Organizaciones ambientalistas y sociales denunciaron las intenciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y el alcalde de Tacuba, Ahuachapán, Joel Ramírez Acosta, de insistir en criminalizar la lucha por la gestión comunitaria del agua e incriminando penalmente y sin fundamento a líderes de siete comunidades de dicho municipio.
Nuevamente las familias de las siete comunidades de Tacuba y organizaciones sociales se concentraron frente al Centro Judicial de la Ciudad de Ahuachapán, en defensa del Derecho al Agua y expresaron su indignación debido al actuar malicioso de la FGR al criminalizar la lucha por la gestión comunitaria del agua.
En la audiencia, uno de los líderes acusados tuvo que ser asistido para ingresar al juicio, debido a quebranto de salud que padece. Este fue obligado por la Fiscalía a hacerse presente a pesar de que solicitó permiso para no hacerlo, pero fue denegada.
“Esto demuestra lo viciado del sistema judicial, al cual denunciamos enérgicamente ante la comunidad nacional e internacional”, declaró David Elías Díaz Aguirre, líder y defensor del agua en la zona.
“Denunciamos a nivel nacional e internacional este sistema judicial que no sirve, es la Fiscalía que tratando de criminalizarnos solo por el simple hecho de defender el derecho humano al agua. Yo he sufrido un derrame cerebral a consecuencia de esta lucha, pero eso no me impide continuar luchando en esta causa. Ya estuvimos detenidos en las bartolinas por defender el derecho humano al agua pero eso no nos detiene, por lo tanto hago un llamado a los habitantes de Tacuba para defender el sistema de agua”, exhortó Aguirre.
“Reiteramos que la acusación fiscal no tiene sustento legal y ni está fundada en pruebas: se les acusa del “˜Hurto de fluidos”™, y los fiscales han pretendido ignorar que la Sala de lo Constitucional dictó una medida cautelar que permitió la administración comunitaria del sistema provisión de agua por 4 años, y precisamente durante ese periodo se cometió el supuesto hurto de agua. Consideramos que se está violentando el derecho a la libre organización y de gozar bienes colectivos”, señaló Karen Ramírez de la Asociación Salvadoreña de Humanitaria PRO VIDA.
Es sospechoso el actuar de la Fiscalía al proceder con prontitud contra los defensores de derechos humanos de las 7 comunidades de Tacuba y con un trato preferencial a favor del alcalde Joel Ramírez Acosta, pues hay denuncias en su contra sin que esta actúe, por lo que denunciaron que no existe un trato igualitario en la aplicación de la justicia.
Las familias y Centros Escolares de las siete comunidades enfrentan problemas de abastecimiento de agua debido a que el alcalde está empecinado en adueñarse del sistema de agua potable denominado “Bendición de Dios”. En una visita a las siete comunidades, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) determinó que se están dando violaciones de derechos humanos y a medida que el caso no se resuelve, la situación se va agudizando, destacaron las organizaciones sociales.
