Desde 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. En julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, el organismo reconoció que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
Dicho reconocimiento propugna que en todos los países, especialmente los considerados “en vías de desarrollo”, se intensifiquen los esfuerzos para proporcionar a toda la población un suministro de agua potable saneado, accesible y asequible.
La preocupación de la ONU no es de menos, ya que a nivel mundial más de 800 millones de personas carecen de acceso a agua potable y cada año fallecen aproximadamente 1.5 millones de niños y niñas menores de 5 años a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento.
Este déficit en el acceso al servicio tiene múltiples causas que van desde la insuficiente inversión pública, la limitada transferencia tecnológica, la corrupción pública y privada, y la injusta y desigual condición de acceso al recurso hídrico.
El panorama en los países en desarrollo es tan perturbador que parece casi natural la coexistencia de ciudadanos que tienen acceso al agua por cañerías con su respectivo saneamiento (pagando por ello tarifas con un importante componente de subsidio), y por otro lado una importante cantidad de personas, sobre todo sectores de escasos recursos que habitan en las periferias urbanas y en zonas rurales, que tienen un precario acceso a agua potable o no lo tienen. Estos últimos se ven obligados a comprar el agua a camiones cisternas a precios exorbitantes y en deficientes condiciones de salubridad.
Un ejemplo de lo anterior es lo que sucede en El Salvador. Aquí, la empresa pública de acueductos y alcantarillados cobra aproximadamente $8 dólares por el consumo de 30 metros cúbicos a los usuarios conectados a su servicio. Una situación mucho más difícil es la que sufren las familias que no tienen suministro de agua a través de la red pública, y que no tienen más salida que consumir el agua que venden camiones cisternas privados. En este caso, el agua es comprada por lo menos a $1 dólar el barril, y si el metro cúbico tiene 5 barriles, el precio del metro cubico sería $5 dólares, monto que es casi veinte veces más caro que los $0.27 centavos de dólar en promedio que paga por metro cúbico (5 barriles) la población al mes.
En El Salvador es relativamente baja la tarifa del servicio de agua que suministra la empresa pública y es carísima la que consumen los hogares pobres y los que no tienen conexión a la red pública. Esto plantea grandes retos para el cumplimiento del derecho humano al agua.
También es otro reto para el derecho humano al agua el que exista un eficiente sistema de atención de los reclamos de los usuarios del servicio de agua potable. En estas estadísticas resulta llamativo que El Salvador destaque como uno de los países donde más denuncias se producen por problemas con este servicio. Una de dos: o es que los consumidores salvadoreños somos muy activos en la denuncia o es que la empresa pública aún mantiene una prestación del servicio con muchas deficiencias.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Costa Rica), Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Panamá), Ente Regulador de Agua y Saneamiento (Argentina), Defensoría del Consumidor (El Salvador) y Superintendencia de Servicios Sanitarios (Chile).
*Los datos corresponden a los años de gestión que van de junio a mayo.
Teniendo en cuenta que la población de El Salvador ronda los 6 millones de habitantes, en Chile son 17.9 millones y en Argentina son 43.4 millones, se puede afirmar que El Salvador tiene la tasa per cápita más alta de denuncias por los servicios de agua potable en América Latina.
Así entonces, es bueno que conmemoremos el Día Mundial del Agua, pero sobre todo esta es una ocasión propicia para anunciar planes y estrategias concretas para atender los problemas de accesibilidad, disponibilidad y calidad en el servicio de agua potable que aún afecta a importantes segmentos de la población.
