Por Carlos Castillos.
Uruguay, un país sudamericano, tradicionalmente tranquilo, sin grandes convulsiones de ningún tipo, sufre por estos tiempos, una ola de violencia incontrolada. Hubo siete homicidios este fin de semana, solo en el área metropolitana, que conforman los departamentos de Montevideo (la capital) y los vecinos departamentos de Canelones y San José, básicamente.
Todos los homicidios con signos de ejecuciones que suelen atribuirse a bandas de narcotraficantes. El fenómeno genera desconcierto entre las autoridades y la oposición. Y no logran ponerse de acuerdo para la aplicación de alguna medida. Lo más concreto, hasta ahora, ha sido una iniciativa destinada a autorizar los allanamientos nocturnos de viviendas, por considerar que el negocio del narcotráfico aprovecha ese vacío legal, y la noche, para movilizarse y realizar sus operaciones ilegales.
El proyecto sobre allanamientos nocturnos va a ser sometido a un plebiscito con las elecciones nacionales del mes de octubre, pero no existe ninguna certeza de que vaya a ser aprobado por la población. El partido Cabildo Abierto (CA), que integra la gobernante Coalición Republicana (CR), reclama que se declare la emergencia nacional en materia de seguridad. Pero no ha detallado qué significaría eso y qué medidas concretas se deben tomar. También hay voces que hablan de autorizar a los militares a que actúen en estas cuestiones de seguridad interna, lo que modificaría sus cometidos iniciales que son la defensa de la soberanía y las fronteras del país.
Sobre los allanamientos nocturnos, la oposición política, representada en su mayoría por el progresista Frente Amplio (FA), argumenta que los policías son están suficientemente preparados para acciones de ese tipo que pondrían en riesgo su integridad. “Pero si la policía no cuida a la gente, quien la va a cuidar”, retrucó esta semana el ex senador Pedro Bordaberry, que acaba de reintegrarse a la política como candidato al Senado, después de unos años de alejamiento durante los cuales se dedicó a la actividad privada.
No existen datos concretos y confiables sobre la presencia de bandas internacionales de narcotraficantes que se hayan instalado en Uruguay. Pero se menciona la presencia de grupos del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil y del llamado Comando Vermelho (CV), también del gigante sudamericano.
El protagonismo mediático del uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la Justicia y buscado en varios países, habla de la existencia de un posible cártel uruguayo. Marset, señalado como un peligroso narcotraficante, estaría refugiado en Dubai, mientras su esposa, Gianina García Troche, está detenida en España desde mediados de julio. Bolivia y Paraguay reclaman la extradición de la mujer ya que tendría responsabilidades en esa reddel crimen organizado, que encabeza Marset.
Las alarmas están encendidas en Uruguay, pero hasta ahora, no aparece ninguna solución que permita detener e incluso eliminar el flagelo de la violencia.
