El procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y al presidente de la República, Nayib Bukele, para que de inmediato se cancele el salario correspondiente al mes de septiembre a los empleados de la Asamblea Legislativa.
“Gire las instrucciones necesarias al titular de la cartera de Estado para que proceda conforme a derecho corresponde, haciendo las transferencias presupuestarias hacia el Órgano Legislativo, a efecto de no continuar afectando el derecho de los y las trabajadoras del citado órgano de Estado”, indicó el funcionario mediante un comunicado.
El procurador dijo que no es condicionante la aprobación de fondos para entregar el salario de los empleados públicos, por lo tanto, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado un proceso contra el Ministerio de Hacienda y los trabajadores ha recurrido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que se vele por sus derechos.
En esa ocasión, los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) interpusieron una demanda por pago tardío de salario a trabajadores de este Órgano de Estado.
El secretario general del Sitral, Luis Ortega, indicó que el Gobierno ha violado el derecho al salario de las personas que laboran en la Asamblea Legislativa, el cual está regulado por la Constitución de la República en su artículo 37.
“Venimos a la honorable Sala de lo Constitucional para que de forma inmediata se pronuncie por nuestro derecho como trabajadores, hay una afectación al artículo 37 de la Constitución. Los derechos a favor de los trabajadores son irrevocables y el ministro de Hacienda ha violentado los derechos porque nosotros ya estábamos incluidos en el presupuesto, están afectando a más de 2,000 trabajadores", dijo Ortega.
La sindicalista, Melisa González, explicó que trabajadores han caído en mora en sus préstamos y los bancos les están cobrando. Los trabajadores que no cuentan con vivienda propia y que pagan alquiler están sufriendo cobros de sus arrendatarios.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha asegurado que los ingresos propios del Estado han caído en más de $700 millones. Según el Ministerio de Hacienda esperaban un ingreso de impuestos y contribuciones por más de $3,900 millones de enero a agosto de 2020; pero recibieron solo $3,200 millones.
Asimismo, el gobierno asegura que tiene dificultades para trasladar el 10 % de los ingresos corrientes netos del Estado que según la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) debe inyectar a las 262 alcaldías del país a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal (Isdem).
El pasado 28 de septiembre, empleados del Órgano Judicial confirmaron que el Gobierno les pagó sus salarios, luego de que protestaran por la falta de pago.
Desde el pasado 24 de septiembre, personal que labora en órganos Legislativo y Judicial denunciaron la falta de pago de salario y pidieron al Gobierno no “jugar con el hambre del pueblo”.
Por lo general, los salarios de más de 10,500 empleados del Órgano Judicial son pagados entre el 20 y el 23 de cada mes.
Por su parte, el diputado de la fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, manifestó su preocupación, debido el impago de salarios es un hecho gravísimo que desmejoraría la imagen del país.
“El impago que hay de los salarios de un órgano de Estado, más la no comparecencia de un ministro para explicar el dinero que provenía de préstamo y de la cooperación internacional, es gravísimo en cualquier país del mundo”, sostuvo.
Una opción que dio el ministro de Hacienda fue pagos escalonados para los empleados administrativos y otros sectores, para que queden de último los diputados hasta que aprueben los fondos de los préstamos. Medida que ha sido rechazada en el Órgano Legislativo.
