De acuerdo a la CEPAL, nuestro país ha logrado una reducción sostenida de la pobreza y la pobreza extrema de 37.7% y el 8.3% respectivamente (2015/2017), y calculando la reducción de la pobreza a la mitad hasta 2031, para finalmente suprimirla en 2035; sin embargo, hay que acotar que ésta subraya a pesar de los logros, la pobreza extrema no solo se mantuvo, pero además creció en proporciones similares a las del anterior ejercicio: 2012/2014, explicando así el aumento de los flujos migratorios hacia terceros países en el mismo período.
Hay que señalar que las políticas económicas implementadas si bien redundaron efectivamente en una mejor distribución de la riqueza, no resolvió las inequidades económicas históricas padecidas, pues no aborda las causales que son responsables de ellas, traducido en la explosiva situación migrante que deriva en las caravanas ilegales, que nos recuerda la época en la que ésta alcanzaba volúmenes de entre 700 y 900 personas partiendo diariamente hacia EU, durante la administración Flores, y que fuera estimulada por las mismas causales: exclusión, violencia y marginación.
Hay que añadir a ello otro elemento pocas veces reseñado y que es el que existió una “política silenciada” implementada en las administraciones de derecha, señalada por Ivo Príamo Alvarenga, y que consistía básicamente en promover e impulsar tales migraciones para por medio de las remesas apuntalar la pobre macro economía resultante de las reformas impulsadas desde el modelo neoliberal en tales administraciones, fracasado al grado de obligar a aquellas a “maquillar” mecánicamente los informes sobre ella, y que fueran subrayados por los organismos financistas internacionales que observaban el desempeño del país en materia económica.
Tampoco estos propusieron las debidas correctivas a la deriva económica emprendida desde el modelo, por el contrario, impulsaron otras más profundas que solo se tradujeron en mayor desigualdad económica, y más violencia por la inequidad resultante.
Todos conocemos los efectos; la violencia, pobreza, exclusión, migración, desarticulación de las familias, etcétera, que impone el urgente desmontaje de la superestructura que sustenta tales males, comenzando por reestructurar el modelo fiscal, pieza fundamental del engranaje de inequidad financiera que padecemos, sustituyéndolo por otro de carácter progresivo que garantice al estado colectar de cada ciudadano de acuerdo a sus haberes, sin menoscabo de su patrimonio y por supuesto acorde a lo que éste sustrajo del bien común para su beneficio.
Debe seguirle el desmontaje de todos los mamotretos que permiten a privados favorecerse gratuitamente del esfuerzo estatal financiero, a decir, las AFP´s, un cáncer que roe al estado por incumplimiento con el trabajador, o las subvenciones entregadas a transportistas, y a otros que, como estos, se benefician por las relaciones partidarias, enriqueciéndose mientras prestan un servicio de mala calidad al público (Tajal), o los arreglos con privados quienes aseguran así el expolio de bienes públicos por sus turbios tratos con el gobierno.
Es decir, la cosa se reduce a tener la voluntad, en palabras de Ellacuría, de resolver para todos, sin exclusión y, lo más importante, con la vista puesta en el futuro.
