Noviembre 19 del 2015: aprueban la Ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno. La entonces presidenta de la Asamblea Legislativa y el de la República ‒Lorena Peña y Salvador Sánchez Cerén‒ fueron dirigentes de las extintas Fuerzas Populares de Liberación, cuyas consignas principales eran: “¡Revolución o muerte! ¡El pueblo armado vencerá!”.
En los considerandos de la Ley reconocieron que el conflicto bélico “produjo efectos sociales difíciles de superar” entre estas personas ‒hoy sobrepasan las 70,000‒ y “no se les brindó beneficios de forma equitativa”. Había que “proveerles de prestaciones sociales adecuadas” para “desenvolverse dignamente”.
Volvieron a la sociedad sin haber “finalizado completamente los diferentes programas de beneficios y prestaciones sociales” y eso repercutió negativamente en sus condiciones de vida. Finalmente, sostuvieron que se requería “un régimen jurídico para garantizar el cumplimiento de los beneficios y prestaciones sociales producto de los Acuerdos de Paz” ¿El propósito? Asegurarles “una vida digna”.
Dicen que les entregaron tierras y dinero al finalizar la guerra para confundir a la sociedad, en el mejor de los casos, o confrontarla contra quienes entregaron su juventud para superar exclusión, violencia y falta de espacios políticos. No es cierto.
En enero del 2000, el entonces coordinador general del FMLN ‒José Fabio Castillo‒ cuestionó la Ley de Amnistía, las irregularidades dentro de la Policía Nacional Civil y la participación de militares en seguridad pública, entre otros asuntos. Además, señaló que la reinserción de excombatientes “con opciones concretas a mediano y largo plazo”, era “uno de los aspectos más complejos en la ejecución de los Acuerdos de Paz”.
Habló de deficiencias en el diseño de los programas de asistencia técnica, el carácter emergente de los de asistencia a la microempresa excluyendo la proyección sostenible y eficiente de los mismos, la falta de continuidad de una política financiera que convirtió a la mayoría de beneficiarios en deudores en mora o en quiebra, la mínima cobertura del programa de vivienda, la obstaculización de programas de mediano y largo plazo por parte de los sucesivos gobiernos. Esos eran “factores que impidieron los resultados esperados”.
Castillo sostuvo entonces que la “viabilidad” de la reinserción “en los próximos cinco años”, requería impulsar “programas de mediano y largo plazo orientados a favorecer a este sector”. Pasaron cinco años y nada; lógico, con el presidente Francisco Flores: dinero que llegaba, dinero que se embolsaba; su sucesor, Antonio Saca, ni se diga.
En el 2009 apareció Mauricio Funes prometiendo “cambio” y “esperanza”. Ese “escurridizo” expresidente convocó a veteranos y excombatientes, creó una mesa para discutir sus beneficios e inició un censo. Pero hasta ahí.
Sánchez Cerén desmontó dicha mesa, pero durante su período se emitió la Ley de beneficios y prestaciones sociales para estas personas. Pese a ser un importante logro de su lucha, transcurrieron 17 meses y cumplir su contenido de fondo ha sido pura pantomima. Por eso, la Coordinadora nacional de veteranas y veteranos del histórico FMLN (CONAVERS) ‒apoyada por el “Bufete Cuéllar y Martínez, asociados”‒ presentó en marzo una demanda de Amparo para que se salde esta “deuda histórica”.
Si se uniese este sector con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y las personas pensionadas, se podrían lograr tantas cosas ante un Estado que ‒parecería‒ lo que más desea es que sean menos por su avanzada edad y sus enfermedades, en un país donde el pueblo armado no venció y la revolución… murió.
