Nuevamente surge la polémica a raíz de la decisión de los diputados de los partidos políticos de la derecha salvadoreña en el interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa sobre la institucionalidad rectora del agua, que se presume estaría predominantemente bajo la dirección de la empresa privada.
El fantasma de la privatización del agua aún persiste en las discusiones parlamentarias sobre las propuestas de legislaciones concernientes a la regulación del vital líquido en una entidad autónoma que estaría conformada en su mayoría por representantes de la empresa privada.
En esta ocasión, el Colectivo Socioambiental “Cuidemos la Casa de todos” presentó su postura crítica sobre la importancia de velar por los intereses de la población salvadoreña en el marco regulatorio del recurso hídrico, destacando que debe plasmarse en su espíritu el Derecho Humano al Agua, manifestó el sacerdote Lucio Reyes, representante de Tutela de Derechos Humanos.
El colectivo también denunció el atropello del que son objeto las organizaciones ambientalistas y sociales con respecto a la discusión de la propuesta de una Ley General de Aguas al interior de la comisión legislativa, haciendo alusión al incumplimiento de los diputados de los partidos de derecha por omitir en las discusiones la propuesta proveniente de la sociedad civil, señaló la activista Doris Evangelista.
El Salvador podría ser el único país en América Latina que otorgue la gestión y regulación del agua a una entidad autónoma de carácter privada, que pondría en riesgo el libre acceso a dicho recurso a la mayor parte de la población empobrecida.
