Los querellantes Alejandro Gómez y Ovidio González, abogado y director respectivamente de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal "Dra. María Julia Hernández", presentaron este 16 de octubre una petición a las autoridades judiciales salvadoreñas para que agilicen las investigaciones del caso del asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980.
La solicitud se presentó ante el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, tribunal donde se encuentra el proceso penal del asesinato del mártir y beato Romero.
En el escrito presentado se solicita la agilización de las investigaciones del caso, así como un pronunciamiento del Juzgado Cuarto de Instrucción sobre la respuesta que ha remitido la Fiscalía General de la República (FGR) en cuanto a la reapertura del proceso penal y la solicitud de Tutela Legal de constituirse abogados acusadores.
También, respecto a la investigación de otros presuntos imputados, "puesto consideramos que no es conveniente abrir nuevos procesos para la investigación de otros autores intelectuales y materiales, sino todo debe de diligenciarse en el proceso histórico que se ha reaperturado a partir del mes de mayo del corriente año, ya que implicaría depender de la voluntad política de la Fiscalía General de la República para impulsar o no la causa penal", manifestó Gómez.
El líder religioso fue asesinado por un escuadrón de la muerte el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en el Hospital de la Divina Providencia en la capital salvadoreña.
Después de 37 años de aquel fatídico hecho, la justicia de El Salvador está dispuesta a reabrir el caso. De igual forma, este y otros como la matanza de alrededor de mil campesinos en 1981, conocida como masacre de El Mozote, se han reabierto por la anulación de la Ley de Amnistía.
El proceso judicial contra los culpables se había paralizado desde el 31 de marzo de 1993 debido a dicha ley que se decretó ese mismo año, y que absolvía a los culpables de todos los hechos ocurridos durante el enfrentamiento armado salvadoreño.
El pasado 18 de mayo de 2017, Tutela Legal demandó a la Fiscalía de El Salvador actuar de "inmediato" para "esclarecer" la muerte de monseñor Romero, luego que el tribunal reabrió el proceso penal contra un capitán del Ejército.
