS).

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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