Organizaciones sociales se concentraron, este jueves, en la plaza Salvador del Mundo, San Salvador, para denunciar las intenciones de la Asamblea Legislativa de aprobar la cuestionada Ley de Reconciliación Nacional sin que se escuche debidamente a las víctimas de la Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992).
Los manifestantes mostraron su descontento, porque a su juicio los foros a los cuales convocados por los diputados, solo podrían utilizarse para legitimar una nueva “propuesta” que no ha sido discutida ni consultada.
En un inicio esta oportunidad de exponer sus casos ante los diputados fue vista de manera positiva, porque consideraron que se escuchaba sus casos para poder formular un cuerpo de ley a la medida de su situación, luego que en 2016, el tribunal constitucional declaró violatoria de la Carta Magna la Ley General de Amnistía de 1993 y sentenció que los parlamentarios tenían que aprobar una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.
El 13 de julio del año pasado tenía que estar aprobada la normativa, pero los legisladores pidieron un plazo. La Sala les concedió 120 días, por lo que la fecha límite se estableció el 13 de noviembre, Tampoco cumplieron con el mandato y volvieron a caer en desacato. Los políticos solicitaron otra prórroga que vence el 28 de este mes.
Por lo tanto entre otras medidas, abrieron un espacio para escuchar a los afectados de la guerra, quienes han terminado sin un mal sabor de boca de este ejercicio porque considera que no se le ha dado el protagonismo que se le debe dar y solo se está buscando blindar a los victimarios.
Otro factor que les preocupa a este sector de la sociedad, es que está a pocos días de finalizar el plazo otorgado por la Sala, por lo que consideran que aprobarían un documento que no sea tomada en cuenta o se minimice todas sus peticiones.
Ante esto, exigieron a los diputados para que instalen a la brevedad una mesa técnica integrada por diputados y sus asesores, así como por víctimas y sus representantes de las organizaciones de derechos humanos y el equipo de demandantes, bajo la observación de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la validación y legitimación del proyecto de ley que será sometido a dictamen y votación.
Con esto consideran que sería en coherencia con sus palabras por los hechos del 9 de febrero, donde los parlamentarios exigieron respeto al orden constitucional, debido a que el presidente de la República, Nayib Bukele, militarizó el Congreso Salvadoreño.
“Desistan de promover disposiciones destinadas a lograr la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el contexto del conflicto armado, o que buscan afectar el acceso a la justicia de las víctimas mediante la limitación de la actividad de la Fiscalía General de la República; normativas que han sido una constante en todas sus propuestas de Iey de reconciliación elaboradas por ellos a lo largo del último año”, indicaron los manifestantes.
Por su parte, los parlamentarios de la Comisión Política recalcaron su disposición de trabajar en un cuerpo normativo de justicia para las víctimas.
(*) FOTOS: Juan Carlos Sánchez, de DPLF
